En las regiones de la que se denominara ‘media luna’, la campaña gubernamental por el Sí para la Constitución Política del Estado de la Glorieta, apuesta todas sus cartas a lo que proclama ‘oferta de autonomía real’, calificando de autonomía meramente ‘discursiva’ a la que plantean los respectivos movimientos cívicos.
Se percibe ya un intenso bombardeo publicitario en tal dirección. El Canal 7, que dejó de ser estatal para convertirse en gubernamental al servicio del MAS, junto a las radioemisoras del área rural, tratará de convencer a la opinión pública de que la verdadera autonomía es la que diseñó el Gobierno en su propuesta de Constitución y no la que postulan las regiones. Sin duda que apuntarán a lo mismo con la difusión de un plan propagandístico en espacios pagados de los medios privados de comunicación social.
Pero cualquiera que lea de Ley Fundamental del Gobierno y repase las competencias ‘privativas’ y ‘exclusivas’ (sic) del ‘nivel central del Estado’ comprobará que las de los gobiernos departamentales autonómicos quedan reducidas al mínimo. El Ejecutivo, en el marco de una suerte de capitalismo de Estado con galas de etnoculturalismo, rige casi sobre todo. Es no sólo el timonel exclusivo de la economía, sino también de políticas referidas a territorio, titulación de la tierra, recursos energéticos, forestales, hídricos, etc. Además, asume el control de los servicios públicos de agua, comunicaciones y electricidad, toda vez que conforme a lo preceptivo por el inciso 1) del art. 306 (capítulo I del título sobre Organización Económica del Estado) le corresponde la “dirección del desarrollo económico nacional y sus procesos de planificación”.
¿Qué les queda a las autonomías departamentales? Sólo meras facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas que no pueden exceder los límites que les impone el referido centralismo en cada uno de estos espacios. La nueva CPE concede a las ‘gobernaciones’ y ‘asambleas departamentales’ sólo una mayor descentralización administrativa, pero de ninguna manera una autonomía de verdadero rango territorial, político y administrativo.
El centralismo aparece disfrazado de ‘autonomismo’, un atavío mendaz que busca confundir a los bolivianos, particularmente a los cruceños, a fin de que voten por el Sí en la consulta prevista para enero del año entrante.
Editorial. El Deber