El equipo de expertos se encuentra en Cobija. El viceministro de Justicia hace de "guardián" de la comisión y genera recelo entre la población pandina.
Cobija | El Deber
Una comisión de la Unión de Naciones de Suramérica (Unasur) se encuentra trabajando en esta ciudad para indagar los hechos luctuosos del 11 de septiembre, que provocaron la muerte de más de una decena de personas.
La presencia del grupo que representa a los 10 países del continente, es vista con recelo por la población, pero se conoció que una de las exigencias impuestas por los miembros de la delegación, es que les permitan trabajar sin presión, por lo que han optado por dejar a un lado la aparatosa seguridad militar que se les otorgó hace tres semanas, cuando vinieron por primera vez.
El grupo lo dirige el argentino Rodolfo Mattarollo y lo componen delegados, diplomáticos y juristas, apoyados por equipos técnicos especializados, como forenses, antropólogos, investigadores policiales y abogados expertos en derecho internacional, penal y DDHH.
En los primeros dos días de estadía en la capital pandina, donde está su centro de operaciones, se han entrevistado con autoridades judiciales, policiales y de la Iglesia, como con aquéllas que se encargan de precautelar los derechos ciudadanos, entre ellas el Defensor del Pueblo.
Hoy se tiene prevista su presencia en las localidades de Porvenir y Filadelfia, donde se registraron los conflictos entre grupos afines al prefecto confinado, Leopoldo Fernández, y campesinos pro gubernamentales en la indicada fecha.
Pese al pedido de independencia de la comitiva continental, el Poder Ejecutivo delegó al viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, para que coordine el apoyo logístico en su condición de país anfitrión. El funcionario llegó ayer por la mañana, en un vuelo regular, y confirmó su labor.
Su presencia causó susceptibilidad entre pobladores de Porvenir, que consideran que Unasur debe hacer una indagación equilibrada y sin la asistencia de funcionarios del Gobierno central.
Por ese motivo, una congregación evangélica puso como condición que la comisión de Unasur se desprenda de la asistencia oficial, porque de lo contrario no les cederán un inmueble, tal cual lo solicitaron, para usarlo como oficina permanente.