Los Tiempos
Editorial
Obligados por la decisión de la Corte Nacional Electoral, los parlamentarios ya no pueden eludir la necesidad de rectificar su oprobiosa actuación anterior
Saliendo por los fueros de la legalidad y a modo de desvirtuar las sospechas que pesaban sobre su independencia de criterio frente al Poder Ejecutivo, la Corte Nacional Electoral ha ratificado su decisión de suspender el referéndum del 25 de enero si en el transcurso de los próximos días el gobierno no levanta el Estado de sitio en Pando.
Resulta esperanzador que la Corte Nacional Electoral, y especialmente su Presidente, den esta muestra cuyo significado es que en nuestro país no está del todo extinguida la vigencia de la legalidad republicana. Quiere decir que a pesar de los esfuerzos que en ese sentido hace el oficialismo y de la pusilanimidad con que éstos son secundados por la oposición, hay todavía personas, como los vocales de la CNE, que se niegan a hacerse cómplices del sistemático avasallamiento de la ley.
Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de quienes más obligados están a hacer prevalecer lo que manda la Constitución Política del Estado y las leyes que la respaldan. La convocatoria al referéndum para aprobar el proyecto de Constitución propuesto por el MAS, en plena vigencia del Estado de sitio en Pando, es una de las pruebas de lo dicho.
Ahora, obligados por la decisión de la Corte Nacional Electoral, los parlamentarios ya no pueden eludir la necesidad de rectificar su oprobiosa actuación anterior ni el deber que tienen de restablecer el marco legal, exigiendo que el Estado de sitio sea levantado de inmediato o, de lo contrario, que quede sin efecto la convocatoria a la consulta de enero.
Si el asunto no se resuelve en la sesión congresal convocada para el martes próximo, los parlamentarios de la oposición tendrán un motivo más para avergonzarse, dado que en ellos recae la mayor responsabilidad, pues de la bancada oficialista no hay nada que esperar: los parlamentarios del MAS se limitan a ejecutar las órdenes provenientes del Palacio Quemado o de la Vicepresidencia de la República y se sabe que éstas no llegan inspiradas por el respeto a un marco legal. La oposición, en cambio, como el mismo término lo indica, tiene la obligación de oponerse, de impedir que esos empeños se consumen.
Cabe, pues, que esta vez la oposición esté a la altura de los desafíos que tiene al frente y que ponga fin a la cadena de complicidades con que hasta ahora ha allanado el camino hacia la instauración de un régimen autocrático en Bolivia.