Expulsión. Rada dice que el jefe y siete agentes de la DEA se fueron del país. Estados Unidos calificó de “absurdas” las acusaciones del Ejecutivo de Bolivia contra la DEA. El convenio con EEUU dice que los bienes prestados pasarán al Estado a tres años de su uso.
Discurso. El ministro Quintana pretendió probar, con recortes de prensa, los abusos que se le endilgan a la DEA. (El Deber)
La Prensa
Estados Unidos calificó de “absurdas” las acusaciones del Ejecutivo de Bolivia contra la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos). Además consideró que el Gobierno de Evo Morales “alienta” y “facilita” la producción de la hoja de coca y le acusó de no haber tomado acciones “significativas contra el lavado de dinero” proveniente del narcotráfico.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado del Gobierno de George W. Bush, Robert Wood, según Efe, rechazó “categóricamente” las acusaciones del presidente Morales y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Ambas autoridades dijeron, por separado, el jueves, que la DEA ordenó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) investigar al entonces diputado y al actual Mandatario, a los ex diputados Antonio Peredo e Iván Morales, a David Choquehuanca (hoy canciller), a Iván Iporre (ex asesor del Mandatario), a Juan Carlos Iporre y Marcel Quezada.
Además, acusaron a los agentes de la DEA de proteger y fomentar al narcotráfico y de haber sido “cómplices y encubridores” del asesinato de Noel Kempff, tres de sus ayudantes y del diputado Edmundo Salazar. Para tal afirmación, las autoridades apelaron a dos casos de tráfico de drogas, “Huanchaca” (1986) y “narcoavión” (1995).
Wood hizo mención a que durante 35 años, Bolivia y Estados Unidos mantuvieron una “buena cooperación” en la lucha contra las drogas, por lo que advirtió que “si el Gobierno boliviano decide suspender sus relaciones de trabajo con nosotros con respecto a (la lucha) antinarcóticos, eso afectará al pueblo boliviano”.
Precisó que la administración estadounidense “continuará buscando formas” para seguir en la lucha contra el narcotráfico.
El 1 de noviembre, el Jefe de Estado boliviano comunicó su decisión de “suspender indefinidamente” las operaciones de la DEA. El coronel René Sanabria, comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, precisó que desde ese día su unidad dejó de coordinar con esa agencia, por lo que la Policía se hizo cargo de esos operativos.
Aclaró que los agentes estadounidenses tienen 90 días para abandonar el país. Sanabria y el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informaron que el Director de la DEA y al menos seis efectivos estadounidenses, de un total de 35, se fueron de Bolivia a Perú.
“Seguramente (dijo Sanabria) se fueron con sus familias, no había necesidad de escapar porque el propio Estado les da la garantía que corresponde, han debido salir del país gradualmente, tienen 90 días para hacerlo”.
La expulsión de la DEA es el reciente incidente en las tensas relaciones entre el Gobierno y Estados Unidos. Antes, la agencia de cooperación USAID también fue echada del trópico cochabambino y el Gobierno expulsó en agosto al embajador Philip Goldberg.
Tras que la oficina norteamericana fuera obligada a salir del país, el Ejecutivo anunció que “nacionalizará” la lucha contra ese flagelo. Las autoridades del Gobierno comunicaron que se adueñarán de los equipos donados por Estados Unidos, es decir, al menos dos aviones Hércules, 32 botes, 33 vehículos y 1.000 fusiles. Prevé negociar, además, el traspaso de diez helicópteros y tres “Hércules” que están en calidad de préstamo, ello siempre y cuando se rompa la lucha antinarcóticos entre los dos países.
El comandante de la FELCN explicó que, según el convenio con Estados Unidos, todo lo prestado por ese país pasará a propiedad del Estado boliviano a tres años de uso. Aclaró que los oficiales estadounidenses no se llevaron ninguno de los equipos donados, aunque no supo precisar cuáles son. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó que hace un mes la DEA sacó del país un avión Beechcraft que era destinado a las tareas de interdicción. Sanabria confirmó ayer que esa aeronave ya no está en el país, aunque desconoce su destino.
Sobre los efectos que tendrá la salida de la DEA, el oficial dijo que esa agencia se encargaba de pagar a “informantes” y sus agentes antidrogas se encargaban del “reclutamiento y manejo de fuentes”. Para cubrir ese vacío, el jefe policial explicó que se acudirá al Tesoro General de la Nación (TGN) y a cooperación externa, pero no precisó de qué país.
La FOE reemplazará a la DEA en la lucha contra las drogas
El coronel René Sanabria, comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), explicó que el trabajo de la DEA será asumido por la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE), que se encarga del manejo de la información en todo el territorio nacional y de la inteligencia. “Indudablemente, al principio vamos a tener ciertas dificultades, pero estoy seguro que, por los años que tengo en la lucha contra el narcotráfico, esto va a continuar”.
Destacó que en esa unidad policial hay recursos humanos especializados. Dijo que la cocaína incautada no sólo es producto del trabajo de inteligencia en coordinación con la DEA, sino, también, por sus tareas de interdicción. Según Sanabria, la FELCN seguirá intercambiando información con otros países.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que el Ejecutivo destinará en 2009 unos 20 millones de dólares al “proceso de nacionalización” de la lucha contra el narcotráfico.
Esa “nacionalización”, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, será encarada sobre la base de cuatro pilares.
Una de las primeras medidas está encaminada a recuperar el control de la autoridad, dirección estratégica y lucha contra las drogas.
Un segundo paso será integrar al país a la comunidad internacional, porque el narcotráfico es complejo, hay vínculos y relaciones. “Se trabaja en escenarios demasiados difíciles y eso implica trabajar con organismos de seguridad e inteligencia de otros países. Por lo tanto, el segundo paso que hemos definido es el fortalecimiento de relaciones bilaterales y la articulación de organismos de seguridad antidrogas de Brasil, Chile, Argentina, Perú y Paraguay con nuestro organismo de lucha contra el narcotráfico”.
Con esa bilateralización, según la autoridad, se podrá regionalizar la lucha contra las drogas y la construcción de un régimen de integración, lo que se constituye en el tercer paso.
“Tenemos posición estratégica en el mapa de América del Sur y podemos tomar muchas iniciativas y liderizar este proceso de construcción de un régimen de seguridad regional a partir de iniciativas del Gobierno boliviana”.
En cuarto lugar, según el Ministro, se debe lograr la atención de la Unión Europea para que ponga mayor énfasis en Bolivia y la región. “No queda excluida la cooperación, la participación de Estados Unidos en esta tarea de enfrentar las amenazas a la seguridad del Estado y la sociedad, pero ya no serán en aquellas condiciones en las que las agencias de cooperación de ese país se acostumbraron a mandar, a dominar en nuestro país y la región”.
Rivas solicita una reunión
El ex director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Ramiro Rivas, acusado de investigar cuentas bancarias de siete masistas el 2003, entre ellos el presidente Evo Morales, por orden de la DEA, se presentó ayer en el Palacio de Gobierno y entregó una carta dirigida al Mandatario, con copia a Quintana, en la que solicita una reunión.
El Gobierno lo acusó de haber acatado una orden de la DEA para indagar a Evo Morales, que por entonces era diputado, así cómo Antonio Peredo e Iván Morales. En la lista, según el Ejecutivo, también están David Choquehuanca, el ex asesor del Gobierno Iván Iporre, Juan Carlos Iporre y Marcel Quezada.
Rivas precisó que durante su gestión efectuó 292 investigaciones financieras, que en su momento fueron debidamente inventariadas, y negó que haya investigado al Presidente y sus seguidores.
Denunció también que días previos a dejar el cargo, el 2004, la Superintendencia de Bancos pinchó su correo y extrajo información de sus investigaciones.
Jefe de la DEA se va a Perú y EEUU niega acusaciones
Reacción. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, confirmó que el funcionario estadounidense salió del país con otros siete agentes. El Ejecutivo destinará $us 20 millones a la lucha contra el narcotráfico en 2009
EL DEBER y Agencias
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) comenzó a replegarse del país. Según el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, el director de esa agencia y otros siete agentes salieron ayer hacia Perú y aseguró que, con la suspensión de las actividades, decidida unilateralmente por el presidente, Evo Morales, no tiene sentido que los 36 efectivos destinados sigan en Bolivia.
La salida se hizo pública luego de un incidente ocurrido el jueves en Santa Cruz, donde agentes policiales entraron en una casa de seguridad antidrogas realizando disparos, en una operación definida como un ‘simulacro’ por los jefes nacionales. «El Gobierno dice lo que piensa y hace lo que dice, por lo que me parece que los funcionarios de la DEA saben, a estas alturas, que estamos hablando en serio», sostuvo Rada a la agencia de noticias EFE.
El 1 de noviembre, la cancillería boliviana envió una carta a la embajada de Estados Unidos para comunicar la suspensión de las actividades de la DEA en Bolivia, por considerar que esta organización había actuado de manera política contra el presidente, Evo Morales. Luego, el mandatario aseguró que en 1988 fue testigo de cómo agentes de la DEA dispararon contra campesinos en Chapare. A esto se sumaron las denuncias del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que afirmó que la agencia fomenta el narcotráfico y viola las leyes bolivianas, sobre la base de recortes de prensa e informes de Inteligencia.
El Departamento de Estado de EEUU rechazó como ‘claramente absurdas’ las sindicaciones de Evo Morales y descartó que la agencia estadounidense aliente el tráfico de drogas en Bolivia. «Las acusaciones que han sido formuladas son claramente absurdas», dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Wood, a la agencia AFP. «Las rechazamos categóricamente», añadió.
«Si el Gobierno boliviano decide cortar sus relaciones de trabajo con nosotros, en el campo (de la lucha) antinarcóticos, eso afectará al pueblo boliviano», sostuvo Wood.
«Y vamos a continuar buscando formas de hacer lo que podamos para luchar contra los narcóticos en la región», concluyó el portavoz.
El Gobierno está decidido a ‘nacionalizar’ la lucha contra el narcotráfico y, para ello, destinará $us 20 millones en la gestión 2009. Este monto está reservado para reemplazar la ayuda estadounidense en la interdicción.
El ministro Rada explicó que esta cifra ya fue incorporada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, que está en manos del Congreso.
Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), René Sanabria, aseguró que la DEA se ocupaba básicamente de pagar a informantes en todo el país, mientras que los policías se encargaban del reclutamiento y manejo de fuentes. Ahora ese pago saldrá del Tesoro General de la Nación.
Para sustituir el trabajo de la agencia estadounidense, se destinará la tarea de reclutar soplones a la Fuerza de Operaciones Especiales, un brazo de la Felcn, que se encarga del manejo de la información relacionada con el tráfico de drogas en el país.
La DEA sigue la suerte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y del embajador Philip Goldberg, que fueron expulsados por el Gobierno en agosto y septiembre, respectivamente, acusados de conspirar contra Morales.
En contrapartida, la administración de George W. Bush declaró no grato al embajador en Washington, Gustavo Guzmán, y recomendó excluir a Bolivia de los beneficios del Atpdea.
Las sindicaciones del Gobierno
Crímenes. El presidente Morales asegura que vio a agentes disparar contra el movimiento campesino en Chapare, en 1988.
Agitadores. El Ejecutivo sindica a un agente de la DEA de haber promovido la toma del aeropuerto de Guayaramerín, cuando el Presidente visitaba la zona. Esto obligó a Morales a aterrizar en territorio brasileño.
Encubrimiento. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mostró registros de prensa y documentación de inteligencia que, según su opinión, demuestran que la DEA protegía a ciertos narcotraficantes. Como prueba, señala que socorrió a un narco cruceño en la zona de Florida.
Huanchaca. Según Quintana, está probado que el laboratorio que había en la serranía de Caparuch era de conocimiento de la DEA y que la producción de esa fábrica de cocaína estaba destinada a Centroamérica para financiar las actividades de los ‘Contras’ nicaragüenses.
Narcoavión. En 1995, un avión con matrícula boliviana fue detenido en el aeropuerto de Lima (Perú) por transportar cuatro toneladas de cocaína. Había salido de El Alto y Quintana asegura que la DEA tenía conocimiento sobre el cargamento, al igual que la Felcn.
Investigaciones. Uno de los elementos que más molestan al Gobierno es que, en palabras de Quintana, la DEA ordenó a la Superintendencia de Bancos investigar las cuentas bancarias de altos dirigentes masistas, entre ellos el presidente, Evo Morales; el senador Antonio Peredo; el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, y el ex tesorero de campaña del Movimiento Al Socialismo Iván Iporre.
Evo pidió a Obama que eche a Goni
El presidente de la República, Evo Morales, pidió a Estados Unidos que expulse de su territorio al ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada para que enfrente a la justicia por las muertes de octubre de 2003. Al presentar un decreto sobre pago de indemnizaciones a familiares y víctimas de ‘octubre negro’, Morales recordó que Sánchez de Lozada y varios de sus colaboradores están exiliados en Estados Unidos.
«Estados Unidos debe expulsar a Sánchez de Lozada para que enfrente el juicio de responsabilidades», expresó.
El mandatario explicó que en su momento notificó al embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg, que no quería que las organizaciones sociales rodearan esa sede diplomática, que entregaran a Sánchez de Lozada.
En ese sentido, lamentó que Washington ‘proteja a asesinos y masacradores’, sin permitir que sean juzgados de acuerdo con la ley. También opinó que es una obligación y responsabilidad ante la comunidad internacional atender económicamente a las familias de los muertos y heridos de 2003.
Tras renunciar a la Presidencia, Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos, el 17 de octubre de 2003, acompañado de dos de sus ministros, el de Defensa, Carlos Sánchez, y el de Hidrocarburos, Jorge Berindoague.