Investigarán abusos contra los confinados, incomunicados 18 días.
Mujer policía confinada teme por su vida. Un motín policial habría desembocado en su liberación.
Marinkovic denuncia que hay persecución a cívicos.
EL DEBER
Confinados en Viacha. Después de 18 días de detención, el Gobierno permitió que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados visite a los 16 pandinos confinados en el regimiento Bolívar de Viacha (La Paz). Se constató que fueron agredidos al momento de su detención. Los congresistas iniciarán una investigación.
INVESTIGARÁN ABUSOS CONTRA LOS CONFINADOS
Visita. Una comisión del Congreso llegó ayer hasta el cuartel de Viacha
Secuelas. Los pandinos lloran cuando recuerdan cómo los arrestaron
Marco Chuquimia. La Paz
Después de 18 días de confinamiento, el Gobierno autorizó el ingreso de una comisión de diputados para que constate las supuestas torturas a las que habrían sometido a los 16 confinados que están en el regimiento Bolívar, en la ciudad de Viacha. Desde que llegaron a este recinto no pudieron comunicarse con sus parientes y no saben cómo están sus familiares. Los congresistas anunciaron una investigación.
Ayer, seis diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja lograron ingresar a Viacha. Encabezaba la comsión el presidente de la cámara, Edmundo Novillo. La comitiva estuvo integrada por los disputados, Felipe Tenorio y Arturo Murillo.
«Al describir la forma cómo fueron apresados, algunos no aguataron las lágrimas y se quebraron», describió Murillo.
Aunque admitieron que son ‘bien tratados’, no pueden evitar recordar la forma cómo los apresaron y los condujeron hasta La Paz. Desde su llegada, el 16 de septiembre, no tienen quejas. Sin embargo, denunciaron que sus derechos fueron violentados en su tierra, «todos tienen marcas fuertes de ataduras. Éstas ya llevan 18 días», recordó Murillo.
Al ofrecerles la asignación de un pasaporte para salir del país, los confinados la rechazaron y solo pidieron cumplir su reclusión tal como manda el decreto de estado de sitio.
Murillo recordó un testimonio y dijo que cuando apresaron a uno de los dirigentes, los militares golpearon a su hijo y exigían que revele dónde se encontraba su padre. El muchacho tiene 14 años y perdió la capacidad de hablar. Se trataría de Óscar Rubén Franco, que fue arrestado con su hijo. El menor luego fue liberado. Ahora, los diputados opositores acordaron iniciar una investigación sobre la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos pandinos que están confinados.
Los testimonios de los confinados confirman lo que contó la suboficial Mirtha Sosa, que tras ser aprehendida fue golpeada hasta mandarla al hospital.
Ella se reunió ayer con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Confesó que teme por su vida. Sin embargo, el comandante de la Policía, Miguel Gemio, la emplazó a demostrar el maltrato de los militares. Sosa tiene un certificado forense que apoya su versión. El documento establece que la policía sufrió agresión física, psicológica y que sufre trastornos de ansiedad depresiva. Detalla que presenta signos de haber sido jalada del cabello, golpes en la región de la columna, vientre y bajo vientre, lastimaduras en los brazos y un sangrado producido por las agresiones.
Las indagaciones
La Apdhb ya emitió juicio
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia emitió un comunicado en el que dice que el Gobierno «tiene el deber ineludible de prestar todas las garantías y seguridad a las familias de Pando, que son permanentemente amenazadas por grupos de delincuentes y grupos violentos, los mismos que están en desbande hacia la ciudad fronteriza de Brasileia». En su segundo punto «exige a las autoridades continuar la investigación de esta masacre, donde perdieron la vida hermanos campesinos y estudiantes normalistas, para establecer la responsabilidad intelectual y material de los hechos del 11 y 12 de septiembre, y aplicar el castigo con todo el rigor de la ley».
Defensor no emitirá un informe
El defensor del pueblo, Waldo Albarracín, informó de que esta entidad colaborará con las investigaciones que están realizando otras instancias, ya que las limitaciones no permiten hacer una investigación más prolija. Afirmó que será el Ministerio Público el que tenga el informe final y deberá esclarecer «quiénes dispararon, algo que nosotros no podemos hacer», precisó. Explicó que el trabajo que realizaron fue tomar contacto con las personas de ambos bandos, pero que chocaron con la susceptibilidad mutua, ya que el Gobierno y la dirigencia indígena se opusieron a que fueran a visitar a los bolivianos que están refugiados en Brasil. Mientras que los dirigentes que están en el país vecino pretendían que sólo se difundan sus versiones sobre los hechos.
Diputados indagará a confinados
Desde el lunes, cuatro diputados y el Fiscal General deben asistir a las sesiones de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que tomará declaraciones en la ciudad de La Paz. La vicepresidenta de esta instancia, Lourdes Millares (Podemos), informó de que deben comparecer Silvio Magarzo, ex comandante departamental de Policía de Pando, el máximo responsable de las fuerzas militares en el estado de sitio, el fiscal de distrito de esa región, los fiscales de la Comisión Especial y el Fiscal General Mario Uribe. También se hablará con los confinados, con Leopoldo Fernández y con cubanos y venezolanos que trabajan en Pando. Trambién recibirán a la Comisión de Fiscales.
Senadores se van hoy a Cobija
Hoy, los cinco congresistas que conforman la comisión del Senado para investigar el caso de la matanza de Pando se trasladarán a Cobija, Porvenir y Filadelfia. Según el senador Roger Revuelta, lo que ellos pretenden es ‘despolitizar’ la investigación que iniciaron en la Cámara de Diputados y añadió que exigirán que la Fiscalía los declare como ‘cabeza de Ministerio Público’ para que su investigación tenga validez jurídica. Afirmó que el MAS se opuso a unificar las dos comisiones y que por ello el Senado tomó la decisión de ‘transparentar’ la investigación con la designación de legisladores opositores, aunque recordó que la propuesta era conformar una comisión equilibrada con cuatro legisladores por partido.
MUJER POLICÍA CONFINADA DICE QUE TEME POR SU VIDA
LOS TIEMPOS
Sosa relató su caso al alto comisionado de la ONU
La suboficial de la Policía Mirtha Sosa Chalar habla con la prensa, tras reunirse con miembros de la ONU, ayer. | La Prensa
La Paz | Anf
La suboficial de Policía Mirtha Sosa Chalar, confinada en La Paz, confesó ayer ante el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que teme por su vida, por lo cual solicitó garantías para evitar represalias en su contra por parte del Gobierno.
Luego de más de dos horas de reunión, reiteró a la prensa en medio de llanto, que fue objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de los efectivos militares que la detuvieron en septiembre pasado por desacatar el estado de sitio que el Gobierno dispuso para el departamento de Pando, tras el violento enfrentamiento en El Porvenir, que dejó 15 muertos.
«Ellos (los militares) saben lo que me han hecho (en Pando), lo único que les puedo decir es que ayer ya he declarado, ya han escuchado todos los medios de comunicación, me han visto. Les agradezco a todos de corazón, pero lo único que les puedo decir que tengo miedo por mi vida», expresó Sosa, quien dirigía la Policía en Porvenir, hasta que fue detenida.
En horas de la mañana, el comandante nacional de la Policía, Miguel Gemio, emplazó a la suboficial a probar sus denuncias de maltrato físico que sufrió durante su detención.
Al igual que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, el jefe policial sostuvo que Sosa no fue confinada y que está sometida a una investigación en la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional (DNRP), por un delito que habría cometido en el ejercicio de sus funciones, el cual sin embargo no precisó.
Sosa se respalda en un certificado médico para demostrar que fue maltratada en los sucesos de Pando y la diputada de Podemos, Katia Romero, dijo que el documento establece que la policía sufrió agresión física y psicológica y trastorno de la ansiedad depresiva.
El certificado destaca también que esta persona está en actividad lúcida, consciente, aunque con alteraciones emocionales traducidas en ansiedad, preocupación y depresiones.
También detalla que la uniformada presenta signos de haber sido jalada del cabello, golpes en la región de la columna, vientre y bajo vientre, lastimaduras en los brazos y un sangrado producido por las agresiones
CONFIRMAN LA AGRESIÓN DE SOSA Y LA POLICÍA LA PROCESA
La Razón
CASO • Un informe forense dice que tenía 10 días de impedimento. La Policía y el Gobierno afirman que es procesada. Ella declara ante la ONU.
Un certificado forense afirma que la suboficial Mirtha Sosa Chalar (49) sufrió agresiones físicas y sicológicas cuando era trasladada a La Paz. Entretanto, la Policía y el Ministerio de Gobierno aseguran que su situación no es de confinamiento y que es sometida a un proceso disciplinario, acusada de «negligencia».
De acuerdo con el informe forense, con fecha de registro de 19 de septiembre, Sosa tuvo 10 días de impedimento pues sufría de «alteraciones emocionales, dolor residual en las regiones parieto-occipitales compatible con tracción de cabellos, en la región occipital, cara y cuello y en la columna lumbar», entre otros.
La suboficial fue detenida y presuntamente confinada la madrugada del lunes 15 a La Paz, luego de que el viernes 12 se decretara estado de sitio en Pando. Al llegar al aeropuerto militar alteño habría sido derivada a la clínica Virgen de Copacabana.
En una entrevista con La Razón, Sosa relató que los militares irrumpieron en la posta policial de Porvenir (Pando). Indicó que tuvo que soportar golpes, culetazos, insultos y amenazas en todo momento.
El comandante general de la Policía, general Miguel Gemio, afirmó que la suboficial llegó a La Paz hace tres semanas y que está a disposición de la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional (DNRP) por procesos. Acotó que su declaración a medios de comunicación son para «soslayar» su responsabilidad.
«Hay un proceso de investigación que se ha instaurado en contra de la suboficial, que está a disposición de la DNRP. Ya está hace tres semanas acá (La Paz). Seguramente a fin de soslayar la responsabilidad que supuestamente pueda tener, recién hace la invocación a los medios de comunicación», dijo.
Una alta fuente policial reveló que el comandante Gemio intercedió para que la suboficial Sosa sea rescatada del confinamiento y trasladada al hospital policial Virgen de Copacabana. «Hizo prevalecer el cumplimiento de la norma. La suboficial tenía una denuncia por negligencia policial y debe ser procesada dentro de los procedimientos de la institución. Es por eso que la DNRP inició un proceso en el que indagará si ella tuvo una actuación pasiva o parcializada en los sucesos del 11 de septiembre», precisó.
El titular de Gobierno, Alfredo Rada, aclaró que Sosa «no está confinada» y que es sometida a un proceso disciplinario interno pues existen «una serie de acusaciones» en su contra.
«Ella ha sido trasladada a la ciudad de La Paz, está sometida a procesos disciplinarios internos de la DNRP, del Tribunal Disciplinario. Hay una serie de acusaciones que pesan sobre ella y hay que decir que no está confinada», reiteró la autoridad.
Consultado sobre las agresiones a la suboficial, Rada respondió: «Será la investigación que determine si es verdad, pero si aquello no es cierto, si no corresponde, lo que está haciendo esa señora es complicar aún más su situación, porque ella está sometida a un proceso disciplinario».
Este medio intentó comunicarse, sin éxito, con el ministro de Defensa, Walker San Miguel; sin embargo, a través de un pronunciamiento oficial, sostuvo que la declaración de Sosa a los medios de comunicación «no tiene validez porque ella es sometida a un proceso dentro de su propia institución».
Además, según el pronunciamiento, se trataría de una «campaña mediática» que pretende «cambiar el eje de atención sobre la masacre y victimización a los agresores» en Pando. Ayer, ella se reunió con la Organización de Naciones Unidas, en La Paz.
Defensor pide investigación
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, manifestó ayer que el Ministerio Público deberá realizar una investigación sobre las declaraciones vertidas por la suboficial Mirtha Sosa Chalar, detenida y luego confinada a La Paz desde Porvenir (Pando) el lunes 15 de septiembre.
«Las declaraciones de la señora (Sosa) necesariamente implican la investigación. Si ella manifiesta que ha sido objeto de vejaciones y torturas, inmediatamente nace la obligación ineludible del Ministerio Público de desarrollar una investigación expresa, para que se verifique si lo comentado por la ciudadana es verdad o no tiene respaldo», expresó Albarracín.
La suboficial, en una entrevista con este medio, afirmó el martes que fue traída a La Paz mientras soportaba golpes e insultos de militares.
Un motín policial habría desembocado en su liberación de confinamiento, dijo. Luego fue internada en la clínica policial.
MARINKOVIC DENUNCIA QUE HAY PERSECUCIÓN A CÍVICOS
LÍDERES • Informó que Melena está exiliada y que Bayard su puso «a buen recaudo».
• CÍVICO • Marinkovic durante una conferencia de prensa.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, denunció ayer que el Gobierno inició una persecución política que pretende encarcelar a los líderes de la autonomía, vulnerando el ordenamiento jurídico vigente en el país.
«En este momento tenemos cívicos que están perseguidos, una está en el exilio (la pandina Ana Melena) y el cívico de Tarija (Reynaldo Bayard) está a buen recaudo, cuidando más que nada su integridad física, porque la manera como han detenido en Villamontes a un líder cívico fue como en las peores dictaduras», señaló el dirigente cívico.
Marinkovic se refirió a la captura del dirigente cívico de Villamontes José Vaca que, según dijo, fue irregular, porque la ejecutaron «encapuchados y sin ningún mandamiento de apremio».
Pidió a la población que se mantenga firme, porque «ha ganado con su voto el derecho a vivir bajo un modelo autonómico, de libertad y democracia».
El prefecto Rubén Costas lamentó que con la captura de Vaca, el Gobierno hubiera incumplido el acuerdo firmado para el diálogo. «Lamento que se haya incumplido, y esto que ha sucedido en Tarija es totalmente inadmisible, hay una persecución política que no son las condiciones dentro del chantaje y la presión para que pueda desarrollarse un diálogo». Redacción Santa Cruz.