Un mes después de la matanza en la región boliviana de Pando, donde murieron al menos 15 personas en un choque civil entre campesinos oficialistas y autonomistas opositores, las heridas siguen abiertas en forma de desplazados, rencores y reproches.
Cobija (foto archivo La Prensa)
Por:Abraham Zamorano
Cobija, Bolivia | EFE
Mañana, 11 de octubre, se cumplirá un mes del episodio más violento en la última ola de conflictividad que ha vivido Bolivia, consecuencia de la grave confrontación política entre el proyecto del presidente Evo Morales y el reclamo autonomista de varias regiones gobernadas por la oposición.
Un camino amazónico entre Cobija, la capital pandina, y la pequeña localidad de Porvenir fue el escenario de un cruento choque civil armado que acabó con un número aún no preciso de muertos, unos quince según fuentes oficiales, casi todos campesinos afines al Gobierno.
"Sólo queríamos participar en una asamblea cuando los cívicos nos masacraron", declararon a Efe en Pando algunos representantes de los movimientos afines a Morales.
"Venían centenares de campesinos armados dispuestos a tomar Cobija y a quemar la Prefectura (Gobernación)", aseguran por su parte algunos opositores que han optado por huir a Brasil (desde Cobija se puede cruzar la frontera andando) y comenzar los trámites para obtener la condición de refugiados.
Estos testimonios recabados por Efe reflejan las distintas versiones sobre unos hechos que aún no han sido totalmente esclarecidos y que están siendo investigados por instancias nacionales e internacionales.
Para el Gobierno de Morales, lo que ocurrió en Pando fue una "masacre de campesinos" orquestada desde la Prefectura y por la que debe responder el entonces gobernador, el opositor Leopoldo Fernández, que se encuentra recluido en un penal de La Paz.
Los simpatizantes de Fernández, desde el lado brasileño, aseguran sin embargo que no hubo tal masacre, que entre los campesinos sólo fallecieron dos personas y que cayeron al menos seis venezolanos que habrían sido infiltrados por el Gobierno.
El Ejecutivo ha desmentido la implicación de venezolanos y en Santa Cruz (oriente) un fiscal investiga esta acusación.
Mientras, en el remoto departamento amazónico del norte boliviano, todavía bajo estado de sitio, aún es posible encontrar heridos en los hospitales, coches quemados llenos de huellas de balazos y centenares de desplazados a Brasil.
Junto al fuerte resguardo militar brasileño en la frontera de ese país con Cobija, éstos son sólo algunos de los ejemplos de los restos dejados por lo que se intuye fue una auténtica batalla.
Los oficialistas defienden que el pasado 11 de septiembre iban desarmados, con niños y mujeres, a una asamblea para después marchar de forma "pacífica" a Cobija, mientras los opositores acusan al Gobierno de haber proporcionado a sus bases armas para provocar la violencia.
Carlos Haensel, un dirigente sindical de Filadelfia, localidad de Pando considerada el bastión del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales), asegura que los campesinos sufrieron una "emboscada" en la que también participó la policía.
"Ellos (los opositores) son los que han organizado la masacre. No queríamos enfrentamientos pero llevaban tres meses agrediéndonos", aseguró Haensel junto a los restos de lo que fue la Alcaldía de Filadelfia, incendiada un día después de los enfrentamientos.
Sin embargo, los opositores explican que estaban en "vigilia" ante la llegada a Cobija de campesinos que, según sus noticias, iban armados.
Cuando ambos grupos se encontraron en un primer choque, el primero en caer por los disparos, dicen los autonomistas, fue Pedro Oshiro, funcionario prefectural, cuya muerte provocó la ira de sus vecinos de Porvenir que sacaron armas para defenderse y vengarle.
Así lo relató a Efe Hugo, un opositor autonomista que estuvo presente en el enfrentamiento, donde resultó herido, y que fue testigo de la muerte de Oshiro.
A pesar de los rencores y los reproches que todavía están a flor de piel, en esta región militarizada reina una especie de tensa calma que sólo se ve alterada por las largas colas ante los surtidores por el desabastecimiento de combustible.
Humberto, un taxista nacido en La Paz hace unos 30 años y que ha vivido en Cobija más de la mitad de su vida, aclara que puede trabajar gracias a que hizo "fila toda la mañana".
Los pandinos, ajenos a la crisis económica global, viven además preocupados por lo que es su "crack" particular: el cierre de la aduana en la frontera con Brasil, lo que ha provocado que cada vez sean menos los brasileños que llegan a Cobija para hacer compras.
"Cobija es una ciudad comercial que vive de la venta de "menudencias". Con el estado de sitio y la aduana brasilera cerrada, ya no vienen a comprar al lado boliviano", explicó el diputado opositor Ronald Camargo.