Parlamentarios chilenos dicen que la decisión boliviana de restringir la importación de autos usados repercutirá en la apertura del puerto. Chile pidió flexibilizar la norma y el Gobierno afirmó que el decreto no será modificado.
• EN COCHABAMBA • Importadores de vehículos del valle colocaron un ataúd en la plaza 14 de Septiembre, en protesta por la represión ejercida el lunes, en la que murió una persona.
La Razón
En Chile crecen las protestas por la restricción de la importación de vehículos antiguos en Bolivia, a tal punto que parlamentarios de ese país afirman que está en riesgo el beneficio del libre tránsito para el país por el puerto de Iquique; mientras, el Gobierno boliviano sostuvo que no se modificará la disposición.
“Hemos estado trabajando fuertemente el libre tránsito en el puerto de Iquique y esta medida que se ha adoptado —sobre todo porque no fue informada oportunamente a las autoridades chilenas— pone en riesgo la habilitación del puerto de Iquique políticamente”, dijo a La Razón el presidente de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados de Chile, Jaime Leal.
Leal afirmó que, si bien las razones que da Bolivia para haber asumido la restricción a vehículos con antigüedad mayor a cinco años, la medida se aplicó sin aviso a las autoridades chilenas y tendrá un impacto negativo en los empleos que genera esta actividad en el norte chileno.
“En este sentido, y sin desconocer la legitimidad y las razones que el Gobierno boliviano tiene para implementar esta medida, lo que estamos solicitando a las autoridades bolivianas es que se arbitren las medidas para lograr una flexibilización de la norma”. Sostuvo que Chile no pide que se elimine el decreto, sino que se flexibilice en cuanto a su entrada en vigencia.
“Si estamos habitando el puerto, pero además se cierra el comercio automotriz desde Iquique y Arica hacia Bolivia, eso trae una consecuencia negativa para ese esfuerzo que estamos haciendo en conjunto de libre tránsito en el puerto de Iquique”.
Mientras, según reflejó ayer la prensa chilena, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Orpis, recalcó que Chile no debería fomentar el comercio y la mercadería boliviana con la habilitación del puerto de Iquique, en el caso de que Bolivia mantenga las restricciones.
El martes, en Brasil, la presidenta chilena Michelle Bachelet pidió a su par boliviano Evo Morales la revisión de la norma, puesto que la medida afectará a Iquique en un negocio que mueve $us 300 millones anuales y genera 13.000 fuentes de empleo.
La Jefa de Estado de Chile indicó que Morales está “plenamente disponible para que veamos si es que hay alguna manera de revisar aspectos de la implementación de esta medida”.
Sin embargo, en declaraciones a la radio Erbol desde Brasil, el ministro de Hacienda, Luis Arce, aclaró ayer que “no existe un compromiso de revisión de la medida” y que el Gobierno la mantendrá. Confirmó que el martes en Brasil hubo una reunión con la presidenta Bachelet, que “planteó la preocupación sobre la medida”, pero que “en la misma reunión el Presidente confirmó que no va a mover el decreto, dadas las implicancias y objetivos de la política económica que busca el país con esa medida”.
Con todo, Arce abrió la posibilidad de realizar algunas modificaciones, pero no levantar la medida, al explicar que el decreto será reglamentado. “Vamos a hacer sin duda una evaluación de esta medida. Teníamos previsto… emitir una reglamentación del decreto a objeto que no haya este tipo de problemas, pero siempre enmarcados dentro del espíritu y la normativa legal vigente”.
Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, criticó la posición chilena y se preguntó por qué la población de ese país no se queda con esos vehículos.
DETALLES
Contacto • Jaime Leal dijo que habló con el diputado José Pimentel (MAS), quien se habría comprometido a hablar con las autoridades sobre el tema.
Impacto • 20.000 vehículos con las características restringidas en Bolivia están en la zona franca de Iquique y otros 5.000 están en camino, en barcos.
Cónsul fue llamado a consulta
La Dirección de Relaciones Económicas (Direcon) de Chile citó el martes al cónsul general de Bolivia en Chile, Freddy Bersatti, para que explique los alcances de la medida que restringe la importación de vehículos antiguos, según un artículo publicado ayer por el periódico chileno El Mercurio.
La nota añade que el canciller chileno Alejandro Foxley informó que el director de la Direcon, Carlos Furche, pidió al cónsul explicaciones sobre la medida, “que no fue consultada con nosotros y que de acuerdo a los convenios comerciales que tenemos con Bolivia corresponden consultarnos”.
El ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, explicó ayer que cuando la presidenta Michelle Bachelet manifestó su preocupación a Evo Morales, “quedó evidente que es una decisión soberana de un país el emitir ese tipo de decisiones”. Mientras, el diplomático Julio Alvarado aclaró que no existe ningún convenio con Chile que establezca consultas y que se trata de una política soberana del país, “por lo que no debe consultarse a nadie”.
Bloqueadores son liberados
El juez Quinto de Instrucción Cautelar en lo Penal, Luis Espinar, ordenó ayer la libertad de los 44 trabajadores de la zona franca de El Alto que fueron detenidos tras la intervención policial al bloqueo de caminos que realizaba el sector en Patacamaya el lunes, en protesta por la restricción a la importación de vehículos antiguos.
En la audiencia de medidas cautelares, Espinar determinó la libertad pura y simple de 12 personas y la libertad con restricciones para los otros 32 imputados, quienes deberán presentarse todos los lunes y viernes, entre las 9.00 y 12.00 ante la Fiscalía para firmar el libro de constancia. Deberán fijar un domicilio real y la presentación de un garante personal.
En cuanto a los cuatro ciudadanos peruanos implicados en el caso que obtuvieron su libertad, el juez expidió el mandamiento de arraigo para evitar que abandonen el territorio nacional, a fin de garantizar su presencia durante el proceso. En el desbloqueo murió una persona. ANF
Empresarios reclaman por la intervención de Zofraco
TEMOR • El empresariado del valle teme que lo ocurrido en esa urbe sea el inicio de la reversión de todas las zonas francas al control estatal.
• MOVILIZACIÓN EN ZOFRACO • La policía custodia el ingreso a la Zona Franca Cochabamba mientras los trabajadores de la empresa se movilizan en protesta por la intervención, ayer.
La administración de la Zona Franca Cochabamba (Zofraco) anunció ayer que iniciará acciones legales contra el Gobierno por la decisión de intervenir a esa empresa; mientras, la Federación de Entidades Empresariales de ese departamento (FEPC) denunció que el Ejecutivo tiene la intención de nacionalizar todas las zonas francas del país.
Ayer la Zofraco no abrió sus puertas, la intervención impidió que importadores y exportadores pudieran ingresar al recinto de Albarrancho y desarrollar sus actividades. Alfredo Olmedo, miembro del Directorio, manifestó que la intervención es una agresión a la propiedad privada.
“En su momento la parte legal de la empresa va a hacer valer sus derechos”. Olmedo —acusado por el Gobierno de haber financiado la movilización del lunes en contra de la restricción a la importación de vehículos antiguos— anunció acciones legales y aclaró que no hubo cierre de oficinas, como alegó el Ejecutivo para intervenir la Zofraco. “El bloqueo de los importadores de vehículos usados no permitió el normal desarrollo de labores”.
Los presidentes de las cámaras afiliadas a la FEPC protestaron por la intervención. Rudy Rivera, presidente del ente, sostuvo que la acción es irregular. “Normalmente, las intervenciones son de 30, 60 ó 90 días. Ésta nos parece realmente exagerada y podría ser que el Gobierno se esté preparando para que toda la actividad de las zonas francas sea revertida al Estado. Eso sería un durísimo golpe a la actividad privada”.
Laureano Rojas, presidente de los industriales, denunció que el decreto 29858 (que establece la intervención) confisca la zona franca. “El interventor tiene la facultad de administrar el dinero de los bancos, un patrimonio privado. Es un abuso desmedido y hay que dejar en claro que se apoderan de este patrimonio ejerciendo una persecución política en contra de Carlos Olmedo”. Redacción Cochabamba
Una protesta en Cochabamba
FALLECIDO • Los importadores rindieron homenaje a Nelson Aduviri.
Más de un centenar de importadores y personal que trabaja en la transformación de vehículos usados marchó ayer por el centro de Cochabamba con un ataúd en hombros, crespones negros en carteles y banderas.
El sector hizo un minuto de silencio en homenaje a Nelson Aduviri, que murió en los enfrentamientos de Patacamaya, y pidió al Gobierno que reconsidere el decreto 29836. “Queremos que consideren también el pedido de la presidenta de Chile que ya ha solicitado el ingreso de más de 20 mil autos que se encuentran en la zona franca”, declaró Alberto Galindo, vicepresidente de los usuarios de la Zona Franca Cochabamba (Zofraco).
Marcos Farfán, viceministro de Régimen Interior, anunció que no se derogará el decreto ni se negociará la internación de vehículos. “Bolivia se ha convertido en una especie de basurero de la chatarra y eso se tenía que cortar, eso tiene que ver con el problema de contaminación, saturación de vehículos en la ciudad y hay muchos problemas colaterales”.
Según los importadores y talleristas, la medida podría dejar sin empleo a más de 2.000 personas en Cochabamba sólo en los talleres de reconversión y más de 1.000 usuarios de Zofraco serán perjudicados. Redacción Cochabamba
Los autos viejos generan dos corrientes en Podemos
Oposición • El senador Hoz de Vila apoya el decreto, Vásquez pide abrogar la norma.
La oposición está dividida en su posición sobre el Decreto Supremo 29836 que restringe la importación de vehículos usados cuya antigüedad exceda los cinco años. Mientras el senador de Podemos, Luis Vásquez, pide anular la norma, el senador Tito Hoz de Vila, también de ese partido de oposición, asegura que está de acuerdo con la prohibición del Gobierno boliviano.
“Es un decreto antipopular que afecta a los sectores de bajos ingresos. Es una fuente alternativa de empleo para muchos bolivianos y los objetivos que persiguen son menos valiosos que los fines a los que afecta”, opinó el senador Vásquez sobre la norma que emitió el 3 de diciembre el Poder Ejecutivo.
Hoz de Vila, en cambio, dice que hay por lo menos tres razones para mantener el decreto: “la protección al medioambiente, que el país no sea depósito de chatarra y hacer frente a la crisis de carburantes”, afirmó.
“Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, yo no tengo el menor interés de resolverle el problema a Chile. Aquí tenemos que actuar en función a los intereses del país”, sostuvo el senador Hoz de Vila.
El Gobierno chileno lamentó que Bolivia no le haya comunicado sobre el decreto que afectaría con millonarias pérdidas a la empresa privada de ese país. Ayer el presidente Evo Morales comunicó a su homóloga chilena Michelle Bachelet que mantendrá la restricción a la importación de autos usados.
El diputado Bernardo Montenegro (Podemos), en cambio, reconoció que “existen aspectos positivos en la medida”, pero “en general el decreto es totalmente irresponsable porque el Gobierno no toma previsiones cosas importantísimas con las que el Gobierno se llena la boca como luchar contra la pobreza”.
Sobre la posibilidad de que la medida afecte las relaciones exteriores entre Chile y Bolivia, el senador Hoz de Vila aseguró que se trataría de un chantaje “pues no se puede amenazar las relaciones internacionales con un tema comercial”, afirmó.
El senador masista de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gastón Cornejo, aseguró también que esto no debería afectar las relaciones con Chile, porque es un tema de privados.
“De ninguna manera se afectarán las relaciones bilaterales con Chile, porque es un tema de privados. Eso no tiene que nada que ver con el tema de integración y confianza mutua”, afirmó.
La medida y la crÍtica
Efectos • Las autoridades de Iquique y Arica alertaron que la medida emitida por el Gobierno boliviano el 3 de diciembre tendrá un impacto negativo sobre el movimiento de 300 millones de dólares anuales y unos 13.000 empleos en los dos puertos chilenos
Posición • El diputado Fernando Messmer (Podemos) sostuvo el martes que en el Gobierno existe descoordinación. Explicó que la Cancillería estuvo reunida con el Gobierno de Chile días antes de emitir el decreto, sin tener “ni la más remota idea de lo que estaba gestando Hacienda”.