Editorial de Opinión.
Tomando en cuenta lo que hace el Gobierno nacional en relación con los Estados Unidos de Norteamérica, sería ingenuo o simplemente presuntuoso, esperar que el Gobierno de aquel país sea generoso o condescendiente con Bolivia. La lucha contra el narcotráfico es una obligación de quienes trabajan por el ser humano. La conducta de los gobiernos en esta materia no es un tema fácil de pasar por alto.
La noticia acerca de la supresión de ciertas ventajas arancelarias que otorga Estados Unidos de Norteamérica a Bolivia, es algo que ya todos veían venir en forma inevitable. Las relaciones de nuestro país con la potencia del Norte se hacen cada vez más difíciles y conflictivas. Las causas de tal ruptura no son tan perceptibles ni sencillas como aparentan. Es cierto que la potencia más grande del planeta, en sus relaciones con la periferia, tiende a imponer sus ideas e intereses en una proyección unilateral, pero no es menos evidente que el régimen que actualmente gobierna Bolivia tiene una conducta abiertamente opuesta al Norte bajo la cobertura del antiimperialismo.
Lo más perceptible, en los últimos meses, es la línea sistemática del Gobierno, respecto de Norteamérica. La expulsión del embajador Goldberg, así como de USAID y de la DEA son acontecimientos que corresponden a una concepción clara, firme y de largo alcance de quienes, desde los niveles correspondientes, definen la política exterior de Bolivia. Entonces las acciones de ambas partes no son casuales, corresponden a proyecciones establecidas anticipadamente.
La suspensión de los beneficios comerciales que otorga Estados Unidos a Bolivia, no es una decisión sorpresiva ni improvisada. Desde hacen varios meses, sabíamos que el Poder Ejecutivo del Gobierno norteamericano estaba estudiando tal decisión. El argumento para la ruptura es la presunta falta de cooperación del gobierno presidido por Evo Morales, en la lucha contra el narcotráfico. Dicho motivo, en caso de ser demostrado, es ciertamente fuerte como para sustentar la decisión de anular las ventajas arancelarias a las que nos referimos.
Es posible que, políticamente, la decisión del Presidente norteamericano no signifique ningún perjuicio para el régimen vigente en Bolivia, incluso puede ser un mérito en la lucha antiimperialista en la que milita persistentemente el presidente Evo Morales. En lo económico, no es tan sencillo ni útil para el país. El mercado de los Estados Unidos es uno de los ámbitos con mayor capacidad adquisitiva al que todos los países del mundo quisieran llegar con la mayor cantidad posible de productos. Incluso China que es una potencia de dimensión continental, realizaría acciones importantes para vender sus productos a los norteamericanos.
No será fácil que Bolivia abra otros mercados, los venezolanos o los ecuatorianos, no pueden sustituir, en condiciones más o menos equivalentes, a los consumidores del país más rico del planeta. Europa puede ser una alternativa, pero está más lejos y cuenta con instrumentos restrictivos duros y estables. Y en lo esencial no es conveniente que Bolivia restrinja sus posibilidades internacionales sólo por algunas decisiones políticas de poca significación estructural. En lo esencial, la revolución boliviana, no puede ejecutarse airosamente sin generar un proceso económico capaz de responder a las necesidades múltiples de la población.