El proceso por asociación delictuosa en los hechos de Pando será el martes 9. En el juicio abreviado, los ex confinados expondrán su posición sobre la violencia en Pando.
Proceso: los ex confinados, el 28 de noviembre, luego de que decidieran someterse a un juicio abreviado
La Prensa
Los 15 ex confinados de Pando procesados por el delito de asociación delictuosa acordaron someterse a un juicio abreviado, luego de una reunión con dos funcionarios del Ministerio de Gobierno el viernes 28 de noviembre, en la que acordaron que al declararse culpables recibirán la pena mínima de tres años.
Esas personas fueron arrestadas por el Gobierno y confinadas en el cuartel Bolívar de Viacha porque supuestamente desacataron el estado de sitio vigente en Pando entre el 12 de septiembre y 23 de noviembre.
Dos días antes de que terminara esa medida de excepción, la comisión especial de fiscales que investiga los hechos violentos en ese departamento decidió imputarlos, junto con otras cinco personas, entre ellas el ex prefecto Leopoldo Fernández, por los delitos de asociación delictuosa, terrorismo, asesinato, homicidio, lesiones graves y concurso real, entre otros.
El abogado de los procesados, Carlos Frías, explicó que el delito de asociación delictuosa, por el que se los acusa, sucede cuando más de cuatro personas se unen para cometer delitos, tal el caso de asesinato, homicidio, lesiones graves, concurso real y terrorismo.
La pena máxima para ese cargo es de ocho años y lo mínimo que pueden recibir son tres años.
Frías explicó ayer que si bien algunos de los acusados admitieron haber participado en los hechos luctuosos en ese departamento, otros no lo hicieron. Sin embargo, “como todo esto tiene un interés y matiz político, saben que iban a ser condenados sí o sí, entonces dijeron: Si voy a ser condenado, que me den la mínima condena y me someto al abreviado”.
El abogado reveló que previamente a esa decisión hubo un encuentro entre los 15 ex confinados y dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, de los que no precisó sus nombres ni los cargos que ocupan, en las celdas judiciales de la Corte de Distrito de La Paz, el 28 de noviembre.
El acuerdo fue comunicado a la Fiscalía para que dé curso al juicio abreviado. “Si les dan la pena mínima (tres años), se acogerán al perdón judicial (que se aplica) cuando la pena es igual o menor a tres años” y no corresponde su reclusión.
El juicio abreviado contra Jorge Lengua Áñez, Juan Marcelo Mejido Flores, Olman Pino Soria, Rosendo Domínguez Deremedis, Melitón Brito Ferreira, Homer Polanco Ventura, Felsin Fernández Medina, William Musuco Rodríguez, Ademar Herrera Guerra, Hugo Apaza Saonero, Néstor da Silva Rivero, Ronald Musuco Rodríguez, Abel Janco Cáceres, Danilo Huari Cartagena y William Terrazas López se llevará adelante el martes 9 de diciembre.
Frías precisó que durante el proceso abreviado los acusados relatarán su versión sobre lo ocurrido en Pando entre el 11 y 12 de septiembre; basado en ello, el juez dictará sentencia.
A la fecha, el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández es el único que se encuentra recluido en el penal de San Pedro por los hechos violentos en Pando.
La ex autoridad fue trasladada a la sede del Gobierno en calidad de confinada el 16 de septiembre. A su arribo a La Paz fue notificado con un juicio ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos en Porvenir el 11 de septiembre. Precisamente en el marco de este proceso fue recluido en el penal de San Pedro el 18 de septiembre.
Sin embargo, no es el único proceso que fue abierto en su contra. También se le acusa de la muerte del solado Ramiro Tiñini, quien pereció en la retoma del aeropuerto de Cobija el 12 de septiembre.
Por este último caso, el 28 de noviembre, fue puesto a disposición de un juez cautelar, quien dispuso su detención preventiva.
No se estableció aún fecha para su juzgamiento. Sus abogados consideran que la ex autoridad debe ser procesada en un juicio de responsabilidades y no en juicios ordinarios como los que se le iniciaron.
La defensa de tres detenidos recusa a juez
La defensa de Felipe Moza, Carlos Zeballos y Carlos Rodas, tres cívicos de Villamontes que fueron detenidos el miércoles, recusó a la juez Séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, por supuestos vínculos con los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Defensa, Walker San Miguel.
Con la recusación de esa Juez ya son cuatro los juzgados que toman conocimiento del caso.
Los tres cívicos de Villamontes fueron detenidos el miércoles por su supuesta participación en la voladura del gasoducto Yacuiba-Río Grande, ocurrida el 10 de septiembre. Esa región fue identificada por el Gobierno como la zona en la que cívicos y prefectos gestaron la toma de entidades públicas.
Se los acusa por los delitos de terrorismo, sedición y atentado a los bienes públicos del Estado.
Yañíquez fijó para las 16.30 de ayer la audiencia de medidas cautelares para definir si los tres cívicos serán recluidos o no en el penal de San Pedro. Sin embargo, su defensa la recusó.
“Me ha llegado una recusación y realmente estoy un tanto asombrada porque los fundamentos son como para pensar, ¿no? Voy a terminar como amiga íntima de todos. Yo creo que son, pues, motivos de ellos, sus fundamentos que ponen, pero lo que sí quiero que se considere es que ya es absurdo, no puedo ser yo amiga íntima de toda la gente que está en el Gobierno, es inaudito”.
El 22 de noviembre, esa Juez ya había sido recusada por el caso de los ex confinados por su supuesta amistad con el ministro Héctor Arce.
Sin embargo, no aceptó el alejamiento, pero al existir el requerimiento de la defensa para que fuera apartada, el caso pasó a conocimiento del juez octavo en lo Penal, Róger Valverde. Yañíquez explicó que la Corte de Distrito tendrá que resolver esta situación.
La defensa de los detenidos recusó a la fecha a a tres jueces de los cuatro juzgados adonde fue a radicar el caso. Primero apartaron del caso a la juez Cuarta de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez; luego al Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila; posteriormente el caso pasó al Juzgado Sexto, que se encuentra suspendido, y así llegó hasta Betty Yañíquez, quien fue la tercera recusada.
Diputados piden tregua
Doce diputados de Podemos, Unidad Nacional (UN) y del MNR enviaron el miércoles 3 una carta al presidente Evo Morales en la que plantean una tregua política al Poder Ejecutivo, Congreso, prefectos, cívicos y organizaciones sociales frente a la coyuntura que vive el país.
El diputado Willman Cardozo (Podemos) explicó que esa solicitud tiene como finalidad que la justicia, de manera independiente, actúe sobre los últimos hechos suscitados en los departamentos de Pando, Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.
Además, dijo, se pretende que los órganos de justicia, de manera independiente, decidan si liberan o no a todos los presos políticos que se encuentran recluidos en cárcel de San Pedro.
En esa misiva, los parlamentarios también exigen parar la persecución política o jurídica de ciudadanos, cívicos y autoridades que defendieron y defienden “justas reivindicaciones de sus departamentos o regiones, como es la autonomía, el IDH y las regalías petroleras”.
“Estamos en el mes de la Navidad, en el mes de la pacificación, el mes del reencuentro entre todos los bolivianos y no podemos terminar un año de esta manera bombardeándonos entre nosotros, metiéndonos presos entre nosotros y convirtiendo a La Paz en una ciudad de concentración de presos políticos. Por lo tanto, hoy tiene la palabra el Poder Ejecutivo”.
Los hechos
En total 37 personas fueron arrestadas porque supuestamente violaron el estado de sitio.
De todas ellas, la Fiscalía imputó a 21, entre las que se cuenta el ex prefecto Fernández.
Dos procesos están en curso, uno por la muerte del solado Tiñini y otro por peculado.