Cívica de Pando es asilada de la Acnur

Beneficio. Ana Melena consiguió el estatus en Brasil. Otros lo están tramitando. «Soy una perseguida política», dijo.

Melena se había declarado en la clandestinidad desde el 13 de septiembre.

Fiscalía sólo certifica 10 cadáveres, ministro Rada decía que eran 30 los muertos en Pando.



Favorecida. Melena (der.) durante un acto en Cobija junto a Fernández. La cívica ahora tendrá seguridad en Brasil.

El Deber

Pablo Ortiz | [email protected]

La presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena, recibió la condición de refugiada de la Agencia Para los Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur, por sus siglas en inglés). Así lo anunció ayer en Brasileia, desde donde será trasladada a otra ciudad brasileña. Melena se había declarado en la clandestinidad desde el 13 de septiembre y su paradero era desconocido. A diferencia del resto de los desplazados bolivianos que cruzaron la frontera con Brasil, no era habitual verla en las reuniones en la plaza de Brasileia.

«Me declaro en la clandestinidad. Soy una perseguida política», dijo el 16 de septiembre en una de sus últimas apariciones públicas. En esa ocasión aseguró que el culpable de lo sucedido en Pando fue Evo Morales, ya que considera que antes de su Gobierno no había enfrentamientos entre las diferentes regiones del país.

Melena abandonó Pando la noche del 12 de septiembre, cuando los militares tomaron la ciudad y se dictó un estado de sitio en el departamento luego de que, un día antes, 18 personas perdieran la vida en enfrentamientos y asesinatos entre campesinos afines a Evo Morales y partidarios del depuesto prefecto pandino, Leopoldo Fernández.

A Melena le avisaron que esa noche su casa sería tomada por el Ejército y decidió cruzar la frontera. En la madrugada del 13 de septiembre, los militares volaron con explosivos el portón e ingresaron al domicilio haciendo disparos. Destrozaron una motocicleta que estaba cerca de la entrada y realizaron disparos al techo del inmueble, por si había alguien oculto en el tumbado.

El trámite de refugiada fue realizado por Melena ante el Gobierno brasileño y las autoridades de Acnur. Se informó, además, de que hay otras personalidades pandinas que están siguiendo el mismo camino. Uno de ellos es Ricardo Shimokawa, vicepresidente cívico, que está a punto de obtener la misma certificación.

Con Melena, ya van dos dirigentes que piden refugio en países vecinos en lo que va del año. El primero fue el ex prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, que se asiló en Perú luego de los sucesos de noviembre del año pasado, y por considerar que el Gobierno no le brindaba las garantías para continuar en el país.

Además, ayer se conoció la detención y el confinamiento de otras dos personas. Se trata de Aldo Cuéllar, chofer de la esposa de Leopoldo Fernández; y de Wilson Achipa, dirigente vecinal. Ellos fueron trasladados a Viacha junto a los consejeros Agapito Vira y Williams Misuko.

Con ellos ya suman 15 los detenidos por el Gobierno desde la instalación del estado de sitio en Pando. Esta situación causó la protesta del defensor del pueblo, Waldo Albarracín, que consideran que se están vulnerando los derechos de los detenidos, ya que se los mantiene incomunicados en el cuartel de Viacha y no se les permite recibir visitas.

Mencionó que la Constitución prevé que los confinados también deben ser puestos delante de un juez para legitimar su situación.

«Es importante hacer notar que la medida del estado de sitio no involucra privar el derecho de comunicación de las personas y el Gobierno está transgrediendo este derecho», denunció Albarracín, que considera que el gobierno ya debía haber pacificado por completo ese departamento.

Entre el 13 y 14 de septiembre, el Gobierno detuvo a Hugo Apaza Sahonero, Gualberto Paz Mugiro, Felipe Bigabriel Villarroel, Gabriel René Delgadillo Vargas, José Antonio Salinas Bazán, Rubén Franco, Mirtha Sosa de Chalar, Adhemar Herrera Guerra, Juan Claudio Franco, Osvaldo Valdivia y Néstor da Silva. A ellos se suma el prefecto Fernández, que guarda detención en celdas de la cárcel de San Pedro.

Por otro lado, en Sucre, el activista Roberth Sandoval, acusado por el Gobierno por atentados contra instituciones públicas hace más de dos semanas, se declaró en la clandestinidad y pidió la recusación del fiscal que lo investiga.

Hay nuevo juicio contra Fernández

El Ministerio de Justicia planteó ayer un nuevo juicio contra el prefecto Leopoldo Fernández, funcionarios prefecturales y dirigentes cívicos por los hechos ocurridos el 11 de septiembre. Los cargos por los cuales se los acusa son: desaparición forzada, tentativa de asesinato, vejaciones, torturas, privación de libertad, coacción, lesiones gravísimas y leves.

La ministra de Justicia, Celima Torrico, y su asesor general, Iván Morales, afirmaron que el caso ya fue presentado al fiscal Eduardo Morales, éste aseguró no se conocía la denuncia, mientras su colega Edward Mollinedo informó de que las investigaciones fueron paralizadas porque recibieron la instrucción de coordinar su trabajo con los miembros de la comisión Especial de la Cámara de Diputados, que ya está en Cobija y que comenzó a indagar ayer.

En el memorial, el Ministerio de Justicia menciona como ‘antecedente’ la denuncia de la ex ministra de Gobierno Alicia Muñoz sobre la preparación de paramilitares.

Por su parte, el presidente de la comisión de Diputados, René Martínez (MAS), informó de que para recopilar todos los antecedentes permanecerán en esta capital al menos dos semanas, en procura de declaraciones y recoger pruebas, aunque éstas ya fueron recolectadas por los fiscales que estuvieron la semana pasada en Pando. Los representantes de la Fiscalía son Félix Peralta, Isabelino Gómez, Eduardo Morales, Luis Mamani y Edward Mollinedo. /MCh.

Fiscalía sólo certifica 10 cadáveres

Aunque el Gobierno afirma que son 18 fallecidos y 24 desaparecidos los campesinos (sólo en el enfrentamiento del 11 de septiembre, sin contar la toma del aeropuerto), ayer el fiscal Edward Mollinedo dijo que el Ministerio Público certificó la muerte de 10 personas.

La certificación se realiza por las necropsias que se realizaron a los fallecidos. De ese modo recordó que, en el trabajo de campo que realizaron en Cobija, examinaron el cuerpo de dos campesinos y el funcionario prefectural Pedro Oshiro. Se tiene prevista la realización de otras dos necropsias en la localidad de Puerto Rico, otra en una comunidad campesina y otra al pastor evangélico que falleció el día de la toma del aeropuerto. A estos exámenes se deben sumar los tres de los normalistas paceños, cuyos familiares ya anunciaron que no dejarán realizar una nueva revisión de los cuerpos.

De igual modo, el fiscal informó de que los que fueron reportados como ‘desaparecidos’ son campesinos que se refugiaron en las plantaciones que tienen alejadas de las zonas urbanas y que conforme ‘la situación se va calmando’ aparecen las familias.

Por otro lado, ayer hubo una marcha en Cochabamba exigiendo la liberación de Leopoldo Fernández. La manifestación fue repelida por la Policía.

Procesados

Julio Villalobos. Director de Sedcam.

Pedro Gómez. Director de Desarrollo Productivo.

José Luis Forero. Director de Desarrollo Forestal.

Gary Bond Voek. Director de la Unidad de Tierras.

Javier Vaca. Secretario de Asuntos Campesinos.

Alan Davias. Técnico.

Edgar Manú. Director Agroforestal.

Rafael Segovia. Motorista.

Douglas Domínguez. Responsable de Personal

William Masuko. Consejero.

Agapito Vira. Consejero.