En la mira. Once magistrados, el Fiscal General y un consejero.
La oposición dice que el Gobierno quiere descabezar la justicia
En una sesión controvertida y maratónica y en ausencia de la oposición, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados autorizó ayer el inicio de investigaciones contra los 11 ministros de la Corte Suprema de Justicia y varios conjueces, el fiscal General de la República, Mario Uribe, y dos consejeros de la Judicatura, por diferentes delitos.
Autoridad. El fiscal Mario Uribe, que se encuentra tomando un descanso
El MAS aprobó una querella contra todo el Poder Judicial
El Deber
Marco Chuquimia. La Paz. Los 11 ministros de la Corte Suprema, los consejeros de la judicatura y el fiscal General podrán ser enjuiciados desde la siguiente semana. Ayer, en una controvertida sesión, los diputados del MAS, en ausencia de la oposición, aprobaron el inicio de las investigaciones contra estas autoridades.
Para los legisladores de la oposición, la estrategia masista apunta a descabezar todo el Poder Judicial -incluido el fiscal General- que ya anunció su intención de retomar el caso de Leopoldo Fernández; mientras dos ministros del máximo tribunal del país hicieron declaraciones a favor del prefecto confinado.
De nada sirvieron las protestas de los cuatro parlamentarios opositores –Mario Justiniano, Roxana Sandóval, Felipe Oña y Pablo Banegas–, quienes intentaron impedir la instalación de la sesión por considerarla irregular.
El oficialismo, con presencia de siete legisladores, aprobó enviar al plenario de la Cámara de Diputados el informe final recomendando juicio de responsabilidades contra los consejeros de la judicatura José Luis Dabdoub y Guido Chávez, aunque este último cesó en sus funciones en abril de este año.
En este caso, el pleno de la cámara de Diputados debe reunirse para decidir si los dos consejeros son enviados a juicio de responsabilidades. El oficialismo tiene una cómoda mayoría que le permitirá abrir el proceso sin problemas.
El diputado Jorge Silva señaló que existe una decisión de su partido de procesar a estos dos consejeros. Éstos son acusados de haber favorecido a dos jueces cochabambinos que fueron denunciados por Luis Gustavo Auza por prevaricato.
En cuanto a los ministros de la Corte Suprema, los oficialistas aprobaron tres decretos enviando al Comité de Ministerio Público y Policía Judicial los casos de los familiares de los tres normalistas fallecidos en Porvenir; otro de la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo; y el tercero de César Villarroel, que inició un juicio contra los 11 ministros de la Corte Suprema de Justicia.
La abogada Mary Carrasco, junto a las familias, acusó a los ministros Ángel Irusta Pérez, de la Sala Penal Primera, y José Luis Baptista Morales, Presidente de la Sala Penal Segunda; además del fiscal General, Mario Uribe, y el Consejero Rodolfo Mérida, de ser defensores del prefecto confinado, Leopoldo Fernández. Por ello presentaron una querella por uso indebido de influencias y complicidad.
En cuanto a la viceministra Nardy Suxo, se trata de una proposición acusatoria contra el fiscal general por el caso del prefecto de Beni, Ernesto Suárez, que contrató a su esposa en Gestión Social.
Según la acusación, el fiscal archivó el caso sin iniciar la investigación, lo que fue calificado como uso indebido de influencias y prevaricato.
En el tercer caso, se trata del abogado cochabambino Cesar Villarroel Guevara, que inició primero juicio a dos jueces de esa ciudad, pero al acusarlos de prevaricato ante la Corte Suprema, los ministros los favorecieron y el caso fue archivado. Villarroel, que estuvo presente en la sesión de los diputados, dijo que presentará una petición para que le sean resarcidos los daños civiles y solicitará el embargo de los bienes del máximo tribunal del país y la notación preventiva de los bienes de los ministros.
Silva adelantó que la siguiente semana el Comité de Ministerio Público debe convocar a los acusados y luego emitir su informe en 30 días.
Pero su colega opositor, José Oña, afirmó que los acusados pueden invalidar el proceso porque la sesión fue irregular y sin respetar el reglamento de Diputados.
Fiscal Uribe se fue de vacaciones
El fiscal General de la República, Mario Uribe, será reemplazado temporalmente por el fiscal del Distrito de Cochabamba, César Cartagena, luego de que decidiera tomar unos días de vacación, a raíz de un presunto intento de atentado a su domicilio. Una carga explosiva fue detonada en una casa aledaña a la del fiscal el pasado domingo, acción que fue interpretada por la autoridad como un intento de amedrentarlo.
El fiscal Cartagena desempeñará las funciones de fiscal general hasta el próximo lunes 14 de noviembre, pues resulta que quien debía asumir la suplencia legal, el fiscal de Distrito de Potosí, Fernando Calvo, también se encuentra de vacaciones, según se informó en el Ministerio Público.
Gobierno defenderá a gobernador
El Poder Ejecutivo anunció que asumirá la defensa del gobernador del penal de San Pedro, Manuel Guzmán, en caso de que le inicien un proceso por no autorizar la salida del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, para que sea trasladado a Sucre y puesto a disposición del fiscal General, Mario Uribe.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, ratificó que la única instancia que debe realizar las pesquisas de la matanza de Pando es la Comisión Especial Multipartidaria, luego de que el mismo fiscal general entregó los obrados a esta instancia legislativa.
Por tanto, Rada señaló que no corresponde que el gobernador de la cárcel de San Pedro de La Paz autorice la salida del recinto penitenciario del prefecto confinado.
El ministro Rada afirmó que si por esta acción el gobernador fuera objeto de alguna represalia “tenga la seguridad que el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía vamos a defender al gobernador». Argumentó que todas las acciones de Guzmán ‘están estrictamente sujetas a las leyes vigentes’. /ABI
El MAS procesa a la cúpula del Poder Judicial
El fiscal general de la República, Mario Uribe, todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura fueron denunciados por varios temas y delitos.
• Y la vigilia continúa • Grupos de personas afines al Gobierno seguían el viernes en las puertas del penal de San Pedro para impedir la salida del prefecto Leopoldo Fernández.
La Razón
Los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), integrantes de la Comisión de Constitución, resolvieron ayer iniciar cuatro querellas contra ocho autoridades del Poder Judicial, en algunos casos por los hechos violentos de Pando y en otros por los delitos de nepotismo, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, entre otros.
Los parlamentarios oficialistas aprobaron ayer todos estos procesos, sin la presencia de la oposición, que abandonó la sesión de la comisión mencionada.
La primera denuncia es contra los consejeros de la Judicatura, José Luis Dabdoub y David Chávez, por absolver a un juez que supuestamente falsificó firmas, según denunció el ciudadano Luis Auzzá Macías.
La comisión aprobó elevar al pleno de la Cámara Baja una proposición acusatoria. Es decir, se recomendó que dicha instancia se pronuncie en favor del enjuiciamiento de las dos autoridades. Sin embargo, según la diputada de Podemos, Lourdes Millares, “no hay suficientes elementos de prueba que justifiquen la apertura del proceso”.
El segundo caso se trata de tres denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Luis Baptista y Ángel Irusta; contra el fiscal general de la República, Mario Uribe; y contra el consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida.
Las tres autoridades judiciales están acusadas “por el delito de uso indebido de influencias” por el proceso contra Leopoldo Fernández por los muertos en Pando, señaló Salguero, añadió que los familiares de las víctimas interpusieron la denuncia y que la documentación será remitida al Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados.
La tercera denuncia es contra el Fiscal General por los delitos de uso indebido de influencias, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes e incumplimiento de deberes.
El recurso legal fue interpuesto por la viceministra de Transparencia y Anticorrupción, Nardy Suxo, “por el caso de nepotismo cometido por el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, al haber asignado a su esposa como directora de la gestión social de la prefectura”, dijo la diputada del MAS.
Explicó que Uribe rechazó la denuncia de Suxo aun con la presentación de las pruebas de nepotismo de Suárez. La denuncia será remitida al Comité del Ministerio Público de la comisión.
La cuarta fue aprobada por los diputados del MAS y es contra todos los magistrados de la Suprema, “en especial contra Roberto Suárez y Teófilo Tarquino” por los delitos de uso indebido de influencias, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, porque los ciudadanos César y Ximena Villarroel los denunciaron por retardación de justicia, luego de que su empresa quebró por la tardanza de un proceso judicial que ambos llevaban adelante.
Millares afirmó que el comité del Ministerio Público, luego de que reciba las denuncias de manera oficial, tendrá que llevar adelante una investigación. Remarcó que todas las denuncias son preocupantes porque se está ingresando “a una suerte de terrorismo político judicial” de parte del Gobierno.
Mientras Millares dijo que se aprobaron con un quórum estrecho, la diputada Salguero aseveró que los opositores decidieron retirarse de la sesión.