Estoy convencido de que los que mandan dentro del partido de gobierno nos creen estúpidos. Nos tratan en consecuencia, sea a la hora de responder a las sólidas acusaciones que realiza Carlos Mesa en el caso Quiborax, o ya sea en el caso de explicar cómo el Presidente Morales viaja a la inauguración del Mundial, con derroche evidente de fondos públicos. En cualquier intervención, comunicado, entrevista, rueda de prensa, etcétera, que cometen los dirigentes oficialistas, dejan la impresión que están tratando con un público aletargado, ignorante, desinformado y propenso a tragarse cualquier embuste, no importa el tamaño ni profundidad del despropósito.Dentro de esta práctica indolente, en los últimos días, el que se lleva la flor es, sin duda, el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, quien trata de convencernos de que Carlos Mesa es el responsable de 10 años de una pésima defensa de los intereses del Estado y que nos llevó a pagar, por concepto de indemnización y perjuicios, decenas de millones de dólares a una empresa que no había invertido ni medio millón en el país.Una empresa que falsificó documentos para presentarse ante el CIADI como extranjera y que robó descaradamente, con complicidad de una funcionaría de la Procuraduría, documentación confidencial que le sirvió para sus fines abyectos. Hasta donde se sabe, lo único que hizo Carlos Mesa fue nacionalizar la costra salina del Salar de Uyuni y aplicar la ley para expulsar a esa empresa pirata; mientras que el Gobierno, desde 2006 a la fecha, se negó a pagar, primero tres millones de compensación (que ya era un abuso, pero, en fin …), luego 27 millones, para, finalmente, erogar, sin que se les mueva un pelo, fotografías sonrientes de por medio, más de 42 millones de dólares en beneficio de los falsificadores confesos.Me parece que el MAS actúa así porque durante mucho tiempo, la mayoría ciudadana “hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria y hemos guardado un silencio muy parecido a la estupidez”. No digo como individualidades, porque hay mucha gente que resistió valientemente el autoritarismo presente, desde sus inicios, inclusive cuándo algunos creían y seguían embelesados por los cantos de sirena del denominado “proceso de cambio“. Pero como sociedad democrática, como ciudadanía defensora de las libertades, sin duda que toleramos demasiado.Aquello se acabó el 21 de febrero de 2016. Esa luminosa jornada cívica, el país recuperó su ajayu, recuperó su dignidad y le dijo rotundamente NO a los afanes reeleccionistas del binomio en el poder. El MAS, entonces, como ahora, intentó la estafa y mediante un expediente burdo, y grosero, obligó a unos “tribunos” salientes, ilegítimos de origen como los actuales y completamente desprestigiados por su genuflexión ante el poder político, que emitieran una “habilitación“ a la repostulación de Evo Morales, basados en un galimatías que no era otra cosa que la expresión de su propósito de “sembrar nabos en nuestras espaldas”.Fue sin duda el colmo. El fallo del TCP, del 27 de noviembre de 2017, encendió la mecha y representó un antes, y un después en la vigencia de la institucionalidad democrática en Bolivia. La democracia quedó suspendida desde entonces y la lucha ciudadana en defensa de la soberanía popular, expresada el 21 de febrero, se activó y el grito de Bolivia dijo No, empezó a retumbar a lo largo y ancho del país.En estos días el Gobierno está afanado intentando destruir la imagen de Carlos Mesa. Pretenden, en su ingenua levedad, “matar dos pájaros de un tiro”: por un lado, generar un ambiente de polarización electoral que nos haga olvidar la defensa del 21F y, por otro, demoler las supuestas aspiraciones políticas del expresidente.No se dan cuenta de que Bolivia ha cambiado, que no somos los mismos de antes de febrero de 2016. No comprenden –porque “los dioses ciegan a quienes quieren perder”– que les ha llegado la hora de partir. No entienden que hagan lo que hagan, Evo Morales no será candidato el 2019.Ricardo Paz Ballivián es sociólogo.Fuente: paginasiete.bo