La ministra de Educación y Cultura, Guadalupe Cajías soslaya seis denuncias de corrupción presentadas ante su despacho, las cuales respondió de forma insatisfactoria en una petición de informe oral realizada ante el plenario de la Cámara de Diputados dejando claro que en varios temas no tomó acción concreta para solucionar las mencionadas denuncias e incluso considera que los mismos son temas “aislados” que no encubren situaciones de corrupción al interior de ese despacho.
“La ministra Cajías elude responsabilidades a las denuncias de actos de corrupción, mencionando que no es competencia de su despacho aplicar sanciones y que las mismas serían de competencia tan sólo del Ministerio Público, desconociendo el reglamento de faltas y sanciones disciplinarias”, sostuvo el diputado Jorge Rudy Solari que hace el seguimiento a esas denuncias como miembro del Comité de Educación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Comisión de Desarrollo Humano.
Pese a la gravedad de lo denunciado, la Ministra Cajías no respondió a cuatro peticiones de informe escrita realizadas en abril y junio del presente año, por eso el 2 de julio se opta por remitir nota conminatoria. Ante el nuevo silencio del Ministerio de Educación, el 18 de junio se remite al Poder Ejecutivo minuta de comunicación pidiendo inamovilidad de directores que asumieron el cargo por concurso de méritos y examen de competencia, la que no tuvo respuesta hasta la fecha.
El pasado 9 de julio se recibió un informe oral de la Ministra Cajías en la Comisión de Desarrollo Humano, en el cual no respondió a los cuestionamientos del diputado Solari, por lo que se le remite cuestionario para que lo haga en informe oral, que se cumple el 21 de agosto, al finalizar ese acto el diputado Solari pidió a la Ministra Cajías que haga llegar toda la información sobre los procesos de investigación, pero hasta el presente no llegaron esas respuestas.
En criterio de Solari el informe oral de la Ministra al Plenario de Diputados no ha sido satisfactorio, existiendo contradicciones y soslayando varios casos que Cajías considera “aislados”.
Ese cúmulo de abusos del poder Ejecutivo fue denunciado por el Defensor del Pueblo, Viceministerio Anticorrupción, órdenes judiciales y conminatorias hechas ante el Ministerio de Educación.
Estos los casos denunciados ante el Ministerio de Educación con copias a la Comisión de Política social:
· Cobro de dinero: denunciado por la Profesora Domnina Tancara Tancara, docente que pese a lograr el primer lugar en la compulsa para ascensos a direcciones de fecha 29 de marzo de 2007 no logró tal promoción porque el profesor Javier Mena Ayala de la Dirección Distrital, la conminó al pago dce 4.000 Bs. De no desembolsar tal suma de dinero, la Profesora Tancara sería suspendida de sus funciones de directora de la Unidad Educativa Taipillanga.
· Acoso Sexual: este caso fue denunciado por la profesora Olimpia Nina Pérez contra el director Distrital de Sica Sica, provincia Aroma del Departamento de La Paz, Profesor Jaime Mamani Laura, quien en represalia procedió a destituír a la Profesora Pérez y retuvo las boletas de pago de la misma.
· Acoso Sexual con posterior muerte de la víctima: el profesor Jaime Mamani Laura, Director Distrital de Sica Sica, provincia Aroma del Departamento de La Paz, fue denunciado por utilizar amenazas de retiro del cargo contra la profesora Yolanda Huanca Achumiri para mantener relaciones sexuales, obligándola con posterioridad a realizarse un aborto, negándole la posibilidad de permiso para que asista a un centro médico especializado, ya que tenía hemorragias, las que finalmente ocasionaron el fallecimiento de la profesora Huanca, dejando huérfanos a cuatro menores de edad. Pero además se les negó a sus derecho habientes el cobro de haberes, aguinaldos y bonos.
· Irregularidades en proceso de institucionalización a cargos directivos de docentes y administrativos en institutos normales superiores: la convocatoria de este proceso se publica en octubre del 2007, pero la reglamentación es publicada mucho tiempo después, ninguna de ellas cumple fechas establecidas en cronograma, dejando en suspenso el proceso durante siete meses.
A ese mal inicio, se suma el hecho de que no se revisaron los expedientes para certificar si los postulantes cumplen los requisitos mínimos establecidos.
Para colmo, pese a existir la mencionada convocatoria pública, se invitó de manera directa para que determinadas personas ocupen cargos docentes y administrativos en acefalía a maestros que no cumplen requisitos mínimos, que no tienen los años de servicios ni los méritos de quienes sí se presentaron a la convocatoria.
· Venta de exámenes para acceder a cargos en institutos normales: Estos exámenes con sus respuestas incluidas fueron vendidos en el Coliseo Julio Boreli, el Lic. Braulio Quino, responsable de la Célula Sindical del Instituto Normal Superior Simón Bolívar, entregó las pruebas de la venta de exámenes a la Confederación de Maestros de Bolivia, al profesor Jorge Valdivieso y el director de Gestión Docente, Lic. Ramiro Cuentas.
Pese a haberse comprobado la venta de respuestas, no se efectuaron las respectivas investigaciones a la fecha y no se han establecido responsabilidades ni aplicado el reglamento de faltas y sanciones disciplinarias.
El resultado del examen fue publicado y después fue anulado, pero todos los postulantes fueron habilitados para la siguiente etapa que era la calificación de méritos, hasta la fecha no se conoce la resolución de anulación del examen.
· Irregularidades en la Conformación de la comisión calificadora de méritos: Las personas que conformaron la Comisión Calificadora nombrada por el Ministerio de Educación y culturas, no contaban con el nivel académico y profesional para calificar méritos de los postulantes.
En muchos casos el tribunal calificó sin el quórum reglamentario de acuerdo y el puntaje de la calificación de méritos no se publicó, ni existe acta de conformidad entre la comisión calificadora y los postulantes.
Quienes obtuvieron los primeros lugares tampoco fueron designados como Directores Distritales.