Gobierno politiza el caso del prefecto Leopoldo Fernández. El gobernador del penal de San Pedro, Manuel Guzmán, será procesado por desacato a una orden judicial
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, anunció ayer que dará protección al gobernador del penal de San Pedro, por no haber acatado una resolución judicial sobre el caso del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández
La Patria
El gobierno no acató ayer el fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales de Sucre, que determinó que el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, sea trasladado a la Capital de la República para ser sometido a un juicio de responsabilidades.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, advirtió que Fernández no abandonará la penitenciaría de San Pedro y dijo que el Poder Ejecutivo “defenderá“ a las autoridades policiales que incumplan con la sentencia judicial, en clara violación de la Constitución Política del Estado.
El plazo para cumplir con ese mandato constitucional feneció ayer a las 8:40 a.m. Ese término fue dispuesto por el Tribunal de Hábeas Corpus, para que el gobernador de la cárcel de San Pedro cumpla con el traslado de Fernández a Sucre para ser puesto a disposición del Fiscal General.
El 31 octubre la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito Judicial de Chuquisaca ratificó el fallo del 27 de octubre, que ordena el traslado del prefecto a la ciudad de Sucre para ser puesto a disposición del Fiscal General de la República. Según la Constitución Política,
artículo 19, inciso V, las resoluciones de amparo “serán ejecutadas inmediatamente y sin observación”.
Ante este incumplimiento, el gobernador Manuel Guzmán puede ser procesado por desacato a una orden judicial como “reo de atentados contra fallos constitucionales”.
Pero el MAS, lejos de flexibilizar su posición, recurrió ayer a su mayoría en la Comisión Multipartidaria que investiga las muertes de Pando para presionar aún más al Poder Judicial.
Pese a los reclamos de la oposición, el presidente de esa comisión, el diputado masista René Martínez, gestionó una resolución que convoca al Congreso al fiscal general de la República, Mario Uribe, el magistrado José Luís Baptista Morales y el gobernador del penal de San Pedro en La Paz, coronel Manuel Guzmán Bustillos, para que brinden información sobre el caso Fernández.
Con esa resolución, la comisión controlada por el MAS asume la función de “cabeza de Ministerio Público” y deja de lado la posibilidad de que Fernández sea sometido a un juicio de responsabilidades.
Martínez dijo que el primero en ser convocado será el Gobernador de San Pedro para que ratifique la permanencia de Fernández, en ese centro carcelario.
El segundo que prestará sus declaraciones ante la Comisión Multipartidaria será el Fiscal General de la República, para responder por supuestas contradicciones en el caso Fernández. Luego será convocado el ministro Baptista, acusado por el gobierno de ser “amigo” del prefecto Fernández.
Martínez también informó que el Fiscal General de la República y el Gobernador de la cárcel de San Pedro se presentarán a declarar el lunes; mientras que el magistrado Baptista lo hará el martes o en los siguientes días.
El diputado Martínez repitió el discurso del Gobierno y dijo que por el momento la situación jurídica de Fernández no cambia y rechazó el fallo de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca.
La diputada por Podemos, Lourdes Millares dijo que la decisión de Martínez demuestra la determinación del “Gobierno que viola la Constitución y judicializa la política para insistir en este proceso de persecución política contra todos los que se atreven a contradecir al presidente Morales”.