Quien ha orquestado todo es el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, un abogado que trabajó en el régimen de García Meza y que estaba suspendido por haber cobrado entre $us 5 y 10 mil a los nuevos fiscales para acceder a los cargos. El Nuevo Día
• dúo • El fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez (izq.) y el juez Willams Dávila, orquestaron la cacería a los cívicos. El ex paramilitar Jorge Gutiérrez Roque, actual Fiscal de Distrito de La Paz, un ex paramilitar en la dictadura de García Meza, es quien, en una combinación el gobierno de Evo Morales, ha orquestado la cacería a los dirigentes cívicos, violentando todos los principios de legalidad, denunció ayer el diputado cruceño, Wálter Arrázola.Morales estaba suspendido acusado de haber cobrado entre 5 y 10 mil dólares a los nuevos fiscales para acceder al cargo; sin embargo, con el apoyo del Gobierno volvió al cargo, y por encima de la Fiscalía General de la República, organizó un grupo especial de tres fiscales para investigar los llamados atentados al Estado, ya sea en la toma de instituciones públicas o el cierre de válvulas.Un certificado emitido por el Comandante General de la Policía Nacional, Isaac Pimental, refiere que Gutiérrez ha sido funcionario de la Dirección de Investigación Nacional (DIN) durante el régimen de García Meza, organización a la que se le atribuye la muerte del líder socialista Marcelo Quiroga y Luis Espinal.De igual manera, una nota emitida por el encargado de Ventanilla Única de la Fiscalía de La Paz, el propio Gutiérrez tiene 14 procesos penales, entre ellos uno de consorcio ilegal de abogados con su ex esposa.Arrázola dijo que el ministro de Gobierno Alfredo Rada se contactó con Gutiérrez y con dos candidatos a Fiscal General, Genaro Quenta y el actual juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Willams Dávila, para amar la operación legal en contra del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.También le hablaron a la abogada Mery Carrasco para que representara a tres normalistas muertos en Porvenir, y así esperaron que el prefecto llegara hasta La Paz y el caso radique en el juzgado de Willams Dávila, quien fue candidato a diputado por el MAS, en las elecciones del 2005, y se conjure la detención en forma ilegal.Este mismo grupo es que ha organizado la cacería contra los autonomistas y actualmente tiene mandamientos de apremio para dirigentes cívicos de Santa Cruz, Tarija, Sucre, Beni y Pando.Arrázola informó que se han violentado todos los principios legales, como el de la territorialidad, pues no existen delitos de orden nacional, como lo afirma el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.“No se puede detener a una persona y llevarla a otro, porque es en el lugar del hecho donde están las pruebas y también los elementos para que el acusado se defienda”, dijo.Hay 25 cívicos en ‘lista negra’La organización de Derechos Humanos, Human Rights, denunció que aparte de los 22 presos políticos a la cabeza del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y los 500 exiliados en el Brasil, se suma una lista negra de 25 dirigentes autonomistas con mandamiento de apremio.Se trata de la alcaldesa de Boyuibe, Alejandrina Vacaflor, los cívicos cruceños, Branko Marinkovic, Roberto Gutiérrez, David Sejas, Alfredo Saucedo, los benianos, Ana Melena, Ricardo Shimokawa, José Luis Sánchez, Irán Arab, Danilo Huari, Abel Janco, Ignacio Janco, Fermín Terrazas, los benianos Luis Alberto Rojas, José Luis Forero, los chaqueños Reynaldo Bayard, Julio Villalobos, Edgar Manú, Javier Vaca, Alan Davis, Vestí Muñoz, Wálter Sobrino, Tony Gómez, Franz Elvis, Asquis Franco y «Lilico» Apuri.Actualmente en La Paz se ventilan los procesos contra los chaqueños José Vaca y Jimmy Benítez, el primero detenido en San Pedro, y el segundo liberado este sábado por el juez Willams Dávila.