Por pedir debido proceso para prefecto detenido. El gobierno amenaza con procesos a quienes se unan a esta causa.
Baptista dice que no conocía la acusación oficial. Para San Miguel, la justicia ayuda a “fugar” a Fernández y anuncia procesos para quien pretenda unirse a esta causa.
• En palacio• Chávez (izq.), San Miguel (centro) y Rada (arriba, der.) antes de la conferencia en el Palacio. Anunciaron procesos a quien colabore con “la fuga” de Leopoldo Fernández.
La Razón
El Gobierno anunció ayer el inicio de una querella penal ante el Ministerio Público por el delito de prevaricato en contra del ministro de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Baptista, por pedir el traslado del prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández, a Sucre para procesarlo en un juicio de responsabilidades. El aludido señaló que ayer no conoció oficialmente la determinación del Ejecutivo.
En la misma conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, indicó que la justicia “ayuda” a fugar a Fernández, y después amenazó: “Quienes quieran hacerlo fugar van a ser sometidos a un proceso judicial por complicidad”.
La amenaza no tardó en convertirse en una querella. El primero fue Baptista: el 19 de septiembre, él, junto a otro ministro de la Suprema, Ángel Irusta, emitieron un auto supremo en el cual se disponía el traslado de Fernández a Sucre para juzgarlo en un juicio de responsabilidades. Pidieron que el juez 5º de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, quien determinó la detención preventiva del prefecto en el penal de San Pedro (La Paz), se inhiba de conocer el proceso.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, anunció el proceso junto a los titulares de Gobierno, Alfredo Rada, y de Defensa, Walker San Miguel. De acuerdo a Chávez, Baptista se habría parcializado con el fallo de la Corte de Distrito sobre el plazo de 48 horas para trasladar a Fernández a la Capital.
“De manera oficiosa (emite) una inhibitoria en Sucre en menos de un día para favorecer a Fernández sin competencia”, señaló Chávez, quien luego precisó que el ministro Baptista, en su calidad de Juez de Garantía, “no tenía competencia en este caso”.
“El Gobierno a través del Ministerio (de Justicia) va a organizar una denuncia penal en contra de Baptista por uso indebido de influencias, porque favoreció a su amigo”, añadió.
Baptista indicó que conoció este anuncio a través de los medios de comunicación. “Oficialmente no me he enterado de ese propósito o anuncio del inicio de un proceso en contra de mi persona. Lo vi por televisión”, señaló.
El 27 de octubre, el tribunal de hábeas corpus de la Corte Superior de Chuquisaca determinó que el prefecto sea remitido a Sucre, en un plazo de 48 horas, para ser procesado en un juicio de responsabilidades.
El anuncio, calificado como “el fallo de la corrupción” por el Gobierno, no fue acatado hasta hoy.
“Es de cumplimiento imposible porque esa resolución pretende trasladar a Fernández (…). Esta es una tramoya para liberarlo, para hacerlo fugar”, aseguró San Miguel.
Luego, la autoridad señaló que “el Ejecutivo lo que hace es advertir que quienes quieran hacer fugar a Fernández van a ser sometidos a un proceso judicial por complicidad, por excarcelación y otras figuras penales”.
Según San Miguel, el fallo de hábeas corpus no fue resuelto pues no se notificó en persona o por cédula a los ministros recurridos, San Miguel y Rada. “No es que no se quiere acatar, sin embargo, éramos recurridos y no teníamos la ocasión de decirle eso a la Corte”, afirmó.
“Autoridades judiciales definen la ilegalidad”
El representante legal del prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández, Karlo Brito, afirmó que “sólo autoridades judiciales” pueden determinar la legalidad o ilegalidad de un fallo. El jurista anunció que de no cumplirse el traslado de su cliente a Sucre, recurrirán a organismos internacionales.
“Un primer elemento a considerar es que no cualquier ministro tiene atribuciones para definir si es legal o ilegal. Eso lo deben hacer sólo autoridades judiciales”, reclamó Brito.
Según el abogado, en caso de existir irregularidades, como las que fueron detectadas por el Gobierno, “deben ser demandadas en instancias legales como el Tribunal Constitucional”.
La defensa de Fernández amenazó con iniciar una acción penal en contra del gobernador de la cárcel de San Pedro, coronel Manuel Guzmán, en caso de que no se proceda al traslado de su defendido a Sucre, como lo dicta un auto supremo emitido por la Suprema y un recurso de hábeas corpus, procedente.
“Vamos a presentar la denuncia a organismos internacionales porque realmente se está vulnerando el cumplimiento a la Constitución y a las resoluciones que han emitido las autoridades jurisdiccionales”, acotó Brito.
La diputada de Podemos Marisol Abán expresó que se trata de una “persecución política”.