Editorial de Clarin.com
El narcotráfico se ha convertido, en los últimos años, en una presencia creciente en la Argentina, lo cual es producto de una tendencia iniciada hace más de una década, durante la cual las políticas de seguridad destinadas a prevenir y combatir las diferentes fases de esa actividad, fueron notoriamente insuficientes.
El triple crimen de General Rodríguez saco a la luz una rama del narcotráfico que no se conocía públicamente y en la cual están involucrados narcotraficantes mexicanos. Precisamente, en el curso de las consultas oficiales realizadas por funcionarios locales a pares mexicanos, estos últimos advirtieron que, si las autoridades argentinas no toman medidas adecuadas, la actividad de los narcos mexicanos se afincará y será cada vez más difícil de extirpar.
La recomendación de los funcionarios mexicanos se basa en la dramática experiencia que está viviendo México en la materia. El colapso de los grandes cárteles colombianos, provocó un traslado del negocio hacia tierras mexicanas, por lo cual la actividad y los delitos asociados al narco se extendieron en forma explosiva. En la actualidad México sufre una ola de crímenes narco y hasta de lo que se ha denominado narcoterrorismo, y cada día se encuentran vínculos de los delincuentes con miembros de fuerzas de seguridad, militares, políticos y funcionarios. También se verifica una creciente instalación de las redes de los narcotraficantes en zonas postergadas, en las cuales los delincuentes le disputan al Estado el control territorial, e incorporan a muchos jóvenes a las tareas del delito.
En ambos aspectos, el cuadro mexicano reproduce situaciones que se encuentran en Colombia y, en menor medida, en otros países latinoamericanos. Esto incluye en forma creciente a zonas de la Argentina, especialmente el conurbano bonaerense.
En los años noventa la Argentina era considerada un territorio de paso de la droga que viajaba desde los países productores del Cono Sur, hacia los mercados de Europa y Estados Unidos. En ese momento, y en forma reiterada, se advirtió sobre el hecho de que los lugares de paso se convierten progresivamente en mercados de consumo y en lugares de asentamiento permanente del narcotráfico.
Las autoridades y legisladores del momento tomaron poca o ninguna cuenta de este peligro y postergaron medidas fundamentales para el combate al narcotráfico, tanto las policiales como las vinculadas con el lavado de dinero.
Como consecuencia de esto, en la actualidad el narcotráfico, el consumo de drogas y los delitos vinculados, son mucho más importantes que en el pasado, a lo que se agrega la más reciente incorporación de narcotraficantes extranjeros.
Para evitar que esta situación se agrave es necesario revertir la actitud de minimizar el alcance del problema y diagramar una política consistente que incluya la coordinación y cooperación de las fuerzas policiales y judiciales. Los reiterados episodios de competencia, y hasta de enfrentamientos de las policías, muestran baja coordinación y bajo profesionalismo y generan sospechas de corrupción.
También es indispensable avanzar en el combate del lavado de dinero, tarea en la que la Argentina está en mora, como lo testimonian evaluaciones externas como las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Finalmente hay que atender a las situaciones sociales que constituyen un campo propicio para la acción de los narcotraficantes, que con su poder económico se constituyen en fuentes de empleo y de asistencia social en zonas deprimidas, reduciendo la capacidad de intervención de las instituciones legales.
La creciente presencia del narcotráfico es un signo de alerta porque constituye una amenaza para la seguridad y para la capacidad de control territorial del Estado. Funcionarios mexicanos advirtieron a autoridades argentinas sobre este peligro. El problema comenzó en los noventa y ni los gobiernos ni los legisladores tomaron las medidas correspondientes, en materia de seguridad y de combate al lavado de dinero.