Pese a que corresponde una denuncia, según la Contraloría General. La Fiscalía General informó que revisa el caso de 46 funcionarios de la estatal petrolera. “No es una denuncia propiamente”, afirmó Ramiro Guerrero.
Suxo envió a la Fiscalía sólo una nota sobre ejecutivos de YPFB
Prensa Diputados. El fiscal general, Ramiro Guerrero, con la prensa, ayer.
Página Siete / La Paz
Mientras la Contraloría General del Estado considera que la omisión de información en las declaraciones juradas es un "delito” y que corresponde la "inmediata” denuncia, el Ministerio de Transparencia envió a la Fiscalía General sólo una nota, y no una denuncia, sobre los ejecutivos de YPFB que son investigados supuestamente por incurrir en esas irregularidades.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se revisa el caso de 46 personas de YPFB.
En febrero pasado, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, hizo referencia a un informe de cuatro personas. "No es una denuncia propiamente”, afirmó el fiscal Guerrero.
"Es una nota que se remitió al Ministerio Público. Usted (se dirige a la periodista de Página Siete) ha sido de las que más ha estado pidiendo los nombres (de ejecutivos de YPFB que son investigados), incluso un poco amedrentando a la gente de comunicación del ministerio”, respondió Suxo a este matutino al ser consultada si envió una carta o una denuncia sobre el caso.
Página Siete buscó permanentemente detalles sobre el informe que Transparencia presentó a la Fiscalía. Inicialmente, su dirección de comunicación dijo que se envió a la Fiscalía Departamental; sin embargo, Suxo afirmó que el informe fue enviado a la Fiscalía General y es la Fiscalía Especializada Anticorrupción la que procesa el tema.
Para la Contraloría General del Estado el tema de YPFB ya fue manejado por el Ministerio de Transparencia. "Ellos (Ministerio de Transparencia) van a hacer la denuncia, porque ya es un delito… Ya han presentado –que yo sepa– una denuncia, porque la omisión de declarar algo ya es un delito. Inmediatamente eso debe ir a la vía penal ante el Ministerio Público, puesto que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz determina como delito y, además, fija sanciones”, dijo el subcontralor general, Henry Ara Pérez.
La información sobre observaciones a las declaraciones juradas de altos ejecutivos de YPFB surgió luego de que Página Siete publicara que dos ejecutivos de la estatal petrolera eran investigados por enriquecimiento ilícito. Días después, Suxo sostuvo que los ingresos de cuatro ejecutivos de YPFB no coincidían con lo que percibían. "Hay un incremento que no es sostenible con sus ingresos”, explicó Suxo.
Guerrero dijo que podrían haber existido "errores” en las declaraciones juradas, por lo que tendrán un plazo de 30 días para presentar sus descargos”, dijo.
Suxo también comprometió el seguimiento al caso. "Seremos los primeros en fundamentar nuestra denuncia”.
La senadora de Convergencia Jeanine Áñez dijo que la omisión de los bienes en las declaraciones "es sin duda un delito”.
Ministerio no revelará nombres
El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción no dará la información sobre los ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) porque no quiere "dañar la imagen de dichas personas”.
"No podemos dar nombres cuando simplemente hemos pasado una información que la tiene que valorar el Ministerio Público. Si yo doy el nombre de a, b, o c, estoy de pronto dañando la imagen de una persona que muy bien puede hacer sus descargos”, sostuvo la titular de ese despacho, Nardi Suxo.
Esta posición fue criticada por la senadora de Convergencia Nacional Jeanine Áñez, quien dijo que se trata de un "encubrimiento”, y que no se revela la información simplemente porque son funcionarios afines al MAS y parte del Gobierno.
"Cuando se trata de personalidades contrarias al Gobierno, la ministra inmediatamente está en los medios de comunicación dando nombres y no dice que es información confidencial y le importa muy poco la imagen de las personas”, sostuvo la asambleísta.