El Deber
Editorial
Al volver -hace pocos días- de la breve cumbre de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en Lima y ante la imposibilidad –hasta el momento- de compatibilizar criterios en ese organismo con respecto a las pautas de negociación con la Unión Europea, el presidente Evo Morales propuso un “referéndum andino” para dirimir la cuestión.
Ya antes tuvimos en nuestro país el llamado referéndum revocatorio, realizado sin ningún sustento legal y con dos resoluciones en contrario de la única sobreviviente del casi extinto Tribunal Constitucional. Ahora, la fiebre de moda es el referéndum por la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en base al controvertido texto aprobado por el MAS y cuya propia legalidad es harto dudosa.
Pero, claro, en consonancia con lo dicho por el primer mandatario y ya oportunamente comentado en esta misma columna, al final se trata de ir “legalizando lo ilegal”, en éste y en campos anteriores, como –por lo visto- se pretende hacer en el futuro inmediato a costa de más y más referéndums. Y ahora se tiene hasta una propuesta concreta para internacionalizar esta verdadera inflación ‘referendista’ que tenemos actualmente en Bolivia.
No en vano los referéndums tienen poco predicamento en la vieja Europa. Salvo aquellos legendarios ejercicios de democracia directa que realizan algunos cantones suizos, este acto plebiscitario es tomado con pinzas. Y no es para menos, pues en el pasado los referéndums sirvieron para darle una pátina de falsa legitimidad -mediante el forzado voto- a prácticas horrendas de los nefastos totalitarismos del siglo XX. En otras latitudes, la prédica ‘referendista’ ha sido y es eterna favorita de autócratas y dictadores, quienes, además, siempre ganan los suyos por sospechosas cifras abrumadoras.
El truco acá consiste en machacar con aquello de “dejar que el pueblo decida” o “lo mejor es que la gente vote a favor o en contra” y otras almibaradas frases por el estilo que calan en la sencilla mente popular y hasta en las de algunos observadores internacionales. En su sano juicio, ¿quién puede oponerse al veredicto del pueblo? Nadie, desde ya, pero para que ese veredicto tenga validez, lo sometido a votación tiene que haber tenido un impecable proceso previo y estar –hasta la saciedad- bajo el manto de una innegable legalidad. No se puede ir a votar algo que no encaja en esa dimensión. Y eso es lo que se quiere hacer ahora, sin contar con que en el futuro podremos seguir teniendo referéndums para todos los gustos y colores, al mejor estilo de prácticas anti- democráticas similares en otras partes del mundo y de tristes consecuencias. Preocupante.
Volvamos a la ley y midamos las cosas. La práctica del referéndum indudablemente resulta útil y conveniente, pero en su medida y armoniosamente, no de forma inflacionaria y desproporcionada o –peor- sin contemplar previamente aspectos legales de incuestionable importancia, mientras se arrastra al pueblo para que legalice con su sagrado voto algo que no tiene pureza jurídica y lo transforme en un acto político.
Una Constitución es algo demasiado serio, demasiado trascendental para el porvenir de una nación. Consensos auténticos y no apresuramientos, dudosas legalidades o imposiciones, es lo que se precisa en Bolivia aquí y ahora.