El interés nacional de Bolivia no parece estar bien representado por los operadores jurídicos que elige el gobierno de Evo Morales, a juzgar por los distintos fallos arbitrales que vienen exigiéndole al país el pago de importantes sumas de indemnización a empresas trasnacionales.El caso más reciente de esto es la nueva derrota sufrida por los funcionarios gubernamentales ante el tribunal de la Cámara Internacional de Comercio (CCI por su sigla en inglés) que acaba de reafirmar la obligatoriedad del pago de 22,5 millones de dólares a la Jindal, al desestimar una solicitud de anulación presentada por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), misma que fue descartada por su “extemporaneidad”.¿Esto quiere decir que una solicitud a tiempo podría haber prosperado y la ineficiencia con que el gobierno lleva adelante sus estrategias jurídicas le está costando a los contribuyentes bolivianos decenas de millones de dólares?Otro dato que apunta a la mala gestión jurídica es el hecho de que, de los tres síndicos de la CCI que fallaron contra el Estado boliviano estableciendo el pago a la Jindal, uno es el venezolano designado por el propio gobierno evista.Podríamos mencionar muchos otros casos donde la hostilidad gubernamental acabó corriendo a inversores extranjeros, los que luego abrieron procesos arbitrales que le cuestan ingentes cantidades de dinero al erario público.Hay incluso quienes dicen que todo es una jugosa operación previamente pactada con altos funcionarios. ¿Será [email protected]