La COB, prefectos opositores, choferes y discapacitados acorralan al Gobierno
Protesta: un grupo de discapacitados durante su vigilia en las instalaciones de YPFB, ayer en Santa Cruz
La Prensa
A ocho días del referéndum revocatorio, proceso que se desarrolla en medio de la incertidumbre jurídica por las modificaciones hechas por la Corte Nacional Electoral (CNE) a los porcentajes de los resultados, al menos cuatro conflictos sociales y políticos acorralan al Gobierno del presidente Evo Morales.
En cinco regiones se iniciará entre hoy y mañana una huelga de hambre y movilizaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El Comité Cívico pro Santa Cruz comenzará la medida de presión esta noche a partir de las 20.00 en su sede, mientras que los cívicos de Tarija, Beni, Pando y Sucre se sumarán con piquetes desde mañana.
A pesar de que se inició un diálogo entre el Poder Legislativo y la Central Obrera Regional (COB) sobre el proyecto de Ley de Pensiones, los sindicalistas se mantienen en emergencia y sus bloqueos inmovilizan a la capital de la República; los dirigentes anunciaron que si no llegan a obtener los resultados esperados, iniciarán nuevamente marchas y bloqueo de caminos. Los choferes del país están también en apronte porque piden al Ejecutivo que apruebe el estudio tarifario de la Superintendencia de Transportes, que reconoce un incremento en el costo de los pasajes. La dirigencia nacional amenazó con iniciar un paro de 48 horas el jueves 7 de agosto
Tampoco halla solución la protesta de los discapacitados que exigen un bono anual de 3.000 bolivianos y otros beneficios. Pese a que el vicepresidente Álvaro García Linera convocó el viernes a sesión extraordinaria de Congreso para tratar el tema, el sector sigue en emergencia.
El vicepresidente de los cívicos cruceños, Roberto Gutiérrez, en contacto con La Prensa informó que su primer piquete de huelga de hambre se iniciará con 50 personas de diferentes instituciones que son parte de la entidad, a la cabeza del presidente cívico Branko Marinkovic. Indicó que le piden al Gobierno «la devolución de 83 millones de bolivianos recortados del IDH».
En tanto, Reynaldo Bayard, principal representante cívico de Tarija, aseveró que en su región el ayuno se iniciará a las 10 de la mañana del lunes, tal como lo hará el Comité Interinstitucional de Sucre, cuyo presidente, Jaime Barrón, comunicó que con la medida «no sólo piden la devolución del IDH, que es de más 90 millones de bolivianos, sino el retorno de los poderes Legislativo y Ejecutivo a la capital».
Ante este panorama, por lo menos tres prefecturas anunciaron que aún analizan si emitirán o no el auto de buen gobierno que la ley norma para las 48 horas previas a cualquier proceso electoral. La Prefectura de Cochabamba, que rechaza abiertamente la consulta, informó que no emitirá la resolución. El portavoz de Manfred Reyes Villa, Érick Fajardo, anticipó que no tomarán «ninguna decisión administrativa que acompañe la vulneración de la Constitución Política del Estado», lo que según ellos viene a ser el referéndum.
El secretario general de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, afirmó que «si la coyuntura social, en la semana que se inicia mañana, allana el camino al revocatorio, se dictará el auto de buen gobierno, como manda la ley». Similar predisposición adelantó el director de Autonomías y Descentralización de Santa Cruz, Carlos Dabdoub. «Si eso es lo que dice la norma —señaló— así será, vamos a respetar todas las reglas para evitar que el Gobierno nos achaque la derrota que seguramente tendrá en Santa Cruz». Wilson Bersati, vocero prefectural de Beni, indicó que analizarán el tema recién la próxima semana.
La coyuntura previa a la consulta popular se complica aún más porque el Congreso, el Vicepresidente y los prefectos no aceptan la reciente determinación de la CNE en cuanto a la interpretación de los porcentajes para revocar o ratificar a las autoridades.
El jueves, después de la reunión de las cortes departamentales de La Paz, Beni, Pando, Tarija Chuquisaca y Cochabamba, todas emitieron una declaración que establece el porcentaje de 50 por ciento más uno como mínimo para la revocación del mandato prefectural, mientras que en el caso del Presidente y Vicepresidente se mantiene en 53,7 por ciento.
El presidente de la Corte, José Luis Exeni, dijo que esta resolución adoptada por la sala plena fue hecha «en apego a la competencia que tiene la entidad, por lo que es de cumplimiento obligatorio para las cortes departamentales electorales». Según afirmó, la decisión da certidumbre a la ciudadanía que emitirá su voto.
Podemos anunció que en la sesión del Congreso del lunes planteará el inicio de un juicio de responsabilidades contra los representantes de la Corte por usurpar funciones. El senador Luis Vásquez Villamor anticipó que aunque cree que la disposición de la CNE no tendrá acogida, igual emprenderán las medidas por la gravedad del caso.
Para el analista Carlos Cordero, con este panorama la incertidumbre se ahonda aún más con respecto a la semana pasada, porque hay el riesgo de que después del domingo se tengan varias interpretaciones de los resultados.
«Por un lado —dijo— unos se basarán en lo que dice la ley 3.850 de convocatoria al proceso, y otros seguramente querrán hacer prevalecer lo que estipula la resolución de la Corte. Va a haber una gran controversia e incertidumbre».
Analista y político prevén más problemas
El director de Autonomías y Descentralización de la Prefectura cruceña, Carlos Dabdoub, y el analista político Carlos Cordero, coinciden en que el referéndum revocatorio no cambiará la situación en el país y que más bien generará una gran controversia.
«Será una situación conflictiva —adelanta Cordero— porque la resistencia del Congreso y de las autoridades gubernamentales de reconocer la resolución de la Corte Nacional Electoral (CNE), genera mayor incertidumbre sobre la interpretación de los resultados».
El especialista agregó que «el Gobierno va a tener una versión y los medios de comunicación se van a aventurar con otras interpretaciones, al igual que los analistas y políticos».
De acuerdo al criterio técnico electoral de aplicación, que emitió la entidad que administra la consulta popular, los ocho prefectos que se someterán al revocatorio perderán el mando con el 50 por ciento más uno de votos.
Para Dabdoub, cada vez se van acrecentando más los problemas, pero aseveró que a pesar de los desencuentros «estamos seguros de ganar e iremos al referéndum con las reglas que prevalezcan, ya sea la ley 3.859 de convocatoria, o la fórmula de la Corte, aunque personalmente creo que se deben respetar las normas establecidas con anterioridad.
Un complejo panorama político
El Comité Cívico de Santa Cruz iniciará esta noche su huelga por el IDH.
Cuatro regiones: Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca se sumarán a la medida mañana.
La CNE se ratifica y mantiene su fórmula de interpretación de resultados.
El Gobierno reitera que esta resolución es sólo una sugerencia y hace prevalecer la ley.
Podemos planteará al Congreso iniciar un juicio de responsabilidades a vocales electorales.
El analista Carlos Cordero dice que después del revocatorio habrá varias interpretaciones.