Felizmente, ahora que están activados los vínculos de solidaridad entre las instituciones y sectores afectados, hay señales de que los medios y los periodistas no quedarán solos en su defensa de la libertad de expresión.
Editorial de Los Tiempos.
El pasado domingo, en este espacio editorial, al comentar sobre la manera sistemática como el gobierno ataca a las instituciones que desde su punto de vista obstaculizan el avance de su proyecto hegemónico, decíamos que era fácil prever que su próximo paso sería dirigir su artillería contra otro de sus objetivos. “Ya se verá a quién le toca la siguiente andanada. ¿Serán los medios de comunicación o las universidades?”, nos preguntábamos.
Ya conocemos la respuesta. La Iglesia gozará de una tregua temporal y las universidades tendrán que esperar su turno. Por ahora, se ha decidido que sean los medios de comunicación el nuevo blanco de las acciones gubernamentales.
La orden de iniciar la batalla la dio el domingo, como también era de esperar, Juan Ramón Quintana. “Tenemos que hacer una investigación rigurosa sobre actos de racismo de los medios” manifestó ese día. Afirmó, además, que “la mayor parte de los medios de comunicación social en Bolivia anteponen sus intereses empresariales y políticos antes que favorecer a la veracidad de la información”, por lo que pidió la intervención de “instancias sociales y morales”.
Definido el nuevo objetivo, la ofensiva se inició. Y el primero en acatar la orden fue nada menos que el Presidente de la República quien, asumiendo un rol por lo general asignado a funcionarios de segundo nivel, se dio a la tarea de someter a un macabro rito de humillación pública a un redactor de “La Prensa” que no hizo más que cumplir su deber. Esa misma noche, familiares de periodistas de ese diario recibieron amenazadoras llamadas telefónicas anónimas.
El siguiente acto estuvo a cargo del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales quien, en un ataque de ira provocado por una pregunta que se le hizo, amedrentó a una periodista de la Red Erbol. El hecho confirma además, como dijimos ayer, que la censura y la represión ya comenzaron a tocar las puertas de quienes simpatizan con el gobierno pero no llegan a la lealtad perruna.
Como se ve, la estrategia gubernamental se ha hecho muy previsible, lo que no es casual. Por eso, se puede temer que tras los funcionarios jerárquicos saldrán a cumplir su papel los “movimientos sociales”, lo que pone en serio riesgo la integridad física de los periodistas. Y también es posible que los ataques contra las empresas periodísticas provengan de otras instancias estatales.
Felizmente, a diferencia de anteriores oportunidades, se están activado los vínculos de solidaridad entre las instituciones y sectores afectados. Así como diversas instancias de la sociedad salieron en apoyo de la Iglesia católica, hay señales de que los medios de comunicación y los periodistas no quedarán solos en su defensa de la libertad de expresión.