La Razón. Fuente: Jaime Paz Zamora “ex presidente de la República”
Ante la nueva parálisis que se ha producido en el diálogo abierto en Cochabamba, puede ser de utilidad recordar aquellos otros acuerdos nacionales que, con el nombre de Mariscal Andrés de Santa Cruz, alcanzó el incipiente sistema democrático boliviano el 9 de julio de 1992.
Si bien el contexto nacional era otro y los actores también, los temas a acordar giraban sobre los mismos asuntos de fondo, de cómo profundizar la democracia en equidad, inclusión, igualdad de oportunidades, distribución del poder en la sociedad y el territorio, fortalecimiento institucional, crecimiento económico y cohesión nacional.
Se fijó la sede en el Palacio de Gobierno como novedad pedagógica de que oficialismo y oposición podían y debían coincidir en la casa de todos los bolivianos. El Presidente se involucró directamente en prolongados diálogos personales con cada uno de los líderes participantes, buscando generar espacios amables de confianza y la sinergia necesaria, en tanto que desde el Ministerio de la Presidencia se trabajaba en paralelo con los equipos de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Si bien se sabía que era prácticamente imposible estar de acuerdo en todo, se buscó metodológicamente detectar aquellos asuntos de interés nacional y democrático en los que se podía coincidir, dejando el resto con realismo y sentido de proceso para el futuro. Evitar la actitud del todo o nada y crear un clima de convivencia política hoy para poder dialogar nuevamente mañana.
Se conformó en dos o tres semanas una verdadera agenda nacional, programática y de institucionalidad democrática de diez puntos que los líderes y partidos políticos firmantes se comprometían a ejecutar y sostener, sea un función de gobierno o de oposición. Una especie de programa mínimo de la reciente democracia boliviana.
Los resultados fueron esperanzadores para un país que estaba aprendiendo a dialogar y a ponerse de acuerdo. Se ratificó la reforma del Código Electoral logrado el año anterior, garantizando una autoridad electoral de pleno consenso. Se aprobó la reforma de la Constitución con la introducción del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura, la diputación uninominal, la posibilidad de gobiernos locales departamentales y municipales y la definición de Bolivia como un país pluricultural y multiétnico lo que, a su vez, dio pie a la promulgación como Ley de la República de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y originarios y el reconocimiento de territorios indígenas que la Ley INRA recoge como territorios comunitarios de origen.
Se convino elaborar la Ley de Partidos Políticos, así como la de los dos tercios de votos en la selección de ministros de la Corte Suprema, vocales de la Corte Nacional Electoral, Contralor General de la República y Fiscal General. Esto último dio paso a la promulgación de la primera Ley del Ministerio Público de nuestra historia. Se acordó la reforma del sistema judicial boliviano como un cuerpo jurídico único, integrado y actualizado y, para ello, se creó el Consejo Nacional de la Reforma, presidido por el Vicepresidente de la República.
Se decidió iniciar el proceso de descentralización política y administrativa departamental y municipal, para lo cual se constituyeron equipos multidisciplinarios en el Ministerio de Planificación que elaboraron tanto la Ley de Participación Popular para el sistema municipal como la de descentralización departamental. La norma, una vez enviada – al Congreso, quedó, vaya coincidencia, estancada en el Senado.
Una convergencia trascendente se dio en la necesidad de encarar en democracia un proceso de reforma educativa de largo aliento. Se estructuró un equipo técnico en los ministerios de Educación y Cultura y en el de Planificación, y se convocó a un Congreso Nacional de Educación con los representantes de todas las instituciones y sectores concernidos. Este consenso fue una condición necesaria para lograr los 200 primeros millones de dólares de financiamiento internacional para este proyecto.
El décimo punto de los acuerdos señalaba el propósito de industrializar la hoja de coca con fines legales, para lo que oficialmente se pidió criterios y colaboración a la Organización Mundial de Salud, la que nunca los hizo llegar.
Creo que esta primera experiencia de acuerdos nacionales nos deja algunos indicadores de utilidad para la coyuntura. En democracia, los cambios pasan a través de ingenierías políticas consensuadas en los marcos de la arquitectura institucional. En esta delicada construcción, el rol del Gobierno y del Presidente de la República son fundamentales. En ellos está la responsabilidad primera de garantizar la unidad nacional, la integridad territorial y la cohesión social de los bolivianos. La propuesta de cambio será correcta tanto en sus con tenidos cuanto en su oportunidad. Para representar un avance y no un retroceso, la propuesta deberá adecuarse a la realidad que vive el país y no a la inversa.