Los abogados que debían legalizar las ilegalidades que cometa el Presidente Evo Morales, al parecer no dan pie con bola y la Corte Nacional Electoral nuevamente les ha dicho que no están haciendo bien su trabajo dejando muy mal parado a su jefe.
Los congresistas del MAS pretendieron convocar para el pasado 4 de mayo mediante un cerco al Parlamento, al referéndum para aprobar la Constitución «trucha» de Oruro. Lo que algún diputado masista poco avispado quiso mostrar como una brillante jugada política no fue más que una ilegalidad absoluta, lo cual fue reconocido por el propio presidente de la CNE , José Luis Exeni, a quién difícilmente se lo puede acusar de tener simpatías por la oposición.
Esta vez el error de cálculo partió del propio Ejecutivo y nuevamente la Corte Nacional Electoral tuvo que salir al paso para indicarles que la convocatoria al referéndum y a la elección de dos prefectos y subprefectos por la vía de un decreto es ilegal. Esto provocó una rabieta de proporciones en el vicepresidente Alvaro García Linera, que lo que menos quiere es una Corte Electoral respondona.
En este caso los destinatarios de la rabieta fueron los ministros de Defensa, Walker San Miguel y de Defensa de la Nacionalización, Héctor Arce, es decir los abogados que debieran forzar su imaginación para legalizar las ilegalidades.
Curiosamente se trata de dos abogados que tuvieron estrechos vínculos con el MNR. El primero tuvo una activa participación en la privatización de las empresas estatales en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en tanto que el segundo mantenía una estrecha amistad con el yerno de Goni, Mauricio Balcázar.