Oscar Ortiz Antelo*
El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. La famosa frase de Lord Acton se ratifica una y otra vez en la historia. Mientras más se concentra el poder político, más corrupción hay. Mientras más arbitrariamente se ejerce el poder, menos institucionalidad existe y más se descontrola la corrupción. Es lo que ha sucedido con el Fondo Indígena (FI), uno de los casos más grandes y escandalosos conocidos por la opinión pública en la historia reciente de Bolivia.Más de Bs 3.000 millones de recursos del IDH transferidos a esta entidad. Decenas de millones transferidos a cuentas personales. Cientos de proyectos sobre los cuales no existe constancia de inversión de los recursos. Numerosas denuncias sobre las peores prácticas de la corrupción nacional. La frase más expresiva de esta realidad la dijo una dirigente campesina: “Ni media cuadra caminábamos y ya nos pedían la plata”. Todo el sistema falló. El contralor declaró en el Senado que no pudo practicar verdaderas auditorías porque no existían los papeles de respaldo de los proyectos. La ministra Achacollo, presidenta del directorio, afirmó que no podía hacer nada en este frente a nueve organizaciones que consideraban que podían manejar el fondo como propio. El ministro de Economía no se pronuncia, aunque todo indica que el FI funcionó nueve años sin presentar los estados financieros auditados, sin que le congele las cuentas.El oficialismo está tratando de controlar el daño con un informe de la Contraloría que solo alcanza a una parte mínima de los proyectos y de los recursos desembolsados. Se pretende echar toda la culpa a tres ex directores ejecutivos. Como esto no fue suficiente, se culpa también a las organizaciones campesinas e indígenas que forman parte del directorio, aunque sin individualizar las responsabilidades. La prioridad del Gobierno es evitar que la investigación alcance al nivel del directorio, máxima instancia decisoria del fondo, en el que además de importantes dirigentes oficialistas participan cuatro ministros. Quedaría en evidencia que, en realidad, hubo una política de gobierno que ha eliminado los controles para comprar lealtades de dirigentes y financiar actividades político-partidarias. A partir de ahí la corrupción es inevitable.*SenadorEl Deber – Santa Cruz