Achacachi anuncia “estado de sitio civil” para impedir investigación

La Fiscalía pide garantías para entrar en Achacachi.

El Viceministro de Justicia justifica los linchamientos.

Uno de los nueve ladrones torturados es un policía.



El Gobierno pide que sea el órgano judicial el que actúe.

image

• El bus de los supuestos asaltantes • Los pobladores de Achacachi quemaron el lunes el transporte en el cual, aseguran, se trasladaron los 11 presuntos delincuentes para robar.

La Razón

Mediante un cabildo, las autoridades buscan instaurar la medida para evitar el ingreso de los investigadores. Ninguna persona podrá caminar por las calles de la localidad desde las 22.00. Actualmente ya existe un control cívico.

Las autoridades de Achacachi anunciaron ayer que instaurarán un “estado de sitio civil” para evitar que ingresen en esta localidad los fiscales que investigan el linchamiento de dos presuntos ladrones. También se busca con esta medida evitar posibles represalias a los comunarios por parte de los delincuentes que lograron escapar del hecho.

“Vamos a tener un cabildo abierto. En ese (evento) vamos a declarar estado de sitio civil. Nadie, a partir de las 10 (22.00) y hasta las 5.00 de la mañana, tendrá derecho a caminar por Achacachi”, advirtió ayer a La Razón el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esta localidad, Eduardo Quispe.

Consultado sobre la posibilidad de instaurar un “estado de sitio civil”, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, señaló que sería delicado. Pedimos que no se entorpezca la investigación, por la gran mayoría de la población de Achacachi. Eso no vale la pena. Algún momento se dará con los responsables y eso tendrá su costo para ellos”, dijo.

El lunes 17, dos personas murieron violentamente a manos de comunarios de Achacachi. Fueron 11 las personas acusadas de robar objetos de valor de pobladores de esta localidad durante la celebración de la fiesta de San Cristóbal. Nueve de los acusados sobrevivieron al linchamiento. El miércoles se determinó su detención preventiva.

Si bien Quispe no especificó cuándo se iniciará el “estado de sitio civil”, adelantó que será llevado adelante por comunarios.

El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, explicó que ya se nombró un comité de vigilancia, el cual se encarga de alertar sobre la presencia de extraños en el área. “Se ha nombrado un comité de vigilancia. Van a vigilar las 24 horas. Si alguna persona sospechosa entra, inmediatamente se convoca a la gente con petardos y los silbatos que se ha dado a la gente. Y con eso van a detener a la gente y van a llevar para interrogar. Se ha recomendado que no deben agredir a ninguna persona. Si la capturan, deben llevar a las oficinas que tenemos en cada zona para investigar de dónde son y a qué han venido”, dijo.

Rojas señaló que con esta medida se busca evitar el ingreso en el lugar de los investigadores asignados al caso. “Ahora la gente está muy caldeada. La gente ya dijo que no hablará; es el compromiso del pueblo. Han dicho que no deben entrar a investigar ningún fiscal a Achacachi”, manifestó.

Dijo también que los pobladores se movilizarán hacia La Paz en caso de que se arreste a algún comunario. “Si llevan (a la cárcel), van a movilizarse a La Paz. Sería grave. Están pidiendo una asamblea departamental con la Fejuve alteña y las 20 provincias”, señaló.

El presidente del Comité Cívico de Achacachi, Édgar Ramos, explicó que el “estado de sitio civil” se instaurará debido a que la presencia de la Policía no es suficiente para resguardar a la población. “Es insuficiente. Hemos puesto cuadrillas de seguridad en las distintas zonas. La sociedad teme que antes de que sean capturados, los prófugos vuelvan a atacarnos”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Fejuve señaló que tampoco se permitirá el ingreso a Achacachi de cuatro medios de comunicación: tres televisivos y uno radial. La autoridad aseguró que se buscará entablar un diálogo con los representantes de esta localidad.

Entretanto, mediante un comunicado, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los linchamientos.

“Si alguna persona sospechosa entra, inmediatamente se convoca a la gente con petardos. (…) Se la va a detener”.

Eugenio Rojas, alcalde de la localidad de Achacachi.

 

La Fiscalía pide garantías para entrar en Achacachi

DECISIÓN • Los comunarios adelantaron que no permitirán el ingreso de investigadores.

El fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, solicitó al Ministerio de Gobierno que brinde las garantías para resguardar la seguridad de la comisión de fiscales que investiga el caso Achacachi. Los comunarios de esta localidad, por su parte, adelantaron que no permitirán el ingreso de ninguna autoridad ni tampoco de medios de comunicación.

Al respecto, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, señaló que ésa es una atribución del Ministerio de Gobierno, y ese despacho no se pronunció.

Gutiérrez, además, decidió reforzar el equipo de tres fiscales que actualmente investiga los hechos de violencia ocurridos el lunes 11. Verónica Arancibia y Elsner Cruz se sumarán en adelante a la labor que desarrollan Víctor Miranda, Gregorio Blanco y Juan José Quispe.

“Al tener dos casos, uno por asesinato y otro por robo agravado, el Fiscal de Distrito ha decidido ampliar la comisión (de investigadores), puesto que ha sido insuficiente tener tres fiscales. Hay que entender que además de este caso, los fiscales tienen que atender otros; no pueden descuidar sus labores”, explicó Montoya, la fiscal adscrita al despacho de Jorge Gutiérrez.

Montoya informó también que el Fiscal de Distrito de La Paz pidió al Ejecutivo que garantice el ingreso de los representantes del Ministerio Público en Achacachi para realizar sus investigaciones.

“Pidió al Ministerio de Gobierno que les den (a los investigadores) seguridad correspondiente a los señores fiscales”, señaló.

El fiscal Víctor Miranda señaló ayer a Erbol que los investigadores todavía no ingresarán en Achacachi, debido a la determinación de los pobladores de no permitir el ingreso de fiscales.

El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, dijo que buscará reunirse en La Paz con los representantes de la Fiscalía.

“Vamos a explicarles que el pueblo determinó. A partir de lo que los fiscales digan, vamos a explicar al pueblo para hallar solución. Pero si ellos ingresan a Achacachi sin consultar al pueblo, va a haber problemas”, dijo.

Uno de los nueve ladrones torturados es un policía

PROCESO • El cabo Eleodoro Lequipe estaba destinado en Pando. Gemio dijo que estaba de vacaciones y que será procesado en la DNRP.

Eleodoro Lequipe Navarro, uno de los nueve detenidos preventivamente por el presunto robo en Achacachi, es miembro de la Policía Nacional y estaba destinado en el departamento de Pando.

La información fue confirmada ayer por el comandante general de la Policía, general Miguel Gemio, quien anunció que el policía será procesado en la Dirección de Responsabilidad Profesional (DNRP) y posiblemente después será dado de baja.

El cabo Lequipe tiene siete antecedentes penales por faltas, contravenciones y delitos. Fue detenido por riñas y peleas en 1983, por escándalo en la vía pública tres años después. En 1995 estuvo acusado por tentativa de homicidio y el 2001 por muerte de persona, entre otros delitos.

“Los partes reflejan que esto está relacionado con un funcionario de la Policía a estos hechos que se han suscitado en Achacachi. En consecuencia, el Comando General de la institución ha dispuesto la intervención a través de la DNRP y la investigación correspondiente, y seguramente la baja posterior”, indicó el comandante Gemio.

Según la primera autoridad policial, Lequipe, destinado a Pando, “estaba de vacaciones. Lo cotejamos con la información que está en el escalafón”.

Gemio explicó que el cabo fue procesado por la vía ordinaria, tuvo “muchos problemas” en la institución. Luego obtuvo una sentencia absolutoria y “presentó su nota (a la Policía) a través de una recomendación del Estado Mayor a ser reincorporado”.

El jefe regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, coronel Freddy Bobarín, remitió esta semana al Comando General los datos de Lequipe tras ser detenido, “fue para confirmar o descartar si pertenecía a la institución”.

El lunes, la Policía rescató a 11 presuntos ladrones de manos de los pobladores de Achacachi. Fueron torturados, quemados y dos de ellos murieron. El miércoles se llevó a cabo la audiencia cautelar de los nueve restantes y se determinó su detención.

DATOS

Otros procesos • La Policía Nacional enjuicia actualmente a 700 policías, entre ellos altos jefes, por presuntas faltas cometidas en su carrera, como deserción y corrupción.

Situación de Lequipe • El cabo Lequipe, acusado de robo, se recupera en el Hospital Boliviano Holandés de El Alto. De acuerdo al informe médico, presenta policontusiones

El Viceministro de Justicia justifica los linchamientos

ACHACACHI

El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, justificó la noche del miércoles lo ocurrido el lunes en la localidad de Achacachi, donde pobladores lincharon a dos personas y torturaron a otras nueve por presuntamente robar.

“Es una explicación que tiene varios motivos, uno de ellos es la desconfianza en el sistema judicial y un segundo elemento es que no ha llegado el sistema a arraigarse con la gente, particularmente en las zonas rurales”, manifestó Chávez.

Según el viceministro, “no se puede estigmatizar” a los comunarios pues “antes no hubo (un linchamiento) que se sepa”.

“Queremos quitar ese estigma para que no se considere que como Gobierno estamos estigmatizando a nuestros hermanos allá”, añadió la autoridad.

El Gobierno pide que sea el órgano judicial el que actúe

TICONA

El viceministro de Justicia Comunitaria, Valentín Ticona, dijo que es el sistema judicial el que debe actuar en Achacachi para dar con los responsables del linchamiento a presuntos ladrones.

“Dijimos que linchar no es justicia comunitaria. Tenemos que cumplir todas las leyes (…) no podemos responder un delito con otro delito, que quede claro”, aseveró la autoridad de Gobierno.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, señaló que en todo proceso es el fiscal y el juez de la misma jurisdicción los que deben actuar y empezar con la investigación.

Ticona indicó que su viceministerio realizará una campaña en todas las poblaciones y ciudades del país. “Tenemos que confiar en nuestras autoridades ordinarias y originarias”, agregó.