Los parlamentarios que investigaron las derivaciones del caso Lava Jato en Bolivia quieren hacer creer que todos son culpables menos los funcionarios plurinacionales que han ejercido en distintos cargos desde enero de 2006. Desde el Gobierno de Sánchez de Lozada hasta la breve administración de Rodríguez Veltzé, todos están implicados en sobornos, menos los sacrosantos miembros del “proceso de cambio”. Para entender estas extrañas conclusiones debemos tener en cuenta algunas premisas. Supuestamente los sobornos y los contratos se sellaron antes de la llegada del MAS al poder. Las obras se ejecutaron posteriormente, es decir, a partir de la asunción del presidente Morales y supuestamente nadie más recibió sobornos y las empresas más corruptas del mundo, siguieron trabajando, y construyendo carreteras sin pagar ni un solo peso, sin recibir ninguna ventaja y sin que los funcionarios (de uno de los gobiernos más cuestionados por corrupción de los últimos tiempos), haya solicitado ningún tipo de “colaboración” adicional. Es más, estos servidores públicos se quedaron callados durante todo este tiempo y a ninguno le dio envidia cómo sus colegas del pasado cobraron su tajada y ellos nada.
Fuente: eldia.com.bo