Una vez aprobado el texto constitucional, se realizarán elecciones generales y empezará a trabajar la Asamblea.
Las autonomías dependen de plazos y pactos políticos.
• En la plaza Murillo• Miles de personas festejan el anuncio de la aprobación de la ley de convocatoria al referéndum sobre el proyecto de la nueva CPE. Ocurrió el 21 de octubre.
La Razón
De aprobarse el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) en la consulta nacional del 25 de enero del 2009, el país necesitará más de cinco años para implementar sus reformas. Algunas de ellas, como las autonomías, necesitarán una década, según explicaron los políticos que trabajaron en este proceso.
El tránsito al Estado plurinacional, comunitario y autonómico comenzará inmediatamente después de que entre en vigencia la nueva Carta Magna (ocurriría en febrero del 2009), por lo que el país atestiguaría la consolidación de este proceso el 2014.
“El reordenamiento institucional y normativo puede tardar de cuatro a cinco años”, señaló el ex asambleísta y ahora ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero. Anticipó que el trabajo será muy complejo, si se toma en cuenta que hay más de 12 mil leyes que rigen el destino del país y que tendrán que adecuarse al contenido a la nueva CPE.
Además, explicó que paralelamente deberán generarse otras leyes específicas en función de las características del nuevo Estado y esto deberá ocurrir lo más pronto posible. “No puede haber un vacío jurídico”, señaló el senador de Podemos Carlos Böhrt, quien junto a Romero trabajó en la última fase de adecuación del proyecto de texto constitucional.
Justamente fruto de ese trabajo, se corrigió la disposición abrogatoria del proyecto de CPE, aclarando que con la vigencia del nuevo texto quedaba abrogada la CPE aprobada en 1967 y nada más. El texto que se había aprobado en Oruro, en diciembre del 2007, establecía la “derogatoria de todas las disposiciones contrarias a esta Constitución”.
El actual Congreso cumplirá un papel de bisagra. Según las disposiciones transitorias del proyecto de nuevo texto constitucional, una vez que la nueva CPE entre en vigencia, deberá sancionar, en un plazo máximo de 60 días, un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional (actual Congreso) del Presidente y el Vicepresidente. Los comicios nacionales se realizarán el 9 de diciembre del 2009.
El próximo paso será la elección de autoridades departamentales y municipales, que se realizará el 4 de abril del 2010.
Según Romero, luego vendrá la etapa de edificación normativa para los poderes Judicial y Electoral, además de las autonomías. En un plazo máximo de 180 días después de su implementación, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá sancionar la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. El senador de Podemos y presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Luis Vásquez, recomendó a los actuales legisladores “que vayan preparando proyectos de ley” para acelerar el tránsito al nuevo Estado.
En el caso de las autonomías, los cuatro departamentos que en julio del 2006 aprobaron este modelo accederán directamente a ese régimen, previo ajuste de sus estatutos para que sean compatibles con la nueva Constitución.
Los otros departamentos deberán seguir un proceso que pasa por la iniciativa ciudadana y un referéndum para aprobar su ingreso a las autonomías. Luego, deberán aprobar estatutos, nombrar autoridades en función de sus diseños de administración departamental, aprobar normativas locales y adecuar sus instituciones al nuevo modelo.
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Luis Revilla, calculó que la implementación de estos modelos, por su complejidad, llevará entre cinco y diez años.
En el caso de las instituciones judiciales, en el plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo con ésta, se procederá a la revisión del escalafón judicial. Según explicó el senador Vásquez, la elección de nuevas autoridades deberá esperar hasta que las actuales cumplan su mandato.
En consecuencia, “no va a ser corta la transición jurídica e institucional”, advirtió Böhrt, tras recordar que en Colombia este proceso llevó más de 15 años y, en Bolivia —dijo—, la vigencia de la ley e institucionalidad del Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura tomó tres años.
En materia económica existen algunos plazos definidos. Por ejemplo, un año desde la elección del Ejecutivo y el Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico, sin que esa migración suponga desconocimiento de derechos adquiridos
En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. Las concesiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la nueva CPE, deberán adecuarse a ésta en un año.
En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución.
La actual Constitución Política del Estado data de 1967 y en el curso de su historia fue modificada parcialmente en ocho ocasiones. Según Romero, el futuro marco legal “requerirá de pactos políticos”, como ocurrió antes.
Por ello, la celeridad de esta labor, como la construcción institucional, estará condicionada a la correlación de fuerzas en la futura Asamblea Plurinacional, señaló el asambleísta Raúl Prada.
Romero dijo que el trabajo será “un diseño de Estado para los próximos 50 años”.
La justicia debe contar en un año con leyes
Una vez instalada la Asamblea Legislativa Plurinacional, como resultado de las elecciones de diciembre del 2009, tendrá un plazo de 180 días para aprobar la ley que regulará al nuevo órgano judicial y, a partir de entonces, correrá un año para la revisión del escalafón judicial en vista a la renovación de autoridades.
“Es muy optimista el plazo de seis meses que se da. ¿En seis meses estará una ley?”, expresó el senador de Podemos Carlos Böhrt, quien participó del proceso de diálogo político que terminó viabilizando el referéndum constituyente de enero.
El Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Judicatura, Tribunal Constitucional y la Jurisdicción Indígena Originaria hacen al nuevo órgano judicial. Cada uno de ellos deberá tener su ley.
Posteriormente se deberá elegir, mediante voto, a las autoridades de estas instituciones. Como no había sucedido en el pasado, se reconoce la justicia comunitaria en su jurisdicción.
La Iglesia Católica pierde sus privilegios
Una vez aprobada la Constitución Política, el Estado boliviano se convertirá en laico y romperá su lazo político con la Iglesia Católica y, como consecuencia de ello, ésta perderá los privilegios que tenía frente a otras religiones, explicó el constituyente del oficialismo Raúl Prada.
“Habrá un nuevo relacionamiento entre el Estado y la Iglesia Católica, no puede el Estado seguir cubriendo los gastos de la Iglesia Católica”, señaló Prada, mientras que el senador de Podemos Carlos Böhrt precisó que el nuevo relacionamiento deberá asentarse en convenios.
“El relacionamiento va a ser a través de convenios, ya no de tratados o de concordatos, que era la única iglesia que tenía ese privilegio”, añadió el legislador.
“Italia, donde está la sede del Papa, ha separado la política de la Iglesia”, recordó el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero. Añadió que no ve problemas en la relación con el Representante del Papa en Bolivia.
Las autonomías dependen de plazos y pactos políticos
La implementación de las autonomías no sólo estará marcada por el tiempo, que se proyecta de cinco a diez años, sino también por la celeridad con la cual se encaminen los pactos políticos entre el Estado y los departamentos y al interior de los departamentos para diseñar el nuevo relacionamiento institucional.
El ministro de Desarrollo Rural y uno de los principales gestores de los acuerdos en materia de autonomías, Carlos Romero, explicó que los pactos son imprescindibles en la medida que ello definirá una serie de aspectos que pondrán en marcha los diferentes modelos autonómicos fijados en el texto constitucional.
Se definió la vigencia de las autonomías departamental, provincial, indígena, además de la ya existente municipal. Los dos primeros modelos tendrán capacidad legislativa, mientras el tercero se creará como un espacio de “planificación y gestión”.
“Los departamentos, en su interior, deben ver cómo van a manejar el tema provincial-regional, la delimitación con las autonomías indígenas, la coordinación, los mecanismos de participación que implementarán, qué instituciones propias diseñarán en su autogobierno; esos son pactos”.
Evitó referirse a plazos en el entendido de que la realidad de los diferentes espacios autonómicos que se configurarán son heterogéneos. “Las potencias institucionales son distintas. No es lo mismo la potencia institucional que pueda tener Santa Cruz con relación a Pando”, graficó.
Uno de los primeros pasos en el avance de la autonomía departamental será la adecuación de los estatutos autonómicos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija al texto constitucional, que será sometido al soberano en enero. El marco normativo lo definirá una ley de autonomías.
Según el presidente de la Federación de asociaciones Municipales (FAM) y presidente del Concejo edil de La Paz, Luis Revilla, la implementación “tomará años”. Mencionó de cinco a diez.
Según el senador de Podemos Luis Vásquez, las autonomías podrían encaminarse en los siguientes cinco años, incluyendo el marco normativo que necesitarán y el proceso de transferencia de competencias.
Los gobiernos autónomos departamentales tendrán 36 competencias exclusivas, mientras los municipales 43, y los indígenas 23 competencias exclusivas. Se acordará y transferirán las competencias de la autonomía regional, una vez se constituyan.
El ex constituyente del MAS Raúl Prada anticipó que las autonomías indígenas en oriente se asentarán en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y, en occidente, en los municipios.
LOS ARTÍCULOS
Art. 272 • “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva…”
Art. 277 • “El gobierno autónomo departamental es constituido por la Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa…”
Cuarta transitoria • “Los departamentos que optaron por las autonomías departamentales (cuatro) en el referéndum del 2 de julio del 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos al control constitucional”.
Art. 296 . “El gobierno de las autonomías indígena originario campesino se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización…”
Un régimen electoral para multielecciones
El Poder Electoral, el cuarto de la estructura del futuro Estado, será configurado por la nueva Asamblea Legislativa para encarar el desafío de llevar adelante una serie de procesos electorales que se avecinarán en el ámbito judicial y de las autonomías.
El ex constituyente del MAS Raúl Prada anticipó que, por ejemplo, se normará sobre las elecciones por usos y costumbres que se desarrollarán en el marco de las autonomías indígenas.
Las futuras actividades del órgano electoral también contemplarán la responsabilidad de organizar y realizar elecciones de subgobernadores, miembros de los consejos departamentales y de las diferentes instancias del Poder Judicial.
Estas son iniciativas inéditas en Bolivia. Las elecciones nacionales que se prevé realizar el 9 de diciembre se efectuarán sobre la base de un nuevo régimen electoral que, según las disposiciones transitorias del proyecto de texto constitucional, diseñará el actual Congreso.
La migración de concesiones llevará un año
De aprobar el soberano en enero el texto constitucional, se dispondrá de un año para que el conjunto de concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos se adecúen al nuevo ordenamiento jurídico, sin que ello implique el desconocimiento de los derechos adquiridos.
En este mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. Además, las concesiones mineras deberán adecuarse en un año vía contratos mineros.
“En la Constitución se está proyectando transitar a un nuevo sistema de gestión y recursos naturales, que está fundamentalmente orientado a la entrega de licencias y registros. Los procedimientos de conversión, de migración de un régimen jurídico a otro, no disminuyen derechos”, explicó el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.
