Activistas por el No a la modificación de la Constitución exigieron conocer el estado de situación del padrón, las razones por las cuales no fue sometido a una auditoría, así como las acciones realizadas para prevenir la vulnerabilidad que alertó la OEA.
La Paz, 28 de enero (ANF).- A sólo 24 días del Referéndum para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la reelección del Presidente y Vicepresidente, el  colectivo ciudadano No es N.O se hizo presente en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para demandar información sobre la ejecución de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La comitiva que llegó hasta las instalaciones del organismo electoral estuvo conformada por el exvocal de la antigua Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte; la luchadora social, Loyola Guzmán; el escritor Jorge Quiroga, también sobrino del extinto luchador por la democracia, Marcelo Quiroga Santa Cruz; el investigador Ricardo Calla; la exdiputada Marcela Revollo, además de intelectuales y activistas de diversos sectores de la sociedad.
Lazarte lamentó que a pesar de que transcurrió más de un año desde la emisión del informe final de la OEA en el marco de la cooperación técnica al país, el TSE Â no ha dicho nada sobre el documento y ha preferido mantenerse en silencio. El informe confidencial del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DEACO) de la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) al que accedió ANF, fue divulgado por este medio el 27 de agosto del año pasado.
El electoralista dijo que ante la falta de respuesta del TSE al colectivo No es N.O a la conferencia que fue ofrecida hace un par de semanas en la que se dio a conocer una serie de cuestionamientos, se decidió presentar una carta demandando información completa, veraz y oportuna.
Amparándonos en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Régimen Electoral, estamos solicitando que el Tribunal responda públicamente de por qué hasta este momento ha mantenido en reserva un documento que le interesa a todos los bolivianos y que tiene que ver con la credibilidad y seguridad del padrón, mencionó.
El pedido se basó en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado que reconoce el derecho a la petición y del artículo 26. II, 5 que confiere el derecho político a la fiscalización de los actos de la función pública.
Lazarte insistió en que el documento busca saber con precisión qué providencias asumió el organismo electoral ante la vulnerabilidad extrema que advierte la OEA y que puede tener consecuencias devastadoras.
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Fuente: noticiasfides.com