Editorial de El Nuevo Día.
Cinco comisiones investigan lo ocurrido el 11 de septiembre en Pando. La mayoría de ellas, incluyendo la encabezada por una delegación internacional enviada por Unasur, no gozan de credibilidad y la opinión pública da por descontado que sus conclusiones serán idénticas a la versión oficial que ha construido el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, gracias a un gigantesco aparato de comunicación, con videos montados y testimonios fraguados.
Es poco lo que queda por averiguar después de lo que han logrado los medios de comunicación que han llegado hasta Pando a reconstruir los hechos violentos. Este trabajo y el realizado por periodistas pandinos, que consiguieron registrar importante material en medio de las balaceras y el acoso militar, constituye una evidencia absolutamente incómoda para el Gobierno, que mantiene preso al prefecto Leopoldo Fernández acusado de haber planificado y perpetrado una masacre de campesinos.
Una investigación del periódico La Razón que llena 16 páginas con testimonios, relatos, fotografías y documentos valiosos, concluye que lo de Pando fue un enfrentamiento y no una masacre como pretende hacerlo ver el Gobierno, responsable de haber movilizado campesinos armados a zonas donde supuestamente había un conflicto de tierras. Este fue simplemente un ardid para acarrear seres humanos que se convirtieron en carne de cañón de los planes que el ministro Quintana había exteriorizado muy claramente un mes antes.
También se han comenzado a registrar testimonios de algunos miembros de la Iglesia Católica que estuvieron presentes en Porvenir, Filadelfia y Cobija y que han logrado expresarlos en un informe que tiene muy preocupado al Gobierno. El mayor “hostigamiento”, sin embargo, viene por el lado de los periodistas, especialmente pandinos y riberalteños, que no han dejado de sorprender a la audiencia en todo este mes posterior al fatídico “Cobijazo”.
Eso explica en parte la manera tan hostil con la que trató Evo Morales al cardenal Julio Terrazas y que el ministro Quintana anuncie públicamente y sin ruborizarse, una campaña de persecución y desprestigio de los periodistas pandinos. En su lista estaba, obviamente, Jorge Melgar, un comunicador muy popular en Riberalta, autor del video que muestra al ministro de la Presidencia difundiendo en público el plan que le tenía preparado a Leopoldo Fernández. El periodista estuvo en Santa Cruz la semana pasada, donde habló de la existencia de más videos.
Con el mismo descaro y abuso con el que se secuestró a dos dirigentes cívicos tarijeños, fuerzas de asalto del Ministerio de Gobierno se llevaron a Jorge Melgar de su casa la madrugada de este lunes. El operativo fue realizado por encapuchados que desplegaron toda la espectacularidad posible, como para que quede bien claro el mensaje amedrentador. La acusación de “terrorismo” ya está sonando trivial, pero no para quienes tienen la justicia comprada.
Con el mismo descaro y abuso con el que se secuestró a dos dirigentes cívicos, encapuchados del Gobierno se llevaron al periodista Jorge Melgar. El operativo fue realizado con un gran despliegue de espectacularidad, como para que quede bien claro el mensaje amedrentador.
Cualquiera entiende
bajo el penoco
Miles de campesinos, dirigentes y sindicalistas encabezados por Evo Morales iniciaron la marcha desde Caracollo hacia La Paz con el objetivo de cercar el Congreso y forzar la aprobación de la ley de convocatoria a un referéndum constitucional. “No es un cerco, es sólo para que entiendan y aprueben rápido la ley”, dijo el presidente. En el Parlamento persiste el amago de diálogo con el oficialismo, que mantiene su resistencia a no tocar el texto que aprobó en Oruro el año pasado. El MAS asegura que por lo menos diez mil milicianos han iniciado la marcha y el Primer Mandatario quiere reunir un millón de personas dentro de ocho días en la sede de Gobierno. Esta es la octava vez que el Gobierno apela a su clásica estrategia de convencimiento y nunca le ha fallado. Así cualquiera entiende.
La frase
“Los ministros nos están vigilando y violando la Constitución, lo hacen con los cívicos y ahora con los periodistas”.
Savina Cuéllar, prefecta de Chuquisaca.