A poco de conocerse si la Fiscalía General del Estado acusa o no a Carlos Mesa por el caso Quiborax, el expresidente enumeró seis “graves hechos” con los que nuevamente apunta al Gobierno como responsable del pago de $us 42,6 millones y la pérdida del arbitraje con un fin político para, aseguró, afectarlo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó el fin de semana que este lunes se cumplirá el plazo de 30 días que tiene el fiscal Ramiro Guerrero para pronunciarse por el pedido del procurador Pablo Menacho de procesar a Mesa por la irregular reversión de las concesiones a la transnacional chilena en 2004.
A juicio del exmandatario, “el gobierno de (Evo) Morales hizo todo lo posible para perder el arbitraje y cumplir así su objetivo político: mi procesamiento judicial en un claro camino en el que está hace ya tiempo; la criminalización de la política”.
El expresidente se cuestiona cómo el Decreto Supremo de diciembre de 2005 del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, “que ratifica la expulsión de Quiborax avalando plenamente la Resolución de la Superintendencia de Minas dictada en mi gobierno, no es sujeto de un proceso por daño económico al Estado”
“Parecía imposible sumar tantas cosas mal hechas durante diez años de defensa de los intereses de Bolivia, y –como si fuera hecho con intención- los ministros encargados y los procuradores del gobierno del Presidente Morales lo lograron”, aseguró y enumeró seis aspectos.
Entre las “cosas mal hechas” relevantes están el acuerdo de conciliación con NMM-Quiborax por $us 3 millones que fue rechazado, según escribió Mesa en su página en internet.
Asimismo, hace hincapié en que el Gobierno no apeló a las cláusulas específicas del Protocolo del Acuerdo Bilateral con Chile de Protección de Inversiones, para anular el litigio debido a la falsificación de un acta de composición accionaria de Quiborax.
“Esa sola argumentación hubiese obligado al Tribunal a desestimar la Demanda por la evidencia de que NMM no tenía una composición accionaria mayoritariamente chilena. Bolivia no lo hizo”, insistió.
También apunta en la redacción: “desde oficinas de la Procuraduría en complicidad con los abogados de Quiborax, (de) desistimientos del juicio penal por falsificación que comprometían a Allan Fosk (dueño de Quiborax) y el fallo judicial de sobreseimiento, violando la independencia de poderes y haciéndolo con extranjeros acusados en el proceso».
“Un aspecto que fue central en la argumentación de Quiborax. Este es el más grave de todos los delitos en los que incurrió la Procuraduría en este caso”, denunció.
Sobre la base de esos argumentos, llegó a la conclusión de que para el procurador Menacho “todos estos graves hechos parecen ser sólo detalles, finalmente de lo que se trataba como él mismo ha dicho: ‘El responsable de la controversia es Carlos Mesa y se lo iba a procesar de todas Formas’” (Sic).
Mesa ha presentado seis memoriales para que Guerrero rechace la proposición acusatoria de la Procuraduría que se sustenta en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica. El exmandatario inclusive argumentó la prescripción del caso.