El Deber
Editorial
Dos personas acusadas de robo fueron linchadas ayer en Achacachi. La población ubicada a 100 kilómetros de La Paz, sede de los ‘ponchos rojos’ y una especie de capital de la llamada Nación Aymara, capturó a once personas, seis hombres y cinco mujeres, a quienes sindicó de haber cometido una serie de robos y atracos. Los presuntos delincuentes se trasladaban en un microbús y pronto, a fuerza de golpes, fueron llevados hasta el estadio de fútbol del lugar.
Allí se dio una especie de espectáculo macabro, en el cual se roció con gasolina y se prendió fuego a seres humanos, luego de golpearlos. Según ellos, estaban practicando la justicia comunitaria, aquella reconocida en la CPE en vigencia, que se aplica para la resolución de delitos dentro de la comunidad y que tiene como máximo principio reponer el mal provocado por una persona a otra o a toda la colectividad, no el castigo físico del agresor y mucho menos la muerte.
El deterioro de las instituciones de Bolivia, sobre todo las que forman parte del poder judicial, la falta de presencia del Estado en áreas rurales (en Achacachi, comunidad de más de 40.000 habitantes, sólo había dos policías) y la emergencia del movimiento indígena como ‘fuerza y reserva moral de la humanidad’, ha llevado a distorsionar un principio que en otras comunidades indígenas, como la chiquitana y guaraní, funciona muy bien. Por ejemplo, en poblaciones cercanas a Concepción se obliga a un ladrón a trabajar determinada cantidad de días para el propietario de las cosas que se robó. En comunidades del norte de Potosí se ha castigado a homicidas con trabajos para la familia afectada hasta que los hijos del muerto puedan valerse por sí mismos.
Sin embargo, en el último año, los linchamientos seguidos de muerte se han convertido en moneda corriente en nuestro país. Pasó en Epizana, donde capturaron, torturaron y asesinaron a tres presuntos policías volteadores de narcotraficantes. Lo mismo en un municipio paceño, donde una turba descontrolada que protestaba contra las autoridades municipales no encontró una forma mejor de vengarse que linchar a un locutor. Sucedió de nuevo en Cochabamba, donde tres jóvenes, el menor de 16 años, fueron brutalmente linchados, frente a sus padres, porque presuntamente se robaron un perol de cobre en el que se hacía chicha.
Bolivia es el país de América Latina donde más hechos de este tipo se dan y todo puede ser explicado a través de la falta de garantías para que los culpables de los asesinatos sean sancionados. Salvo en el caso de Epizana, no hay hechos en los que los supuestos responsables hayan sido detenidos.
Y el mayor riesgo es que estos hechos ya se han extendido por todo el país. Casi de manera rutinaria se suele informar de linchamientos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, otros que ocurren en diferentes poblaciones de Chapare, en San Julián y San Ignacio de Velasco. La garantía de impunidad y la falta de auxilio oportuno de la Policía hacen que la vida humana tenga cada vez menos valor. Como lo muestra el horror de las imágenes del linchamiento en Achacachi y que reflejan el retorno a la barbarie en pleno siglo XXI