Esa misión prevé visitar a Leopoldo Fernández y a los confinados.
“Refugiados”: los bolivianos que están en Brasilea también fueron visitados por la comisión de Unasur
La Prensa
La Unasur también tomará declaraciones a los ciudadanos bolivianos que están en Brasil.
La comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que indaga los hechos violentos en Porvenir (Pando) ocurridos el 11 de septiembre, consideró, tras una primera semana de investigación, que todavía no se puede establecer si aquello fue una masacre o un enfrentamiento.
El responsable de esa misión, Rodolfo Mattarollo, explicó que la tarea de esa comisión es escuchar los testimonios de las dos partes, efectuar los peritajes y, en función de ello, precisar qué ocurrió en esa localidad.
“Una cosa es la descripción de los hechos y otra su interpretación. Unos nos hablan de enfrentamiento y reacción, incluso personas que no apoyan al Gobierno dicen que hubo reacción desproporcionada y que habría sido ataque de campesinos. Otra (versión) es que aquí hubo masacre, eso es lo que se conoció internacionalmente”.
Mattarollo explicó que tras escuchar los testimonios de todos los actores y ver el trabajo técnico, la representación que dirige podrá establecer algún tipo de hipótesis “que será establecido como Comisión de la Verdad”.
Durante la semana, esta instancia visitó a los ciudadanos bolivianos que huyeron a Brasil y están en poblaciones como Brasilea y Epitazolandia, pero aún no les tomó declaraciones.
En las cinco semanas que todavía tomarán las indagaciones, la comisión de Unasur tiene previsto visitar al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, recluido en el Penal de San Pedro, y también se entrevistará con los 14 pandinos confinados en un cuartel de Viacha.
Según las primeras investigaciones de la Unasur en el lugar de los hechos, Mattarollo aseguró que lo que “no se discute que se violó flagrantemente la ley en Pando”.
Detalló que las entrevistas a los testigos y actores de estos sucesos revelan que la Policía “actuó pasivamente” y no ejecutó a cabalidad su misión de imponer el orden, situación que será confirmada una vez que concluyan las indagaciones.
También dijo que en este primer contacto con los actores de los hechos violentos, éstos explicaron que un primer elemento para que se haya dado este choque entre autonomistas y campesinos afines al oficialismo, fue la tierra, puesto que tras la toma del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) los autonomistas habrían determinado revertir los suelos que les fueron otorgadas a los originarios.
“Nos han llamado a investigar hechos muy graves (como) ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, probablemente actos de tortura o malos tratos, todo esto significa para nosotros una carga, una responsabilidad grande que estamos tratando de cumplir de la manera mejor posible y más adecuada al mandato que se nos ha confiado (por parte de los presidentes que forman la Unasur)”.
Mattarollo también manifestó que la investigación concluirá una vez que se hayan escuchado “todas las voces”, para lo cual cada comisionado de la Unasur cuenta con un equipo integral compuesto por antropólogos forenses, equipos técnicos y especialistas en informática.
Respecto al cronograma de trabajo explicó: “En el término de cuatro semanas se harán las investigaciones testimoniales y dos semanas para la elaboración de informes, lo que nos daría mes y medio de trabajo”.
El representante de la comisión de la Unasur también explicó que ya solicitaron los informes judiciales a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que también investiga los hechos violentos.
A la fecha, esa instancia tomó declaraciones a efectivos de la Policía, al Fiscal de Distrito de Pando y también al ex Comandante de la Policía departamental, cuyo accionar fue cuestionado.
Un obrero asegura que militares le dispararon en el estado de sitio
Mauro C. T. (25) tiene una herida de bala en el tobillo derecho. Aseguró a La Prensa que fue herido por un militar el miércoles 15 antes de la medianoche, en la ciudad de Cobija, donde desde el 12 de septiembre rige el estado de sitio; sin embargo, el comandante del Comando Conjunto de Cobija, general de Brigada Wálter Panoso, deslindó responsabilidades a las Fuerzas Armadas (FFAA) y menos que tenga relación con la medida de excepción, y presumió que el hecho tiene “tinte político”.
La víctima informó que fue baleado a las 23.50 aproximadamente, en la calle 27 de Mayo.
Él es oriundo de La Paz y había llegado a Cobija ese día para visitar a sus familiares. “Con mi cuñado salimos a comer y a beber un poquito —relató—, cuando nos íbamos a casa (ubicada en la zona Paraíso) estábamos en su moto, nos faltaba unas cuatro cuadras para llegar, pero desde una camioneta escuchamos una voz diciendo ‘alto’ y cuando estábamos parando, el militar bajó y me disparó en el pie”.
Fue auxiliado y ahora está internado en el hospital Boliviano Japonés Doctor Roberto Galindo, de la zona 11 de Octubre de Cobija.
Panoso explicó que de acuerdo con el informe preliminar, el joven habría sido internado a las 23.30 del miércoles.
“Se recibió el parte, gracias a Dios no es un hecho en que se compromete a las Fuerzas Armadas. Nosotros salimos a hacer cumplir el toque de queda a partir de las 24.15 hasta 24.30, para que se retire la gente sin problemas y a varios que los sorprendemos les ayudamos, y saben los cobijeños; pero lo que pasa es que le están queriendo dar un tinte político a esto, es una calumnia porque siempre nos quieren involucrar y comprometer”.
Explicó que los patrullajes se hicieron a pie y no en vehículo, por lo que no hay indicios para culpar a un militar.
Intolerancia
El Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales propuso, según ABI, que el 11 de septiembre de 2008 sea declarado como el Día Nacional contra la Intolerancia Política y Étnica, en homenaje a las víctimas de Pando.
En carta dirigida al presidente Evo Morales Ayma y a los titulares de las cámaras de Diputados, Edmundo Novillo, y de Senadores, Óscar Ortiz, respectivamente, el director de esa entidad defensora de los derechos humanos, Guillermo Vilela, incluye el proyecto de ley.
“Creemos que esto no es suficiente, pero es un paso en el proceso para generar una cultura de respeto a las diferencias”.
El 11 de septiembre, según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, al menos 18 personas (entre campesinos, normalistas y funcionarios prefecturales) fallecieron en la localidad pandina de Porvenir. La mayoría de los muertos es del grupo de los indígenas que iban a un ampliado en Cobija.