La Procuraduría General del Estado pidió la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas de los implicados en el caso de los implicados, en el caso de “irregularidades” en el diseño y construcción de las 18 piscinas de las plantas de litio en Uyuni, Potosí.

“Estamos haciendo las medidas con la Fiscalía, solicitando anotaciones preventivas, congelamiento de cuentas y todo lo que esté a nuestro alcance en Bolivia y fuera del país”, dijo el procurador general del Estado, Cesar Siles, a los periodistas en Cochabamba.

Siles explicó que el fin de esa medida es recuperar para el Estado los más de Bs 425 millones de daño que investiga el Ministerio Público.

Son 11 los implicados en ese caso, todos con mandamiento de aprehensión. Hasta el momento, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Se trata del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliaria y que pagó una fianza de Bs 30.000, Paul Q. B., exgerente de Recursos Evaporíticos, y Cristian A. A., exencargado de Fiscalización. Los tres se beneficiaron con detención domiciliaria. En el caso del exingeniero de obras Jorge F. M., fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

YLB

El Ministerio Público abrió el caso por una denuncia de Yacimientos de Litio bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno. Las “irregularidades” que se investigan fueron, según dijo la presidenta de YLB, Karla Calderón, cometidas entre 2013 y 2017, en la gestión del expresidente Evo Morales.

El miércoles, el exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro, uno de los investigados en ese caso falleció por un infarto agudo, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), develado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Aún se espera los resultados del examen toxicológico para confirmar o descartar la presencia de sustancias “extrañas” en el cuerpo de la exautoridad de YLB.

Además de eso, está pendiente el informe del estudio grafológico de la carta póstuma de Montenegro, aunque su abogada, Audalia Zurita, indicó a La Razón Radio que el contenido de esa misiva coincide con lo que conversaron, según ella, un día antes del deceso. “Se encontraba desalentado”, relató.

El texto es “auténtico” y el mismo Montenegro me lo mandó, develó la jurista.

El caso de las 18 piscinas de las plantas de litio derivó en una serie de críticas y cuestionamiento entre los actores políticos. Por un lado, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el bloque de oposición afirmaron que el caso solo busca “tapar el fracaso” del presidente Luis Arce en su política de industrialización del litio.

Entretanto, el arcismo anunció que el caso busca establecer “responsabilidades” en el mal diseño e implementación de la obra.