Los Tiempos
Editorial
Sin que sea necesario esperar el veredicto de las urnas y mucho menos la elección de los nuevos legisladores, el MAS ha decidido instaurar, de facto, una especie de Poder Legislativo paralelo
Como parte del proceso en marcha hacia la sustitución de la institucionalidad republicana por la “plurinacional y comunitaria” propuesta por el Movimiento al Socialismo a través de su proyecto de Constitución Política del Estado, el gobierno ha instaurado una especie de Poder Legislativo paralelo alrededor del Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam), al que ha denominado “Comité de Coordinación para la implementación de la Constitución Política del Estado”.
Como se ha informado durante los últimos días, entre las tareas de ese embrión de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional está la elaboración de más de cien leyes. La elección del equipo de legisladores que tendrá a su cargo tan importante tarea es atribución exclusiva de la jerarquía del MAS.
Tal arbitrariedad, inconcebible en un país regido por las leyes y una Constitución, no resulta asombrosa en Bolivia, donde el descalabro de la institucionalidad es ya casi total. Y que todavía esté vigente un Poder Legislativo democráticamente elegido el 2005, tampoco es un óbice para que sus funciones sean flagrantemente usurpadas.
La teóricamente incompatible dualidad de poderes legislativos –el actualmente vigente y el que de facto ha organizado el MAS– ha sido fácilmente zanjada. Sencillamente, ha decidido que durante el próximo año 2009 el Congreso de la República deberá olvidarse de su misión legisladora, aunque con dos excepciones. Tendrá que redactar sólo dos leyes, las únicas que se requerirán durante la transición entre el actual y el nuevo régimen: la de Régimen Electoral y de Transición.
Pero hay algo que preocupa a quienes vienen cercenando las funciones del Poder Legislativo. Es que, según el ministro de Defensa Legal, “No podemos sostener un Congreso un año para que no haga absolutamente nada”. La solución a tal problema la ha dado la viceministra de Coordinación Gubernamental, según quien los parlamentarios “Van a tener que dedicarse a labores de fiscalización y a atender las demandas de sus regiones”
Como se ve, el gobierno del MAS no sólo da por hecha la aprobación en el referéndum de enero de su texto constitucional, sino que no pierde el tiempo y se adelanta en más de un año en la construcción del nuevo régimen.
Así, sin que sea necesario esperar el veredicto de las urnas, y mucho menos la elección de los nuevos legisladores, estamos ya siendo testigos de la instauración de un esquema político en el cual el rol asignado al “pueblo soberano” se reduce al de una figura decorativa útil sólo para dar un aspecto de legitimidad a lo que en realidad no es otra cosa que arbitrariedad.