Juez dispone detención preventiva para tres implicados en el caso del Fondo Indígena
El juez ordinario mixto cautelar de Challapata, Waldo Mollo, dispuso la detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro de los imputados en el caso Fondo Indígena Timoteo Choque Choqueticlla, Benjamina Callizaya y Javier Cepeda.
Las tres personas están implicadas por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en desmedro del Estado y de 44 familias del ayllu Cawalli, en relación a un proyecto de microrriego no ejecutado.
En la audiencia, que duró cerca de tres horas el viernes, los abogados defensores no pudieron rebatir el fundamento planteado por la Fiscalía en su imputación, ni fueron convincentes al plantear el argumento de que los tres acusados no tienen antecedentes penales y que por lo tanto no serían un peligro ni obstaculizarían las investigaciones.
El juez Mollo tomó en cuenta los peligros procesales que fundamentó la Fiscalía, toda vez que los imputados no presentaron ninguna documentación que acredite domicilio y fuente laboral, además de que no actuaron en contra de la empresa por la mala ejecución del proyecto Micro Riego Río Verde, en el ayllu Cawalli de Marka Challapata.
Dijo que pese a las irregularidades verificadas en el proyecto, se efectuaron los dos desembolsos, con un total de Bs 556.635, que se constituyen en un daño económico al Estado y a las 44 familias del ayllu beneficiarias con el proyecto. Asimismo, no se presentaron descargos sobre los recursos desembolsados.
““No cumple con las especificaciones del proyecto inicial en ese sentido se ha visto que han incumplido el convenio en todas sus cláusulas porque no han presentado ni si siquiera descargos”, explicó al respecto patricia Soto abogado del Fondioc en Oruro
“El proyecto no fue concluido, ni se tomó acciones contra la Empresa (Constructora y Consultora Unipersonal NIYPA) que ejecutó la obra; por tanto, por los fundamentos expuestos se dispone la detención preventiva de los tres imputados en el penal de San Pedro de Oruro, resolución impugnable en las próximas 48 horas”, dice el fallo del juez.
El representante legal del proyecto, Timoteo Choque Choqueticlla; el representante administrativo, Benjamina Callisaya, y el representante de ejecución, Javier Cepeda, aprehendidos el jueves en Challapata, son acusados de haber causado un daño económico de Bs 556.635. El contrato de ejecución del proyecto fue firmado en 2012.
Oruro: tres detenidos por un proyecto del Fondo Indígena
POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES
Oficinas del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario Campesinos (Fondioc). | Foto archivo – AgenciaLA PAZ | ANF.- El Juez Mixto Cautelar de Oruro dictó la detención preventiva en la cárcel de esa ciudad de Timoteo Choque, Benjamín Calisaya y Javier Cepeda acusados por incumplimiento de convenio en la ejecución de un proyecto del Fondo Indígena.Anoche, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en la que el juez Waldo Mollo dictó la detención preventiva para Choque y Calisaya que eran los representantes legal y administrativo, del proyecto y Cepeda responsable de la comisión de ejecución. Hoy serán remitidos a la cárcel de San Pedro de Oruro.El Fondo Indígena desembolsó 555.635 bolivianos, en la gestión 2013, para la construcción de «un sistema de microriego» en río verde del ayllu Kawalli Marka en el municipio de Challapata en el departamento orureño. Sin embargo, este proyecto pese a que se entregaron los recursos económicos estaría «inconcluso».Desde que se destapó las irregularidades en el Fondo Indígena ocho personas ya fueron detenidas entre ellas dos directores ejecutivos.En el mes de febrero la Contraloría reveló el informe en el que identifica responsabilidades contra los directores ejecutivos y los representantes legales, administrativos y responsables de la ejecución del proyecto -muchos de ellos dirigentes y exdirigentes de organizaciones sociales- por el irregular manejo y administración de los proyectos y los recursos económicos.El Contralor Gabriel Herbas identificó un presunto daño económico al Estado de al menos 71 millones de bolivianos porque los proyectos pese a los desembolsos no cuentan con los descargos y muchos de esos planes no se ejecutaron o no se concluyeron.