Cinco jueces son recusados en dos procesos a 21 ex confinados.
Oposición descalifica informe de Unasur.
• Los refugiados • Al menos 1.000 personas permanecen en Brasil. Parte de ellas viven en carpas en canchas de fútbol.
La Razón
La abogada de las víctimas de los hechos violentos de Pando, Mary Carrasco, anunció que se notificará a 84 personas más, tanto a las que están en Pando como a las que están refugiadas en Brasil, con el fin de que sean aprehendidas como responsables de los hechos acontecidos en septiembre en esa región.
Sin embargo, uno de los fiscales de la comisión que investiga el caso, Eduardo Morales, anunció —a la red ATB— que se elaboran los exhortos suplicatorios para extraditarlos desde Brasilea (Brasil), donde se refugiaron después de los hechos del 11 de septiembre del año 2008. También anticipó que solicitará un mayor presupuesto para hacer efectivo la extradición.
En tanto, Carrasco afirmó que “estamos esperando que se defina la situación de 20 imputados. (Pero) vienen otros más y van a ser aprehendidos. Son 84 (personas) que pasaron la frontera y otras que siguen en Pando”. Explicó que la defensa de las víctimas esperará que los que ahora son refugiados regresen al país para procesarlos.
Asimismo, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, manifestó que para el retorno de los bolivianos en Brasil existe una gestión de cooperación judicial internacional a través de la cual se encuentra a personas que escapen de la justicia en su país. “Es importante esa situación y es nuestra posición. Es normal cuando existen personas bolivianas que son perseguidas en un Estado y estamos en esa situación”, manifestó Chávez.
Carrasco complementó que en caso de que no logre nada con la colaboración internacional, “los declararemos rebeldes e iremos adelante con los que estén (en el país). No cometeremos el error de esperar como (en el caso de) Gonzalo Sánchez de Lozada”.
Sobre el video difundido por TVB en el que involucra a al menos siete funcionarios de la Prefectura de Pando y del Comité Cívico, Carrasco dijo que se presentará querellas correspondientes, pero indicó que el video no es suficiente y que se deben contar con más indicios.
Morales afirmó que se analizará el video para emitir un criterio.
Cinco jueces son recusados en dos procesos a 21 ex confinados
El Gobierno dice que son chicanas y la defensa quiere llevar el caso a Sucre
Patrullaje: soldados se trasladan a un cuartel en Cobija, la tarde del lunes
La Prensa
El Gobierno considera que son chicanas legales que dilatan el procesamiento de los ex confinados.
Al menos cinco jueces fueron recusados de dos procesos judiciales contra 21 ex confinados, entre ellos el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández; dos de ellos están imputados por peculado, mientras que la ex autoridad y el resto por la muerte de un conscripto y otros delitos. Con estas acciones la defensa de Fernández pretende llevar el caso a Sucre.
El Gobierno considera que las recusaciones presentadas son chicanerías para demorar las audiencias contra los sindicados.
El viernes 21, dos días antes de levantarse el estado de sitio en Pando, la Comisión Especial de Fiscales, que investiga los hechos ocurridos en esa región entre el 11 y 12 de septiembre, imputó al ex Prefecto y a 19 pandinos por el asesinato del soldado Ramiro Tiñini en la retoma del aeropuerto de Cobija, terrorismo, alzamiento armado, lesiones gravísimas y asociación delictuosa.
Paralelamente, ese día, fue abierto otro expediente por peculado (desaparición de seis millones de bolivianos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos) contra uno de los que ya habían sido imputados y contra otro ex funcionario del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).
Primer proceso
La causa del ex Prefecto y de los 19 ex confinados, cuyas medidas cautelares están pendientes de realización, pasó por tres juzgados. En esa audiencia se determinará si son o no recluidos en la cárcel; sin embargo, dos jueces fueron separados del litigio y uno se excusó voluntariamente.
El sábado 22, cuando la juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, debía conocer el caso, ella fue recusada por la defensa bajo el argumento de que tiene vínculos de amistad con autoridades del Gobierno.
Entonces, el proceso recayó en el juez de turno, es decir, el Juzgado Tercero Cautelar de El Alto, a cargo de Constancio Alcón, pero éste se excusó porque al parecer fue amenazado.
El lunes, el juez Séptimo, Róger Valverde, conoció los obrados, pero ayer, antes de que se pronunciara, fue recusado mediante un memorial presentado por Jorge Borobobó, familiar de uno de los ex confinados.
“De acuerdo con el memorial, es por un documento publicado en El Diario, dicen que emití una opinión anticipada” como presidente de la Asociación de Jueces.
El expediente fue remitido al Juzgado Noveno en lo Penal, administrado por Rolando Sarmiento, quien debe pronunciarse hoy.
Paralelamente, la defensa de Fernández presentó el lunes, ante el juez Valverde, una declinatoria de competencia a fin de que la investigación sea remitida al fiscal general Mario Uribe.
El abogado de la ex autoridad, Karlo Brito, explicó que su defendido debe ser juzgado en el marco de un juicio de responsabilidades. “Corresponde que este proceso sea acumulado y se vaya a Sucre, porque allá es donde se tiene que investigar procesalmente de acuerdo con la ley”.
La otra defensora de Fernández, Sandra Almanza, sostuvo que este juicio es ilegal porque su cliente no puede ser imputado dos veces por los mismos delitos. Según la jurista, el primer proceso corresponde a la muerte de tres normalistas, caso por el que el ex Prefecto está en San Pedro.
Sin embargo, la defensa del ex Prefecto desconoció este proceso por falta de competencia.
Proceso por peculado
En la causa por peculado, la audiencia cautelar debió llevarse adelante el sábado 22 en el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, a cargo de Constancio Alcón, pero éste fue recusado por el Ministerio de la Presidencia, debido a una supuesta relación de amistad con los imputados.
Los obrados fueron remitidos el domingo a la oficina de turno del juez Primero Cautelar, Freddy Gutiérrez, quien también fue separado, pero esta vez por un recurso interpuesto por el abogado de los aprehendidos, bajo el argumento de que está vinculado con el Gobierno.
Entonces, el caso recayó en el juez Primero, Carlos Guerrero, pero también fue recusado ayer.
El abogado de los imputados, Carlos Frías, explicó que solicitaron que se aparte de la causa porque “la defensa lo ha ofrecido como testigo, porque el juez mantiene amistad con otras de las autoridades recusadas”.
Ahora, el caso está en manos de la juez Segundo Cautelar, Julia Parra, quien se pronunciará hoy.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, aseguró que estos recursos son parte de una acción dilatoria de la defensa. Cuestionó que la parte querellada recurra a argumentos “insólitos” como el decir que los jueces son “amigos” de autoridades del Poder Ejecutivo.
Espera que en determinado momento la ética se imponga a las chicanerías y el litigio radique en un juzgado para que se lleven a cabo las dos audiencias de medidas cautelares.
Los cívicos del video prevén asumir su defensa
Ricardo Shimokawa, Edberto Mayna (vicepresidente y secretario general del Comité Cívico de Pando, respectivamente) y Akito Franco (funcionario prefectural), quienes aparecen en un video que les vincula con la “masacre de Porvenir”, preparan su defensa legal y una aparición pública para dar su versión sobre los hechos en esa localidad y desmentir las acusaciones fundadas en esas imágenes.
Esas tomas, que fueron entregadas a la comisión investigadora de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y difundidas el domingo por la Televisión Boliviana (TVB), muestran que esas tres personas forman parte activa de los acontecimientos del 11 de septiembre en Porvenir, que terminaron con la vida de al menos 20 personas, según la comisión de Unasur.
La Prensa se trasladó ayer a Brasileia (Brasil), adonde los cívicos huyeron una que vez fue dictado el estado de sitio el 12 de septiembre. En contacto con Akito Franco, informó que probablemente él y los otros dos involucrados brinden hoy una conferencia de prensa para explicar su versión de los hechos de Porvenir y desmentir la supuesta participación que habían tenido, según el video.
Este ex funcionario prefectural contó que los dirigentes decidieron acudir a sus abogados una vez que se enteraron de la existencia de esas imágenes que les vinculan con la muerte de los campesinos.
Shimokawa se encuentra en Río Branco (Brasil) junto a la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena, atendiendo asuntos personales, pero él reside en Brasileia.
El video vincula al primero con los hechos de Porvenir porque, cerca de la zanja que fue abierta en el puente de Cachuelita, se escucha una voz (que puede ser de él) que conmina a los campesinos a retirarse y amenaza con disparar “armas de verdad” en caso de que no lo hagan.
En cambio, Mayna y Franco son identificados con flechas en el lugar donde se habían producido los luctuosos acontecimientos, aunque, en el caso de este último, aparece de espaldas.
Franco se “refugió” en el coliseo Luis Eduardo Pessoa, pero en hace unas semanas alquiló una casa.
Procesan a 84 pandinos
La abogada Mary Carrasco informó ayer que 84 personas, entre cívicos y ex funcionarios de la Prefectura de Pando, serán procesadas por los hechos violentos ocurridos en Porvenir el 11 de septiembre. Carrasco representa a los familiares de tres normalistas muertos en esa oportunidad.
Eduardo Morales, fiscal de la comisión especial que investiga la denominada “masacre”, anunció que en las próximas horas los implicados que están en territorio pandino serán notificados, mientras que los refugiados en Brasileia serán convocados mediante edictos.
Explicó que de no presentarse estos últimos se recurrirá a trámites mediante la Cancillería, como es el exhorto suplicatorio para pedir su traslado a Bolivia, y para quienes estén en el país se expedirán mandamientos de aprehensión; en último caso serán declarados en rebeldía.
La Fiscalía pedirá al Gobierno un presupuesto adicional para la movilización de los investigadores hasta Pando y Brasil.
Oposición descalifica informe de Unasur
Opinión
La Paz/ANF.- El jefe de bancada del opositor Podemos en la Cámara de Senadores, Róger Pinto, descalificó, este martes, el informe de la Comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que investigó los luctuosos hechos del 11 de septiembre, cuando murieron unas 18 personas, por efecto de la crisis y la violencia política.
«Un trabajo dirigido por el señor (Rodolfo) Mattarollo ha castrado la verdad. Un informe preliminar que ha difundido (el diario argentino) El Clarín nos avergüenza porque nos ha privado a los bolivianos la oportunidad de conocer la verdad», dijo, el parlamentario, quien también cuestionó los mecanismos por los que se divulgó este reporte.
Para el senador opositor, el informe de Unasur, que se respalda en imágenes de los hechos del 11 de septiembre en El Porvenir y Filadelfia (a 30 kilómetros de Cobija – Pando), sólo cuenta con la versión del Gobierno. «Unasur tiene el vídeo completo y lo que ha hecho el Gobierno es castrar la información y manejarla como han querido y esa es la realidad», aseguró.
Sin embargo, el senador Pinto sostuvo que en perspectiva, la difusión de ese vídeo será «para bien» porque presenta a funcionarios de la Prefectura de Pando sin armas.
Consultado sobre la presencia del senador José Villavicencio de Unidad Nacional (UN) en el escenario del conflicto tal como revelarían las imágenes, Pinto dijo que ese hecho tiene que ser evaluado.
«Si alguna responsabilidad tienen los representantes nacionales es contribuir a que no haya violencia (…) No he visto al senador tirando petardos, agrediendo a alguien, sino todo lo contrario en las imágenes se ve a Villavicencio intentando allanar el diálogo para evitar la muerte de más personas», dijo.
La Comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) presentó un informe sobre los hechos del 11 de septiembre y concluyó que se trató de una «masacre» de campesinos motivada desde la Prefectura de Pando. El informe contiene un vídeo, que ya fue usado por el gubernamental Canal 7.