Anuario 2014. Marcelo Sosa, el exfiscal boliviano del caso Rózsa-terrorismo se encuentra refugiado en Brasil. Su abogado defensor, Jaime Ponce de León, fue enviado a la cárcel por extorsión, en principio negó los cargos, luego se inculpó y salió libre. Ex jefe de seguridad también huyó a Brasil, por el mismo delito.
Marcelo Soza en Brasilia. /Foto: ANF
ANUERIO 2014, ANF.- Acorralado por un proceso de extorsión, incumplimiento de deberes y a punto de ser detenido, el ex fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza Álvarez, fue protagonista el 11 de marzo, de una inesperada fuga a Brasil. Desconcertante fue también su reaparición y posteriores revelaciones en sentido de que el caso que investigaba, durante tres años, era un montaje del mismo Gobierno para derrocar a la oposición política asentada en Santa Cruz.
Semanas después de su huida, la Fiscalía aceleró los procesos para declararlo rebelde, pedir a la Interpol su detención y luego gestionar ante Brasil la extradición; intenciones que resultaron tardías porque la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) de ese país le concedió -y amplió- refugio hasta el 2016.
Soza accedió a una entrevista en Brasilia, donde reconoció que la “Carta al Pueblo de Bolivia” firmada el día de su fuga, llevaba su puño y letra, por tanto, se ratificaba que durante la investigación corrieron sobornos, compra de testigos y presiones para incluir -sin pruebas- a líderes cruceños.
Esa carta motivó que la defensa de los acusados planteara un incidente pidiendo la nulidad del proceso, debido a que Soza admitió que el caso fue un montaje con pruebas inventadas. La comisión de fiscales dijo que la carta no tenía legalidad porque no fue validada por la Cancillería boliviana.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz declaró improcedente el recurso, con lo cual se reinició el juicio, pese a que en una grabación filmada en Brasil, Soza dijo: “Yo la reconozco la carta, yo la firmé y yo la presenté ante la Policía Federal, la leí ante los medios de comunicación y esa es la carta que yo he firmado de puño y letra y no puedo retroceder en eso”.
Incluso afirmó que los audios denunciados por la senadora opositora, Carmen Eva Gonzales, hablando de redes de extorsión a favor de altas esferas gubernamentales y de un supuesto montaje, fueron grabados por funcionarios del Ministerio de Gobierno para defenestrarlo públicamente.
Relató que huyó de Bolivia porque su vida y libertad estaban en peligro y porque “no existe garantía judicial” y mostró de prueba los procesos que, según él, fueron armados por la Fiscalía.
Villegas: Fue planificado sin pruebas.
Boris Villegas, director jurídico del Ministerio de Gobierno, cuando se produjo el caso terrorismo, aseguró que el mismo fue planificado por el “gabinete jurídico”, sin tener pruebas para descabezar al ex presidente del Comité Cívico Cruceño, Branko Marinkovic y otros líderes opositores al Gobierno.
Excustodio Laguna: Gobierno trajo a Rozsa
El ex policía de seguridad del ex fiscal Marcelo Soza, teniente José Juan Laguna Saavedra, reveló que el ex director Nacional de Inteligencia de la Policía y ex comandante general de la Policía, Jorge Renato Santiesteban Claure, trajo desde España al húngaro boliviano, Eduardo Rózsa Flores para activar el plan de descabezamiento a la oposición cruceña.
Madre de Michael Dwyer vino a Bolivia a pedir justicia
“Michael fue sumariamente ejecutado por una sola bala al corazón en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009”, dijo Caroline Dwyer que el 13 de septiembre de 2014 llegó a Bolivia a pedir justicia por su hijo.
“Mientras yacía muerto o moribundo, recibió cuatro tiros más en su espalda. Le encontraron en su cama. Sólo llevada nada más que su boxer color rojo”, manifestó Dwyer al pedir una investigación internacional independiente y transparente con respecto al asesinato de su hijo.