La Alcaldía reconoce que no existen políticas nacionales para rehabilitar a estas personas.
Ninguna institución estatal se encarga de su rehabilitación, sólo organizaciones no gubernamentales.
La Prensa
En casa: un grupo de cleferos y bebedores se encuentra cerca de su morada, a la altura del río Orkojahuira
Entre 2006 y 2008, 205 personas se sumaron al grupo humano adicto al alcohol y la droga que vive en la calle. Los vecinos sienten lástima y otros se asustan porque consideran que son peligrosas. Ninguna institución estatal se encarga de su rehabilitación, sólo organizaciones no gubernamentales
El número de indigentes callejeros que consumen alcohol y droga en la ciudad de La Paz se incrementó de 1.343 a 1.548 en dos años (de 2006 a 2008) debido, entre algunos factores, a la ausencia de políticas nacionales dirigidas a esta población.
Martín, de unos 20 años de edad, es parte de este grupo de personas que en la mayoría de los casos, por diferentes razones, rompió los vínculos familiares y se incorporó al ejército de los callejeros. Lo único que le preocupa es conseguir comida. Suspira: «Hay gente buena que se compadece y te regala pan y algunas sobras».
Los datos de la Unidad de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Alcaldía, revelan que el 71 por ciento de este grupo vulnerable está integrado por varones y el 29 por ciento, mujeres. La mayoría se halla en los distritos de la Max Paredes, Cotahuma y el Centro.
Entre otras causas que influyen en el aumento de este grupo humano, informaron en dicha Unidad, se encuentran los esfuerzos dispersos de entidades privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la propia Alcaldía, que trabajan en la atención de este problema. También influyen los factores estructurales como la falta de empleo y los bajos salarios, además de los problemas familiares y de comportamiento personal tendiente al consumo de bebidas alcohólicas.
El oficial mayor de Desarrollo Humano, Rolando Mendoza, dijo que estas personas son consideradas como enfermas, por tanto el accionar de esa repartición se orienta a lograr su rehabilitación, lo que no significa que en las actuales circunstancias no representen un peligro para los ciudadanos, pues muchos de ellos están vinculados con la delincuencia.
Mendoza informó que durante todo el año se organizan actividades dirigidas a esta gente, como cursos de alfabetización, carnetización, charlas personales y albergues durante la época de invierno.
Asimismo, dijo que trabajan en la prevención a través de la capacitación educativa destinada a alumnos y maestros en las 400 unidades escolares de la ciudad y en tareas de seguridad a través de la coordinación con la Policía Comunitaria, cuyos efectivos ubicados en módulos vecinales efectúan operativos para, por medio de la persuasión, dispersar a los drogadictos y alcohólicos de los espacios públicos.
El cabo Freddy Mamani, del módulo policial ubicado en la plaza Alonso de Mendoza, dijo que todos los días cumplen controles para retirar a esos grupos, en casos usan gas lacrimógeno, pero la mayoría de las veces el único medio es la persuasión.
El recorrido de cuatro uniformados por turno llega hasta la avenida Pando y la plaza Eguino.
Con el mismo objetivo, en la zona Max Paredes, lugar donde abundan estas personas, se instalaron 11 módulos policiales que coordinan con las juntas vecinales para llevar a cabo el control.
Sin embargo, una alternativa de fondo que propone la Oficialía se refiere a elaborar un marco legal tanto para rehabilitar a esta gente como para evitar que un mayor número caiga en el vicio.
Explicó que hace una semana fueron remitidas a la Comisión de Política Social de Diputados tres «propuestas de ley», que se espera sean analizadas y aprobadas.
La primera de ellas establece la rehabilitación como una obligación para el Estado, tarea que puede estar a cargo de las prefecturas o de los municipios, con un órgano rector que puede ser el Ministerio de Salud. En la actualidad, ninguna institución estatal se hace responsable de la rehabilitación de estos enfermos.
La segunda iniciativa busca establecer un horario de protección al menor, al considerar como maltrato infantil el hecho de que caminen menores de edad solos por las calles luego de las 22.00.
La tercera pretende que la ordenanza municipal que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas adquiera rango de ley, para que Impuestos Internos considere como delito y sancione con multas el hecho de que los locales rompan los precintos de clausura.
Los indigentes actúan en pandillas, en muchos casos vinculados a hechos delictivos.
35 alcohólicos se rehabilitan
Resultado del programa «Albergues de invierno», ejecutado entre el 26 de mayo y el 15 de agosto de este año en el municipio de La Paz, 35 personas con adicción al alcohol y la droga se encuentran en proceso de rehabilitación.
En la Unidad de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Alcaldía, se informó que los centros que trabajan en este proceso son: Sarantañani, con ocho adolescentes; Remar, con 17; Martín Lipa, con cuatro personas, y Hogar San Vicente, con seis personas dependientes.
El resto de los hogares que suman seis, se indicó, carecen de participantes en rehabilitación porque están distantes del Centro y por la poca predisposición de los adolescentes a acudir a éstos. El oficial mayor de Desarrollo Humano, Rolando Mendoza, dijo que luego de la rehabilitación ese grupo puede ser insertado en programas de empleo.