15 confinados retornarán a la región amazónica, 20 están detenidos. Ex prefecto Leopoldo Fernández seguirá preso.
«Unasur dio un paseo», Ana Melena / Presidenta cívica
Vigilia. Los mototaxistas esperaban anoche pasajeros en el puente sobre el río Acre. Gradualmente, Pando intentará recobrar desde hoy el ritmo de sus actividades.
Ejecutivo suspende estado de sitio y temen venganzas
Pando. El Gobierno dejó sin efecto la medida en el departamento amazónico desde las cero horas de hoy. Los desplazados por el conflicto que están en Brasileia y Epitaciolandia no regresarán aún al país
El Deber, Roberto Navia
Cobija despertará hoy sin estado de sitio y sin el retorno de los bolivianos que cruzaron la frontera para refugiarse, según dijeron, del poder de Evo Morales. Ayer, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, leyó el decreto a través del cual se suspendió la extrema medida, que regía desde el 12 de septiembre y quedó sin efecto desde las cero horas de hoy. Sin embargo, los militares que fueron trasladados a la región no serán desmovilizados y los reforzarán 200 policías.
Mientras las primeras reacciones de la ciudadanía estaban matizadas por sentimientos de júbilo, de preocupación y de furia, en las poblaciones brasileñas de Epitaciolandia y Brasileia, los 804 desplazados bolivianos aseguraban que no retornarán al país, porque consideran que sus vidas aún corren peligro, ya que se consideran perseguidos políticos.
Contrastes. Los pandinos festejan poder circular libremente, pero temen que ahora comiencen las venganzas
Los bolivianos desplazados por el conflicto, que, según los datos de la comisión investigadora de la Unión de Naciones Suramericana, se cobró 26 vidas y dejó más de 40 heridos, reciben con temor a cualquier visitante. Desde el coliseo de Brasileia, donde viven más de 500 personas, aseguraron de que se encuentran tramitando las solicitudes de asilo ante el Gobierno de Brasil.
La presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena, desde una casa de Brasileia, dijo que en las pasadas horas recibió la visita de funcionarios del Gobierno brasileño para evaluar la situación de los bolivianos, a los que prometieron seguir ayudando. Melena ha señalado que la vida de los cientos de compatriotas no es nada fácil. Es que la mayoría vive dentro de carpas que fueron armadas en los recintos deportivos. Uno de los afectados afirmó que hasta ahora no puede conseguir que le envíen la ropa que dejó en su casa.
Ya en Cobija, en la calle, en los restaurantes, en las casas con patios grandes y corredores de madera, en los mercados, en las paradas de mototaxis y en el aeropuerto, los transeúntes comentaban felices que faltaban pocas horas para liberarse de la sombra del estado de sitio, porque ya se podrá caminar hasta la madrugada, hacer fiestas de cumpleaños y de promociones escolares, opinar diferente a la línea oficialista y empezar a curar las heridas que dejaron los enfrentamientos.
Pero otros, enterados de que la bota militar seguirá caminando por la ciudad y por los pueblos, reaccionaba con ira: “Acá puede correr de nuevo bala. Es mucho aguantar el atropello del poder”, dijo un hombre que siente que la cotidiana tranquilidad que caracterizaba a Cobija aún está lejos de retornar.
Otras personas, como doña María, que atiende un restaurante en una calle de la periferia, ayer estaba temerosa. “Levantado el estado de sitio, puede que la gente empiece a vengarse de los masistas”, decía.
Para una empresaria hotelera, el problema vendrá cuando la vida social de Cobija se normalice, es decir, cuando las cantinas abran y después de unas cuantas cervezas, alguien empiece a revivir los hechos de Porvenir. “El peligro está en que alguien, en su sed de venganza, atente contra otro sólo por el hecho de pensar diferente”.
Los policías y militares se quedarán
El Poder Ejecutivo confirmó que 350 soldados y policías se sumaron a los 1.200 que estaban encargados de ejecutar el estado de sitio en Pando. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, señaló que el incremento de la presencia de militares y de policías es para salvaguardar la paz en el departamento.
Si bien ayer no se pudo confirmar este dato en el cuerpo policial y militar de Cobija, diversas personas dijeron haber visto llegar a un grupo de uniformados el viernes y también hicieron referencia a las declaraciones que realizó el vicepresidente, Álvaro García Linera, que ese día dijo que a partir de este domingo habrá un aumento de 200 efectivos de la Policía, entre ellos, oficiales y suboficiales que fortalecerán al Comando Conjunto para garantizar la seguridad en el departamento.
La estrategia de control anunciado por el Gobierno puede ser revelada este domingo, que será el primer día sin estado de sitio desde que se lo decretó el 12 de septiembre.
En los hoteles de Cobija se consultó a varios huéspedes alojados desde hace varias semanas. Muchos de ellos dijeron que prefirieron esperar a que se suspenda la medida de excepción para evitar solicitar el salvoconducto que exigían los militares como requisito para salir de la ciudad.
“Ésa era una forma de registrar el nombre de los ciudadanos”, afirmó don Rogelio, un cuarentón que dijo dedicarse a la comercialización de carne.
«Unasur dio un paseo»
Ana Melena / Presidenta cívica
– ¿Qué opina del levantamiento del estado de sitio en Pando?
– Es sólo en teoría, porque la persecución ha sido una señal para que la gente se prohíba a sí misma pensar diferente. La presencia de militares es producto de la incapacidad del Gobierno y una señal de cobardía el querer imponer la fuerza mediante el poder militar.
– ¿Cree que los militares seguirán gobernando en Pando?
– Con el hecho de poner una base militar en Puerto Rico, creo que sí. La semana pasada se registraron dos muertos de bala y hubo otro muerto después de tres días. Es irónico que la delincuencia siga a pesar de los militares. Los militares son una pantallita para demostrar el poderío.
– ¿Qué puede pasar después en Pando?
– No sé cómo va a reaccionar la gente, pero estoy segura de que tiene el mismo sentimiento de hace meses: libertad.
– ¿Cree que puede haber violencia?
– Sólo si lo monta el Gobierno. Toda la violencia es producto de los planes del MAS.
– ¿Qué opina de los confinados cautelados?
– Son los primeros presos de la autonomía.
– ¿Qué opina del informe de Unasur?
– No es confiable. Esas personas venían con un juicio hecho. Sólo dieron un paseo.
– ¿Hasta cuándo cree que los desplazados se quedarán en Brasil?
– Buscamos protección. No estamos escapando, estamos cuidando nuestras vidas. Uno extraña su tierra, pero esta realidad nos está enseñando muchas cosas.
Cautelaron en La Paz a 20 confinados
Pando. Sólo 17 de los 37 confinados en Viacha serán liberados. Leopoldo Fernández ahora está en calidad de detenido y tiene cuatro procesos en su contra. La defensa recusó a la jueza
Reaparición. Ahora Fernández luchará para que su caso sea derivado a Sucre.
El Deber
Marco Chuquimia
Pese a recusar a la jueza, Betty Yaníque, 20 confinados de Pando pasaron a la justicia ordinaria y quedaron en calidad de detenidos hasta que la Corte Superior de Distrito de La Paz decida su futuro. Los otros 17 que estaban recluidos en Viacha fueron liberados en la madrugada.
El fiscal Eduardo Morales decidió la aprehensión de los 20 dirigentes y funcionarios prefecturales, que luego de la audiencia fueron recluidos en las celdas de la Policía Judicial.
La defensa de los 20 confinados, entre los que se encuentra el prefecto Leopoldo Fernández, argumentó que Yañíquez tenía interés en el proceso por estar vinculada a los ministros de Gobierno, Alfredo Rada; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y de Defensa, Walker San Miguel. Solicitaron a las empresas telefónicas que tienen servicio en la sede de Gobierno emitir el detalle de las llamadas de Yañíquez. La jueza suspendió la audiencia y dijo que debe ser la Corte Superior de Distrito la que decida el curso del proceso. Asimismo, se supo que se abrieron otras cuatro querellas contra los confinados, incluyendo a Fernández.
Uno de esos procesos es por la muerte del conscripto Ramiro Tañini durante la retoma del aeropuerto, el 12 de septiembre, a cargo de fuerzas militares; otra causa es por la muerte de tres normalistas en Porvenir. En estos dos casos se acusó a los 20 confinados.
El tercer proceso es peculado, en el que están acusados Juan Fernando Mejido Flores y Gerardo Aliaga Paredes. El jefe legal del Ministerio de la Presidencia, Marco Puña, explicó que el primero era director financiero de la Prefectura de Pando y el segundo era el cajero del Servicio Departamental de Caminos.
Mejido Flores giró seis cheques a favor de Aliaga Paredes, cada uno por más de Bs 1.000.000 en cuatro días, del 21 al 24 de julio. Cobrado el dinero no se informó cuál fue el destino; el total del desfalco sería Bs 6.828.000 .
Pero los propios acusadores presentaron una recusación del juez Constancio Alcón, porque consideran que no es idóneo, esta autoridad entonces determinó pasar el caso a la siguiente jurisdicción en la ciudad de El Alto, a cargo de Álex Gutiérrez, el mismo que atiende el caso de los sucesos de Achacachi.
Gutiérrez suspendió la audiencia hasta hoy a las 10:00, mientras la defensa de los imputados presentaba un recurso de hábeas corpus, por considerar que se violentaron los derechos de sus clientes.
Hubo un fuerte despliegue de uniformados
Un gran número de policías y militares fue utilizado para precautelar la seguridad de los 20 confinados que fueron cautelados ayer.
Los supuestos familiares de las víctimas de la matanza del 11 de septiembre que estaban haciendo vigilia en inmediaciones de la cárcel de San Pedro, no pudieron ingresar y la Policía despejó tres pisos de la Corte Superior de Distrito para acordonar el lugar.
Los policías desplegaron barreras a los largo de las calles Potosí y Genaro Sanjinés, y cortaron el paso vehicular a cuatro cuadras a la redonda de la Corte Superior.
Producto de las estrictas medidas de seguridad, ninguno de lo confinados pudo hablar con los medios de comunicación.
Evo levanta el estado de sitio en Pando y refuerza control militar
Al menos 15 confinados retornarán a la región amazónica, 20 están detenidos
La Prensa
Los confinados que no tengan procesos penales serán devueltos a sus regiones desde hoy. El 16 de septiembre, Leopoldo Fernández fue tomado prisionero en la Prefectura.
El Gobierno confirmó anoche la suspensión del estado de sitio en el departamento de Pando, que estuvo vigente por 72 días, y reforzó la seguridad de esa región amazónica con 1.500 militares y 200 policías.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, en una conferencia de prensa, confirmó que el Poder Ejecutivo cumplirá su compromiso de levantar la medida de excepción dictada el 12 de septiembre, luego de la llamada “masacre de Porvenir”.
Alfredo Rada, ministro de Gobierno, también aseguró por la mañana que ya estaba listo el decreto supremo mediante el que se pone punto final a la medida a fin de garantizar los referendos aprobatorio y dirimente del proyecto de nueva Constitución que se llevarán a cabo el 25 de enero de 2009.
La Corte Nacional Electoral a través de una resolución de Sala Plena amenazó al Ejecutivo con suspender el proceso referendario si no se levantaba la medida de excepción hasta hoy, pues impedía el desarrollo del calendario electoral. Desde hoy empieza la fase de propaganda electoral y la Ley del Referéndum señala que no se pueden efectuar consultas cuando está vigente un estado de sitio.
Rada aclaró que el levantamiento de la medida de excepción no significa que se dejan de otorgar las garantías para la convivencia pacífica, para ello se reforzará la seguridad con la presencia de al menos 1.500 efectivos militares y el aumento de 200 efectivos de la Policía que formarán parte del comando conjunto.
También se formará una Unidad Táctica de Operaciones de la Policía (UTOP) para afrontar situaciones especiales de conflicto, pues el Gobierno teme que retorne la violencia con la suspensión de la medida.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, explicó ayer que conforme a lo que dicta la Constitución vigente, los confinados que no tengan procesos penales serán trasladados a los lugares donde fueron capturados, es decir de las 35 personas que estaban en un cuartel de Viacha pueden retornar hoy solamente 15, pues 20 fueron imputados por asesinato, terrorismo y otros delitos y están en calidad de aprehendidos en los juzgados de La Paz y El Alto.
La medida de excepción
El estado de sitio fue dictado el lunes 12 de septiembre —hace 72 días— tras la llamada “masacre de Porvenir”, en la que fallecieron al menos 18 personas, la mayoría por disparos de arma de fuego. Un informe de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que envió una comisión para investigar esos hechos, señala que el 11 de septiembre hubo una matanza.
Entre las 02.30 y 16.00 de esa jornada, campesinos, pobladores de Filadelfia, Porvenir y Cobija se enfrentaron con palos, piedras y armas de fuego, de acuerdo con las averiguaciones hechas posteriormente. La peor parte la llevaron los campesinos, pues fueron “acorralados” por los grupos autonomistas en el río Tahuamanu. Muchos se lanzaron al agua para cruzar al frente en medio de disparos de escopetas.
Un video de esa escena revela la huida de los comunarios que iban de Filadelfia para reunirse aparentemente en Cobija.
El 12 de septiembre, las Fuerzas Armadas retomaron el aeropuerto Aníbal Arab de Cobija que dos semanas antes fuera tomada por los dirigentes cívicos que demandaban la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Ese día se produjo nuevamente un enfrentamiento. Una bala disparada desde los matorrales que rodean al predio mató al soldado Ramiro Tañini Alvarado. También falleció el pastor evangélico Luis Antonio Rivero.
El 13 de septiembre, una marcha por la paz desafió el estado de sitio en Cobija y el Ejército ingresó a la ciudad y ejecutó las primeras detenciones. El 14 de septiembre, el fiscal Mario Uribe anunció el inicio de un proceso por genocidio contra el entonces prefecto pandino Leopoldo Fernández, el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra y el diputado disidente de Unidad Nacional (UN) Abraham Cuéllar.
El Gobierno, tras la “masacre”, señaló a la autoridad departamental pandina y a los dirigentes cívicos como los responsables de propiciar los hechos de violencia, pues en el sitio del enfrentamiento se halló maquinaria del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) que abrió una zanja en el carretera para evitar la marcha de los campesinos.
El 15 de septiembre, los primeros 11 confinados fueron trasladados a La Paz y cientos de pandinos empezaron a salir hacia Brasileia (Brasil) para evitar ser capturados, entre ellos la titular del Comité Cívico, Ana Melena de Suzuki, y el vicepresidente de la entidad, Ricardo Shimokawa.
El 16 de septiembre, tras un operativo militar, Fernández fue tomado prisionero en la Prefectura y enviado a La Paz, donde fue imputado por asesinato. El 20 de septiembre fue posesionado el almirante Rafael Bandeiras como la nueva autoridad departamental.
La región amazónica que había sido controlada políticamente cerca de dos décadas por Leopoldo Fernández pasó a manos del Poder Ejecutivo.
El presidente Evo Morales, que no tenía “pisada” en la capital pandina, llegó el 11 de octubre para festejar el 106 aniversario de la Batalla de Bahía. El 16 de noviembre, Morales retornó para entregar el Bono Juancito Pinto.
Gobierno espera informe de la Unasur sobre “masacre de Porvenir”
El Gobierno de Bolivia aguarda la presentación del informe final de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que investigó la masacre en el departamento de Pando, en la que unas 18 personas fallecieron el 11 de septiembre.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, a su retorno de Buenos Aires (Argentina), a donde asistió a la presentación de parte del informe, dijo que el documento será entregado por la legación a la presidenta pro témpore de la Unasur, la mandataria chilena Michelle Bachelet, el martes 25 de noviembre. “Un pronunciamiento explícito sobre los alcances de este documento no lo podemos hacer sino hasta que sea emitido realmente y hasta que llegue a nuestras manos el informe final de esta comisión de la Unasur”, dijo el Ministro en conferencia de prensa en el Palacio Quemado.
Sin embargo, el titular de Defensa mencionó que el informe de la comisión de la Unasur tendrá un gran valor para hacer tomar conciencia a la población boliviana y saber quiénes son los responsables de la masacre.
“Va a tener, yo creo, la capacidad de mostrar a los bolivianos que la víctima no es (el ex prefecto de Pando) Leopoldo Fernández, como se ha estado viendo en algún caso, todo lo contrario”.
La comisión de la Unión de Naciones Suramericanas que investigó la masacre adelantó hace unos días en Argentina que funcionarios de la Prefectura del departamento de Pando fueron hallados “judicialmente responsables” de los hechos.
El jefe de esa misión, Rodolfo Mattarollo, declaró al diario argentino Página/12 que en Pando hubo una “masacre” y responsabilizó a las autoridades de la Prefectura pandina por los hechos de violencia.
Hoy arranca la propaganda
A partir de este domingo y por 61 días (hasta el 22 de enero de 2009) entra en vigencia el espacio para la campaña electoral con miras a la aprobación o rechazo de la nueva Constitución Política del Estado, en el referéndum previsto para el 25 de enero de 2009.
La Sala Plena de la Corte Nacional Electoral (CNE), el 21 de noviembre, aprobó la resolución para la difusión de propaganda electoral y de resultados de encuestas para el referéndum nacional constituyente. De acuerdo con el boletín de prensa emitido por la CNE, el reglamento de 12 artículos determina el alcance de la norma, define la propaganda electoral, establece la responsabilidad de los actores que contraten propaganda sobre los contenidos de los mensajes, fija los límites y espacios máximos de propaganda.
El fin de la medida
El Gobierno tenía previsto mantener la medida de excepción por 90 días.
Sin embargo, la presión de la Corte Nacional Electoral cambió la postura del Ejecutivo.
El órgano electoral conminó a frenar la medida hasta hoy, si no, suspendería el referéndum.
El Ejecutivo ordenó el envío de 1.500 militares y 200 policías a ese departamento