Es ingenuo pensar que el Presidente y algunos de sus ministros no tienen autoridad ni influyen sobre esos movimientos. Eso no lo cree nadie.
La Prensa, Editorial
Miles de campesinos de distintos puntos del país se han congregado en cuatro puntos que rodean a la ciudad de Santa Cruz, tendiendo así un cerco con el propósito de presionar a los prefectos de la denominada "media luna" para que acepten el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Estos integrantes de los "movimientos sociales" del Movimiento Al Socialismo (MAS) tienen como meta entrar en la plaza 24 de Septiembre para obtener un acuerdo por medio de la presión y la toma de la Prefectura, cuando Santa Cruz celebra su efemérides departamental.
Toda persona, nacional o extranjera, tiene derecho a trasladarse de una ciudad a otra cuando lo desee. Pero ése no es el caso de estos movimientos sociales porque lo que hacen es, cuando menos, intentar provocar un conflicto.
No otra cosa significa que hubieran quemado dos troncos tallados que representan el llamado "Mojón de la Autonomía" y banderas cruceñas izadas en casas de la población de Buena Vista, el haber hecho explotar dinamitas causando temor entre una población no acostumbrada a esos estruendos, el portar pistolas, rifles, escopetas, revólveres y hondas, además de palos de distintos grosores y tamaños.
¿Para qué todo esto si la marcha bien estructurada y financiada es pacífica? Si alguna persona o grupos de personas van a un lugar en son de paz, no llevan armas, no destrozan lo que encuentran a su paso ni atemorizan a la gente.
Lo irónico de todo esto es que los gobernantes reiteran hasta el cansancio que no tienen control sobre estos movimientos porque son autónomos. Entonces, ¿a quién obedecen? ¿De quién esperan órdenes cuando sus dirigentes dicen que aguardan instrucciones? Si el Presidente no controla a esos movimientos, en su mayoría integrados por cocaleros, ¿entonces a quién controla?
Es ingenuo pensar que el Presidente y algunos de sus ministros no tienen autoridad ni influyen sobre esos movimientos. Eso no lo cree nadie. Si hay movilizaciones de este tipo es porque el Gobierno, en sus más altos niveles, los ha dispuesto o, por lo menos, alentado.
Todo esto indica que hay una intención violenta en los "pacifistas" marchistas que emplearon el mismo mecanismo para que la Asamblea Constituyente aprobara la CPE en Oruro. Con similares movilizaciones en La Paz se quiere evitar que el Prefecto de Pando sea llevado ante la Corte Suprema de Justicia.
Así, la presión pretende imponerse a la ley y a la razón, y de esa manera, un grupo de 10.000, 20.000 o 100.000 personas —si llegan a ese altísimo número— intenta imponer su voluntad sobre más de nueve millones de habitantes. Así, ¿de qué diálogo se habla?
Las autoridades que influyen en estos grupos deben medir las consecuencias de lo peligroso de su actitud. Por eso los dirigentes de Santa Cruz hacen bien en llamar a su gente a la cordura y no aceptar las provocaciones. El Gobierno debería evitar —porque sí lo puede— que continúe esta presión.