José Ernesto Serrate, presidente cívico del Bloque Chiquitano, manifestó que desde hace cuatro años viene denunciando ante las autoridades del Gobierno y de la Gobernación cruceña los avasallamientos en tierras comunitarias de la Chiquitania y que nadie los escucha.

Considera que ahora la región está pagando las consecuencias de la pasividad de las autoridades con los incendios forestales.

A decir de Serrate, los asentamientos autorizados por el Gobierno y la ley que permite expandir la frontera agrícola, con el afán de aumentar la producción, son los responsables de las quemas incontroladas que se vienen registrando en la Chiquitania.

“Lamentablemente no nos escucharon. (Hablamos con) los ganaderos, los empresarios privados, la Gobernación y la CAO; y nadie nos escuchó. La razón ellos la saben, pero no defendieron a la Chiquitania y el resultado lo vemos con estos incendios”, denunció Serrate, en contacto telefónico con EL DEBER.

El líder cívico chiquitano apuntó contra la gente que se asentó con la venia del Gobierno en Santa Cruz y contra los avasalladores, a quienes considera responsables de las quemas que se registran en la Chiquitania.

Señaló que más de 2.000 comunidades se han asentado en los últimos 10 años en la región chiquitana.

Por otra parte, pidió a los empresarios, a los productores y al Gobierno poner en una balanza y sacar conclusiones sobre si vale más la destrucción de los bosques o aumentar un kilo más de granos o una cabeza de ganado más.

“Habrá que ponerlo en una balanza, si es preferible que perdamos nuestros bosques o una vaca o un quintal de granos. Tenemos ganado para exportar, tenemos granos para exportar y queremos más todavía tumbando bosques en la Chiquitania, que nos sirve más a nosotros”, reflexionó el cívico chiquitano.

Para concluir pidió al Gobierno que haga una auditoría de toda la tierra que fue entregada a comunarios, ya que sabe que muchas de las tierras dotadas ya no están en manos de las personas que las recibieron. “Sabemos que estas tierras ya fueron revendidas, siendo que las tierras comunitarias no se pueden vender, pedimos una auditoría”, concluyó.

EL DEBER / Miguel Roca

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