Los Tiempos. Editorial.
…más allá de cuál de los posibles desenlaces sea el que se imponga, lo único cierto es que se habrá dado un nuevo avance en el despeñadero que conduce a la destrucción de la institucionalidad republicana.
La sorpresiva decisión del Vicepresidente de la República de convocar a sesión de Congreso para mañana, dando de manera implícita por concluidas las negociaciones que se venían realizando en pos de un acuerdo, permite suponer que el gobierno está dispuesto a librar la batalla definitiva para imponer, "por las buenas o por las malas", su proyecto de Constitución.
El hecho de que simultáneamente el Presidente se hubiese puesto a la cabeza de la marcha hacia La Paz de varios miles de sus seguidores, confirma que el combate tendrá dos escenarios: el Congreso y las calles.
Aparentemente, el primero de ellos, el del Congreso, sería el escenario de la legalidad y el segundo el de la arbitrariedad. Sin embargo, es ya tanto lo que en nuestro país ha recorrido el proceso de destrucción de la institucionalidad y del andamiaje legal que la sostiene, que esa apariencia es engañosa, pues si nos atenemos a lo que dicen las leyes vigentes sobre los procedimientos que se deben seguir para modificar la Constitución Política del Estado, los parlamentarios no tienen ninguna atribución para negociar modificaciones al texto elaborado, ilegalmente también, por la Asamblea Constituyente.
Como se recordará, después de muchas prórrogas y modificaciones a los términos en que dicha Asamblea fue originalmente convocada, el 14 de diciembre de 2007 llegó a su término y consciente de ello, el MAS forzó el trámite hasta el colmo de lo ocurrido en el cuartel militar de La Glorieta, primero, y en Oruro después.
Fue con el propósito de mantener, aunque fuese en el plano formal, el respeto a la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que se cometieron los excesos por todos conocidos. Así, de muy mala forma, se dio por concluida la tarea de los constituyentes y se pasó a la convocatoria al referéndum para que sea el pueblo el que manifieste su última palabra acerca de la propuesta de nuevo texto constitucional.
Ha transcurrido casi un año desde entonces, y durante todo este tiempo el texto de Oruro ha pasado y sigue pasando por muchas manos, ninguna de las cuales tiene atribución para introducir modificaciones por superficiales que éstas fueran.
Ahora, aprovechando que el respeto a las normas es algo que a nadie importa, el gobierno a través de sus ministros ofrece hacer unas cuantas enmiendas a las contradicciones de proyecto de Constitución con el propósito de disminuir la resistencia de los parlamentarios opositores. Y éstos, muy tranquilos, se prestan al juego, colocándole una aureola de legalidad y legitimidad a un documento que carece de esos atributos.
En esas circunstancias, lo único que puede esperarse es que una vez más oficialismo y oposición se hagan cómplices para escarnio de los fundamentos propios de un régimen democrático.
En la mejor de las hipótesis, eso conduciría a que el MAS haga leves concesiones a cambio del visto bueno que termine de despejar la ruta hacia a la aprobación de su texto constitucional. En el peor de los casos, daría la apariencia de haber extremado esfuerzos para hacerlo, quedando ante los ojos de los observadores y de la opinión pública, como modelo de espíritu concertador frustrado por la intransigencia de la oposición. En cualquiera de ambos casos, el triunfo político estaría de su lado.
Por todo lo anterior, y más allá de cuál de los posibles desenlaces sea el que se imponga, lo único cierto es que se habrá dado un nuevo avance en el despeñadero que conduce a la destrucción de la institucionalidad republicana.