Pilar Soria, esposa de Leopoldo Fernández, advirtió que iniciará junto a sus hijas, una huelga de hambre.
Controversia | El gobernador del penal de San Pedro fue notificado ayer con el fallo que dispone el traslado del Prefecto pandino a Sucre.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, reunido con Pilar Soria, esposa del prefecto pandino, Leopoldo Fernández, ayer.
Los Tiempos
La Prensa y Correo del Sur. El Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca ratificó ayer su fallo y la comminatoria al fiscal general de la República, Mario Uribe, para que retome su rol de investigador en el proceso de investigación por los hechos de Pando en el que está involucrado el prefecto Leopoldo Fernández. En La Paz, por otra parte, el gobernador del penal de San Pedro, Manuel Guzmán, fue notificado ayer con el fallo que dispone el traslado a Sucre del prefecto pandino, para que sea puesto a disposición del Fiscal General.
Con estas dos nuevas actuaciones no existirían más objeciones para que el fallo se ejecute, razón por la cual la familia de la autoridad prefectural advirtió ayer que si no se da curso a esa resolución, emitida el lunes pasado, enjuiciará a ese jefe policial e iniciará una huelga de hambre.
No obstante, autoridades del Gobierno reiteraron ayer que no se dará cumplimiento a esa determinación judicial y Fernández no saldrá del penal, y ratificaron las acciones legales contra los magistrados que fallaron a favor del Prefecto pandino.
Los dos miembros de la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca, Oswaldo Fong y Elena Lowental declararon ayer no ha lugar al pedido de aclaración, complementación y enmienda del fiscal general de la República, Mario Uribe, sobre la resolución que declaró procedente un recurso de hábeas corpus el pasado lunes con el voto uniforme de los dos vocales y la disidencia de la vocal Teresa Rosquellas.
En nuevo Auto, la Corte Superior establece que es la Corte Suprema de Justicia el juez natural y órgano competente para el procesamiento al Prefecto de Pando, en la vía de juicio de responsabilidades, y será esta autoridad quien conozca y resuelva en cuanto a imputación y medidas cautelares. Asimismo aclara que el juez recusado, Williams Dávila quedó al margen de la causa.
Los vocales ratifican que Uribe debe reasumir sus funciones y atribuciones legalmente asignadas de acuerdo a ley en juicio de responsabilidad contra Leopoldo Fernández, Abraham Cuéllar y Miguel Becerra.
El Fiscal General el jueves anunció que acatará la decisión del Tribunal de Hábeas Corpus una vez se resuelva la aclaración, complementación y enmienda.
Notificación
El plazo de 48 horas, señalado en el fallo, para su cumplimiento correría a partir de la notificación del último de los recurridos, que según se confirmó ayer fue el gobernador del penal de San Pedro. La decisión del Tribunal de Hábeas Corpus ya fue entregada a los ministros de Defensa y de Gobierno, Walker San Miguel, Alfredo Rada, respectivamente, y al juez Willimas Dávila, quienes fueron recurridos por la defensa del ex prefecto Fernández.
El abogado del ex prefecto pandino, Carlo Brito, informó que ayer, alrededor de las 09:00, la oficial de diligencias de la Corte de Distrito de La Paz dejó el cedulón en la oficina de la autoridad, ubicado en el penal de San Pedro, en presencia de dos testigos.
El jueves, la misma notificadora y los abogados de Fernández intentaron entregar el documento al Gobernador del recinto carcelario, pero los funcionarios se negaron a recibirlo. Por ello decidieron pegar fuera de la cárcel el legajo, pero al ver esa acción, las personas que hacen vigilia en cercanías de la penitenciaría, para evitar el traslado del ex prefecto, los agredieron.
Otra de las defensoras del ex prefecto, Sandra Almanza, precisó que a "diferencia del día de ayer (jueves) que la agredieron incluso a la oficial de diligencias, hoy día (refiriéndose a ayer) parece que han entrado en razón y sí le han permitido dejar el cedulón en la oficina del gobernador con dos testigos de actuación".
La jurista advirtió con iniciar un proceso penal al gobernador de San Pedro si es que no da curso a ese requerimiento.
Familiares desesperados
La esposa de Leopoldo Fernández, Pilar Soria, se entrevistó ayer con el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, para solicitarle que interceda para que se concrete el traslado de su pareja a Sucre.
Dijo que iniciará una huelga de hambre, junto a sus hijas, si es que no se da curso a esa transferencia. "Si no se cumple, yo como esposa me voy a plantar en las puertas de aquí, de estas oficinas del Defensor del Pueblo en un extrema medida, en una huelga de hambre yo con mi familia porque estamos desesperados, porque no sabemos a quién acudir".
Según Bolivisión, el jefe policial de la penitenciaría de San Pedro solicitó a Régimen Penitenciario los viáticos y los custodios para el traslado del acusado.
"No se está cumpliendo (la decisión judicial), se están violando todos sus derechos (a Fernández), es por eso me he visto en la necesidad de acudir al Defensor para que él de alguna manera haga cumplir lo que ha determinado el hábeas corpus".
Soria dijo que Fernández, quien se encuentra detenido en el penal de San Pedro desde el 18 de septiembre en el marco de un proceso ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos en Porvenir el 11 de septiembre, quiere decir su verdad y el Gobierno no lo deja.
Explicó que lo que su familia quiere es que sea juzgado como corresponde, es decir, en el marco de un juicio de responsabilidades.
"¿Están diciendo los ministros que no lo van a trasladar a Leopoldo Fernández a Sucre porque no les da la gana?, ¿porque no es de su agrado?, ¿de qué se lo está juzgando pues a Leopoldo, por qué está en la cárcel, yo quiero que me digan por qué está en la cárcel. Lo han pillado con armas, lo han pillado in fraganti, matando, o haciendo algo que lo pueda meter a la cárcel?. No, primero lo tienen como cualquier persona, cuando es una autoridad elegida por su pueblo".
A la conclusión del encuentro, el Defensor del Pueblo explicó que, como corresponde, escuchó la preocupación de Soria, dijo que evaluará la denuncia presentada por la esposa del ex prefecto pandino y posteriormente requerirá un informe a las autoridades públicas que fueron denunciadas.