A todo ello se suma ahora la Contraloría General, cuya máxima autoridad ejecutiva acaba de ser suspendida y reemplazada por un diputado del oficialismo…
Editorial La Prensa.
Bolivia requiere urgentemente volver al camino de la institucionalidad pública, como un elemento que hace a la condición democrática de un país y no puede seguir por el camino del autoritarismo con la intención de que el Poder Ejecutivo quiera tomar el control total del Estado. Ya varias instituciones han perdido su credibilidad y otras están en camino de hacerlo, por el hecho de que sus máximas autoridades han entrado por la ventana y no por las puertas abiertas por el imperio de la ley.
Casi todas las superintendencias, que para su funcionamiento requerían de una máxima autoridad ejecutiva nombrada por el Presidente de la República de una terna emanada de una de las cámaras legislativas previa selección de sus antecedentes, ahora tienen como máxima autoridad a las nombradas a dedo por el Jefe de Estado. Algunas de esas autoridades no reúnen ni siquiera las condiciones mínimas exigidas para cumplir las funciones que están desarrollando. Son designadas por su militancia o afinidad con el Gobierno.
Existen otros casos en los que las renuncias de funcionarios que obtuvieron sus cargos cumpliendo con los requisitos legales o que cumplieron el periodo establecido para su función han dejado a las instituciones virtualmente paralizadas, como el Tribunal Constitucional, que tiene un solo miembro. Algo similar estuvo a punto de suceder con la ya desacreditada Corte Nacional Electoral, de no haber mediado la designación de un vocal a último momento. Sin embargo, ésta, como otras instituciones del Estado, funciona con una cuarta parte de su capacidad.
A todo ello se suma ahora la Contraloría General de la Nación, cuya máxima autoridad ejecutiva acaba de ser suspendida y reemplazada por un diputado del oficialismo y que, por lo tanto, estará al servicio del Gobierno, como lo están todos los jefes de entidades autárquicas o semiautárquicas que militan en las filas oficialistas.
Al expresar sorpresa e indignación por su suspensión, el Contralor deslizó la sugerencia de que se debería a que gente en el poder gubernamental no desea que se revelen detalles de una auditoría a empresas petroleras que pudieron haber cometido irregularidades por más de 1.000 millones de dólares y que los ministerios de Defensa y Gobierno estaban entre los primeros en ser auditados.
Sea cual fuere la causa verdadera de esta suspensión, la imagen que el Gobierno proyecta es la de querer tomar todo el poder para sí copando con su gente las instituciones del Estado o desacreditando a las que le es difícil controlar, como la Iglesia y la prensa.
Pero si en verdad le queda algo de su pregonada vocación democrática, el Gobierno tiene la decisión de respetar la independencia de poderes y no albergar el propósito de liquidar cuanto elemento considera que se le opone. Debería más bien instruir a su bancada parlamentaria hacer todos los esfuerzos para que la institucionalidad reflote digna y honestamente y no se hunda bajo el peso de su control, influencia y de su autoritarismo.