El MAS definirá la compatibilización de la nueva CPE con los estatutos autonómicos. Organizaciones sociales exigen aprobación por decreto de la nueva CPE.
La Prensa.
Encuentro: el presidente Morales en la reunión de este sábado en el Palacio Quemado
El presidente Evo Morales recibió ayer presiones de organizaciones sociales para que promulgue por decreto el texto constitucional aprobado por la Constituyente en diciembre de 2007. El Mandatario anunció desde Lauca Ñ que el próximo fin de semana el Movimiento Al Socialismo (MAS) tendrá un ampliado nacional para analizar la compatibilización de los estatutos autonómicos y la nueva Carta Magna.
El mismo Jefe de Estado hizo ayer estas revelaciones tras la reunión en el Palacio Quemado con dirigentes del oficialista Pacto de Unidad, integrado por organizaciones sociales del área rural que respaldan a Morales.
«Recojo —dijo el Mandatario— muchas propuestas, por ejemplo, que mediante un decreto supremo promulgue la nueva Constitución (…), de convocar urgentemente mediante el Congreso Nacional al referéndum para aprobar el nuevo texto constitucional».
Comentó que «está bien esta clase de iniciativas, me sorprenden estos planteamientos, que son de lo más democráticos. Por eso es importante escuchar a los distintos sectores».
Según la agencia ANF, el Primer Mandatario dijo por la tarde, en su discurso de inauguración del Ampliado extraordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, reunido en Lauca Ñ, que el próximo fin de semana el MAS tendrá una reunión nacional, en la que analizará los caminos para compatibilizar los estatutos autonómicos (de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) con el proyecto constitucional.
Advirtió de que el propósito último de ese estudio será cómo «someter al pueblo» la aprobación de esa Constitución.
El dirigente cocalero Julio Salazar dijo a La Prensa que las Seis Federaciones dieron su respaldo al gobernante para que se aprueba la nueva Carta Magna «por cualquier medio posible».
Los problemas de la CPE
Después de 16 meses de trabajo, la Asamblea dio por finalizado su labor con la aprobación de un texto constitucional el 9 de diciembre de 2007. Pero dejó pendiente la redacción del artículo referido a la extensión del latifundio, trabajo que delegó al Ejecutivo que debe convocar a un referéndum dirimidor para que la población decida la superficie máxima de la propiedad rural.
De acuerdo con el análisis del abogado constitucionalista Carlos Alarcón, una vez definido este punto, el Ejecutivo debe llamar a una consulta ciudadana para que la nueva CPE sea aprobada o rechazada en las urnas, según establece el artículo 26 de la Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, que fija un plazo máximo de 120 días para ejecutar esa instrucción.
Sin embargo, los gremios que agrupan a los latifundistas y agroempresarios rechazan la Constitución de Oruro, porque plantea dos tamaños para delimitar la extensión de la propiedad rural: 5.000 y 10.000 hectáreas, cuando en Bolivia hay propietarios que disponen de hasta 100.000 hectáreas en el Chaco y Beni.
También rechazan la nueva Carta Magna los partidos de la oposición y las prefecturas y cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, porque, aseguran, que no incluye las autonomías departamentales. Sin embargo, en ese documento se habla de territorios autónomos municipales, regionales, departamentales e indígenas y campesinos.
Alarcón precisó que para convocar al dirimidor tendría que haber un acuerdo entre el Gobierno y los sectores involucrados en el asunto de la tierra que establezca cuántas hectáreas podrá tener un latifundio.
Pero las negociaciones en este punto no avanzan desde hace aproximadamente tres meses.
El Mandatario comentó también ayer en La Paz que hay dirigentes sociales, cuyos nombres no mencionó, que sugieren al Ejecutivo, incluso por teléfono, que se inicie una campaña de recolección de firmas para solicitar que la Corte Nacional Electoral (CNE) pida al Congreso Nacional la convocatoria de una consulta constituyente.
Morales subrayó el carácter demócrata de cada una de esas propuestas, que no «buscan pelea», sino conducir las «expectativas populares» por «caminos legalmente establecidos».
Alarcón recordó que el Ejecutivo tiene facultad para aprobar un texto constitucional por decreto y subrayó que el camino para esta ratificación está planteado en la Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea.
En la reunión de este sábado, las organizaciones sociales dieron su respaldo incondicional a Evo Morales y a la distribución de la Renta Dignidad con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Además apoyaron las políticas estatales de nacionalización de empresas y recursos naturales.
Hay críticas a dos ministros y un viceministro
En la reunión de ayer con el mandatario Evo Morales, los dirigentes del Pacto de Unidad observaron el trabajo de los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Desarrollo Rural, Susana Rivero, y del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
Sin puntualizar las críticas vertidas a esas autoridades, el dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz, Remigio Figueroa, declaró a La Prensa que «estos ministros y ese viceministro no velan por el interés del pueblo, sino de un grupo de personas que nosotros no conocemos».
Reconoció que es «difícil complacer» a todos y recordó que las evaluaciones a los miembros del gabinete se hacen entre el 22 y 23 de enero.
Expresó el deseo de que las críticas a esas autoridades estatales no tengan el propósito de «buscar ‘pegas'» para los dirigentes.
Morales posesionó en enero de 2008 a Javier Hurtado como ministro de Producción en reemplazo de Celinda Sosa; a Óscar Coca Antezana como titular de la cartera de Servicios y Obras Públicas en sustitución de José Antonio Kinn; a Graciela Toro Ibáñez como ministra de Planificación del Desarrollo en reemplazo de Gabriel Loza Tellería y a Wálter Selum como ministro de Salud en lugar de Nila Heredia.
La nueva CPE fue aprobada por la Constituyente en diciembre de 2007.
El Ejecutivo tenía 120 días para convocar al referendo ratificatorio de la Carta Magna.
Falta resolver la extensión del latifundio mediante un referéndum dirimidor.