El caso Rózsa y las elecciones de octubre

Maggy TalaveramaggEl caso Rózsa y las elecciones de octubre Maggy Talavera No sólo la suerte de 39 procesados en el caso Rózsa está en juego, desde que estalló en abril de 2009, sino también la del Gobierno central, que apostó a ese caso para desarticular, de manera definitiva, el bloque opositor que se había articulado desde el oriente y sur del país.Nada novedoso -dirán muchos- y es cierto, pero lo nuevo ahora es que nunca como en estos últimos meses ha sido tan evidente la preocupación del oficialismo por el caso, habida cuenta las revelaciones que vienen haciendo exfuncionarios sobre las manipulaciones orquestadas desde el Ejecutivo para darle manija al asunto.La revelación más reciente fue hecha a la red Erbol por Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, en la que ratifica que hubo mucha gente engañada por Carlos Núñez del Prado, Luis Clavijo y otras personas involucradas desde el oficialismo con el caso Rózsa.Entre esas personas cita a Raúl García Linera, hermano del Vicepresidente, del que ratifica que «ha sido y es una pieza clave en todas las cosas que han ocurrido en el Gobierno”.En su breve contacto con Erbol, a punto de entrar a audiencia, Boris Villegas dijo: «simplemente le dejo una interrogante ¿Con quién trabajaba el señor Raúl García?”. Eso, después de reconfirmar que «(el caso terrorismo) fue un trabajo realizado desde el Ministerio de Gobierno, conjuntamente con la Vicepresidencia del Estado”. Algo revelado hace dos años en los programas de investigación periodística que dirige Carlos Valverde Bravo, pero que –no hay duda- adquiere valor especial al ser admitido públicamente por sus operadores gubernamentales, como es el caso de Villegas.Villegas, que está preso, hizo la declaración el viernes y nombró en la misma a Carlos Subirana, nada menos que actual candidato a diputado por el MAS en Santa Cruz y, antes, abogado defensor de los denunciados de «terrorismo” por el Gobierno.No fue una declaración más, sino un mensaje directo a sus exjefes que aún están en ejercicio de sus cargos y, a su vez, en campaña por la reelección del presidente Morales y del vicepresidente García Linera. Imposible no vincular el anuncio de Villegas a la campaña electoral del MAS. ¿Suma o resta votos?, es la pregunta obligada.Eso se verá en octubre. Lo que parece evidente es que la advertencia de Villegas tuvo un impacto inmediato en el desarrollo del proceso que se ventila en Santa Cruz de la Sierra: de improviso, y sin una explicación oficial, seis  de los 39 procesados en el caso fueron devueltos al penal de San Pedro en La Paz, no obstante la decisión del Tribunal Séptimo de Sentencia de la capital paceña de haber dispuesto el traslado del juicio oral a Santa Cruz de la Sierra, en mayo de 2012.Hubo dos motivos para ello: el hecho que da pie al juicio fue denunciado en la capital cruceña, donde reside la mayoría de los 39 acusados. Los procesados deberán ser trasladados a Santa Cruz de la Sierra cada vez que haya audiencia, con todas las complicaciones que ello provoca.Seguramente la Fiscalía, que actúa como querellante, tratará de negar injerencia del Ejecutivo en la decisión y, sobre todo, un nexo entre la orden de traslado y lo dicho por Villegas un día antes del cambio de orden.Pero a estas alturas del proceso, y dadas las irregularidades vistas en el mismo, así como la actuación de jueces y fiscales, es difícil negar esa relación. Más aún si el propio Gobierno central ha hecho cuestión de aportar elementos para ello, al nombrar como candidato del MAS a Diputados por Santa Cruz a Subirana, que en 2009 asumió la defensa de quienes el Gobierno acusó de terroristas.Un dato que, sumado a otro, lleva a decir que Rózsa, aun  muerto, está en campaña. ¿Cuál es el otro dato? Que la oposición también tiene candidatos relacionados al caso, entre ellos la esposa y el abogado de uno de los acusados, Gary Prado Salmón, aunque en condición de desventaja, ya que no tiene los instrumentos de control y represión que sí tiene el oficialismo. La gran interrogante es, ¿a quién favorecerá el fallecido?Página Siete – La Paz