Entre paréntesis….
Cayetano Llobet T.
Confieso que me están cansando las aberraciones. Que se esté discutiendo tal o cual párrafo de la Constitución de La Glorieta , significa que el proceso de fagositosis de la legalidad ya se ha consumado. Nos queda asistir a las aberraciones que vienen.
No sé a quién se le habrá ocurrido -mejor dicho, ¡sé a quién!- aquello de que la información y la opinión deben obedecer al criterio de responsabilidad y veracidad. ¿Y no se pone que el comercio debe regirse por criterios de honradez y licitud? ¿Y que la ingeniería debe practicarse con seriedad? ¿Los médicos pueden ser irresponsables? Entonces, ¿por qué no incluirlos en la Constitución ?
Una Constitución Política del Estado no es una enumeración de requisitos morales. Las faltas en el ejercicio de la ciudadanía republicana se tipifican y se anotan en los códigos correspondientes. Y los periodistas hacen mal cuando piensan que la inclusión de ese inciso es sólo un daño a ellos: ¡es el enunciado justificador de la mordaza al conjunto de la sociedad!
El artículo 7 de la actual Constitución no dice que el derecho “a emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión” es un derecho de los periodistas. ¡Dice que es uno de los derechos fundamentales de las personas!, y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión…” ¡Todo individuo, no sólo los periodistas!
Y se me paran los pelos cuando en alguna situación como la detención de Jorge Melgar, escucho a doña Ana María Romero condenando las formas de la detención -¡faltaría más!-, pero aclarando que “también es cierto que muchas personas que no son periodistas, hacen periodismo y, claro, no saben de la ética”… ¿Quién le ha regalado a la señora, la parte de ética que me corresponde? ¿Entregarán la ética en una cajita junto con el diploma de periodista? ¿De qué ética, señora Ana María Romero, no sabemos los que no somos periodistas? Los periodistas, señora, son parte de una sociedad de iguales. Su título universitario los califica para el ejercicio de un oficio, pero no les regala el monopolio de la opinión y de la expresión, ¡y menos de la ética! Y supongo, doña Ana María, que también tendrá en cuenta a aquellos periodistas -y hoy hay muchos- que hacen periodismo sin ninguna ética: en algunas oficinas y medios gubernamentales le pueden proporcionar abundante información. Por lo demás, no resulta inútil recordar que los mejores periodistas de este país -¡y conste que incluyo a Mesa!-, no han salido de ninguna academia.
Pero resulta -¡otra aberración en el camino!- que uno de los argumentos gubernamentales del trato que recibió Jorge Melgar, es que ¡”ni siquiera es periodista”! Y que, para colmo, no está afiliado a ninguna asociación. Y como ya no se trata de una agresión, de un abuso, de un secuestro, de una violación flagrante de derechos a un periodista, sino a un simple y común ciudadano, ¡valen las patadas, valen las capuchas, vale la violación de su casa, vale la notificación presidencial a los periodistas: “si ustedes lo defienden, entonces todos son de ese nivel…”! ¿Los derechos dependen del nivel?
No. La defensa de la libertad de expresión, de opinión, la defensa de los derechos humanos, es para todos los ciudadanos. Y el derecho a la defensa y al debido proceso es uno de los esenciales. Y habrá que defenderlo, incluso para aquellos que tendrán que ser juzgados, en su momento, por los delitos que están cometiendo hoy.