El centro móvil de monitoreo genera cambio en las pesquisas y posible compra de vehículo inteligente. Ricardo Montero
La comisión de fiscales anticorrupción analizó amplia documentación. Hoy se emiten nuevas citaciones y habrá acciones drásticas por el centro móvilGUIDER ARANCIBIA GUILLEN / EL DEBERLa Fiscalía anticorrupción amplió las investigaciones contra varias personas consideradas clave relacionadas con la compra del polémico centro de monitoreo móvil que le costó $us 530.000 a la Alcaldía.Hoy se emitirán citaciones directas a involucrados, entre funcionarios de la Alcaldía y responsables de la empresa Army Security, que de forma directa fue favorecida con un contrato para la adquisición del centro de monitoreo que ahora permanece precintado en la vieja terminal de buses después que la Policía se negara a recibirlo por detectar más de 20 fallas graves en el equipo.Los fiscales Cándido Blanco y Oswaldo Tejerina hasta ayer definieron nueva estrategia orientada a establecer responsabilidades sobre las personas que figuran en los registros y contratos avalando la compra del equipo móvil que desde hace más de un año está parado tras las observaciones de la Policía.El jueves, el gerente de Army Security, Carlos Padilla, declaró en la Fiscalía. Al menos unas ocho personas más, cuyos nombres figuran sellando el contrato para la compra del centro móvil, ya son investigadas. Uno de los que firma el contrato es el alcalde Percy Fernández.La Fiscalía dejó abierta la posibilidad de su citación formal.Salen cartas de CanudasEl entonces titular de la Secretaría Municipal de Defensa Ciudadana de la Alcaldía, José Canudas, en cartas oficiales del 25 y 31 de agosto de 2015 hace conocer al ministro de Gobierno, Carlos Romero; al alcalde Percy Fernández; al actual secretario municipal de Defensa Ciudadana, José Negrete, y al comandante de la Policía, Sabino Guzmán, sobre la demora y negligencia en la entrega de la unidad móvil de vigilancia y su respectivo dron, al Comando de la Policía para que cumpla tareas de seguridad.José Canudas, al igual que el alcalde Percy Fernández, figura en el contrato de compra directa del centro móvil.La investigación de la Fiscalía anticorrupción se abrió después que la Policía presentara una denuncia sustentada en un informe de peritos de telemática, que en sus conclusiones establecieron que el equipo no reúne las especificaciones técnicas para las operaciones policiales