El movimiento fue dirigido por el hijo de un ex ministro del MAS.
Demolición. Un grupo de estibadores de La Ramada colocó cadenas y candados en la puerta de la cooperativa. Piden conversar con Linares.
Toma. Estibadores del mercado Abasto colocaron un candado y una cadena en la puerta de ingreso en la cooperativa
El Deber
Aideé Rojas C. / Carla Paz
Un grupo de adjudicatarios de la urbanización Cumbre de las Américas, ubicada en el kilómetro 13 a La Guardia, cerraron ayer las oficinas de la cooperativa Sudamérica para exigir la presencia del presidente de esa entidad, Miguel Ángel Linares, que es requerido por el Ministerio Público para que responda por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas populares y por la demolición de la urbanización Vallecito I, ubicada en los límites de los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes.
Si bien la cooperativa atendió al público hasta la 9:30, un grupo de 10 estibadores del mercado Abasto y adjudicatarios de la urbanización Cumbre de las América, a la cabeza de Hugo Ernesto Salvatierra, hijo del ex ministro de Agricultura Hugo Salvatierra, colocó una cadena y un candado a la puerta de ingreso a la Sudamérica y cerraron temporalmente la tramitación de créditos y retiro de dinero.
“No permitiremos la atención al público mientras no esté Linares, porque con él firmamos los contratos”, dijo Luciano Marconi, uno de los adjudicatarios en la urbanización Cumbre de las Américas, mientras que Salvatierra, asesor de los estibadores del Abasto, descartó que la protesta sea una movida política del MAS. El hijo del ex ministro entregó a uno de los estibadores la bolsa de nailon con la cadena y el candado para cerrar la cooperativa.
Por su lado, el nuevo gerente de la Sudamérica, Berthy Ghutrie, dijo desconocer el proceso legal que enfrenta Linares por la compra de terrenos a nombre de Miciel Rodríguez, de ocupación lavandera, y del vigilante de seguridad del surtidor Ametauná Ronald Choque, y la posterior venta con supuesto sobreprecio de esos predios para la construcción de la urbanización Vallecito I, que generó un litigio edil entre Santa Cruz de la Sierra y Warnes.
Al cierre de la cooperativa se sumó la denuncia de algunos trabajadores de Sudamérica, que aseguraron que no han recibido el pago del sueldo correspondiente al mes anterior. Ghutrie dijo que desconoce el tema. Sin embargo, el gerente de marketing, Carlos Rodríguez, admitió que la demora de 11 días en el pago de los salarios se debe al mal momento que pasa esa entidad.
Por su lado, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras indicó que no responderá a los socios o ahorristas en caso de cierre de la Sudamérica, porque se trata de una cooperativa de ahorro y crédito societarias (antes cerradas) y que ahora es cuando están trabajando en el proceso de incorporación al ámbito de la institución reguladora.
En este sentido, mediante un comunicado oficial, la ‘Súper’ señaló que se llevan adelante tres etapas: la primera es una auditoría externa, la segunda es la aplicación de medidas para adecuarse a las normas de la Superintendencia y la tercera es la otorgación de una licencia de funcionamiento. Las cooperativas cerradas no son reguladas por la ‘Súper’ de Bancos, por lo que la institución no interviene ni se pronuncia cuando enfrentan algún problemas.
En la jornada
– En horas de la tarde estaba previsto que el viceministro de Viviendas, José Lambertin, acudiera a la Fiscalía de Distrito para hacer seguimiento al caso, pero no llegó.
– El secretario de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Santa Cruz, Eduardo Elías, dijo que llamará la atención al director de Seguridad Ciudadana, Jorge Aldunate, por acompañar en la Fiscalía a Herman Camacho en el proceso por el derribo de más de 100 casas. Aldunate se inmiscuyó en ese pleito, mientras que la Prefectura se mantuvo al margen, pese a que está involucrada una hermana del prefecto.
– El dirigente de la COD afin al MAS, Lucio Vedia, dio plazo hasta el 30 de noviembre para que el alcalde Percy Fernández reconstruya las viviendas demolidas. Además, en esa concentración realizada en la ex terminal de buses, pidió la renuncia a Fernández.
– Una socia de la cooperativa, que optó por mantener su nombre en reserva, desconoce cuál será el destino de los Bs 1.686 que entregó a esa entidad en abril pasado para ser beneficiaria del plan de vivienda. Ella dijo quería una casa de $us 10.000, pero le pidieron Bs 1.650 como primera cuota.
– El Gobierno nacional espera generar 300.000 empleos, entre directos e indirectos, con la construcción de 26.000 nuevas casas en 2009, producto de la inversión pública de $us 1.851 millones.
– En la entrada de la fraternidad Camba, en la zona de La Comarca, en el km 9 al norte, un grupo de loteadores inició una vigilia para evitar ser desalojados del lugar.
Hoy se definirá la situación legal de H. Camacho
La audiencia cautelar contra Herman Camacho, el propietario del terreno colindante a la urbanización Vallecito I, fue suspendida porque la Sala Penal Primera emitió un auto de vista en el que ordena que el proceso sobre la demolición retorne al juez natural, que corresponde al magistrado Zenón Rodríguez. Dicho juez deberá definir en el transcurso de hoy la situación jurídica del imputado, que pasó una segunda noche en la Felcc.
Camacho llegó hasta el juzgado de Montaño a las 17:45, y a las 18:25 se conoció que dicho acto fue suspendido, por lo que el acusado de ser copartícipe de más de la demolición de más de 100 casas en la urbanización Vallecito I, fue trasladado nuevamente a las oficinas de la Felcc. En la audiencia participaron los fiscales de la Comisión Anticorrupción Alexander Osinaga, Jorge Antonio Abella y Álvaro La Torre, además de la parte querellante a través del Viceninisterio de Viviendas.
Tras la suspensión de la audiencia, el abogado defensor de Camacho, Otto Ritter, calificó como una movida política la decisión del asesor jurídico del viceministerio de Vivienda, Humberto Quispe, que, pese a conocer el resultado de la recusación que presentó contra Rodríguez, que debía liderar la audiencia de los arquitectos municipales, no hizo conocer esa decisión. El fiscal Álvaro La Torre dijo que a raíz de la suspensión de la audiencia se reprogramarán las declaraciones que se tenían previstas por ese caso, como la del alcalde de Warnes, Nyls Carmona, y de ejecutivos de esa comuna. No descartó que se coordine con los fiscales de La Paz para aprehender al presidente de la Sudamérica, Miguel Ángel Linares, y al vigilante del surtidor Ametauná que compró terrenos, Ronald Choque.